El Gobierno andaluz quita la prohibición a los jefes médicos de la sanidad pública de trabajar también en la privada

El Gobierno andaluz de PP y Cs ha eliminado la prohibición a los jefes médicos del sistema público de sanidad de trabajar en el sector privado. El anterior decreto de provisión de puestos, de marzo de 2007, establecía que tanto los directivos como los cargos intermedios debían trabajar en exclusiva en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Eso cambia con el nuevo decreto, aprobado en abril. Los directivos –gerentes y directores médicos, entre otros– siguen obligados a la exclusividad, salvo excepciones como las relativas a la docencia, la investigación, la producción artística o la administración de patrimonio familiar. Pero ya no quedan sujetos a la obligación de exclusividad los cargos intermedios. Sí se dedicarán sólo al SAS, señala el decreto, con "carácter general", pero al mismo tiempo se introduce una vía de salida: "El personal licenciado sanitario que ocupe puesto de cargo intermedio que requiera de dicha titulación para su ejercicio podrá renunciar a la dedicación exclusiva", señala la norma.

Con la nueva regulación cada servicio de salud establecerá las "disposiciones oportunas" para posibilitar la "renuncia" al complemento que apareja dicha exclusividad, que varía según cada responsabilidad. En el caso de un jefe de servicio, dicho complemento asciende a 1.050 euros al mes, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Familias. "A título individual cada persona puede decir si renuncia o no a la exclusiva. Previamente tiene que solicitar la compatibilidad según la normativa actual y vigente, y que le sea concedida", señala el departamento que dirige Jesús Aguirre (PP).

El total de cargos intermedios facultativos que podrían verse afectados "ronda los 2.200" en toda Andalucía, según Salud y Familias, que aclara que es un número "cambiante". No obstante, no todos pasarán a trabajar también a la privada. Está por ver cuántos lo solicitan. Entre los cargos intermedios están: en hospitales, jefes de servicio y jefes de sección; en distritos de atención primaria, directores de centros de salud y directores de unidades de gestión clínica [ver aquí el listado completo en el anexo II].

Los recelos motivados por la medida, como ha comprobado infoLibre durante la elaboración de este artículo, se dirigen sobre todo hacia los jefes de servicio y de sección, responsables de la organización de la asistencia de su especialidad y del cumplimiento de los objetivos asistenciales. La Consejería de Salud y Familias, a preguntas de este periódico, afirma: "Poner en duda la integridad profesional de las personas que desempeñan cargos de responsabilidad en el SAS no cabe y menos en estos momentos donde la labor de los responsables sanitarios está siendo ejemplar en la lucha contra la pandemia".

El departamento de Aguirre señala que "el objetivo de esta nueva normativa es facilitar que profesionales altamente cualificados, que prestan sus servicios tanto en la pública como en la privada, también tengan la posibilidad de acceder a puestos de cargos intermedios". Hasta ahora, en efecto, un trabajador de la privada no podía alcanzar estas responsabilidades. Las nuevas regulas son "una gran ventaja para la organización", añade la consejería, que recuerda que existe una normativa reguladora de la compatibilidad que ya es "garante", en referencia a la ley de 1984 y los decretos de 1985 y 2008 [ver aquí].

"Conflicto de intereses"

El portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, Rafael González, afirma que al abandonar la exigencia de exclusividad se puede producir un "conflicto de intereses", sobre todo desde responsabilidades tan sensibles como una jefatura de servicio. "Se puede producir, por ejemplo, una limitación del acceso de pacientes que favorezca la actividad privada. Es un puesto clave en las listas de espera, para la derivación de pacientes y la realización de pruebas. Hay múltiples posibilidades de utilizar recursos de la pública a favor de la privada", señala.

González se muestra "totalmente en contra" de la eliminación de la obligatoriedad de exclusividad. "Son cargos de suficiente entidad como para no simultanearlos con nada más. El mensaje debería ser: 'Siendo jefe de servicio, o director de centro de salud, usted no puede trabajar en un hospital privado que se dedica a competir con la sanidad pública'", añade. González recuerda que esta medida se suma a la extensión del complemento de exclusividad a todos los médicos, incluidos los que trabajan en la privada, y la sitúa en un contexto de promoción de los intereses del negocio en torno a la sanidad. El dirigente sindical pide un fortalecimiento del sistema público y de las condiciones de trabajo de sus profesionales.

Una jefatura "delicada"

"¿Qué creo que va a ocurrir con el nuevo decreto? Pues se va a dar el caso, por ejemplo, de un cargo intermedio, que dirige personas y que adopta decisiones que afectan al gasto y las derivaciones, que ahora va a tomar decisiones que pueden beneficiar a una clínica privada en la que él mismo puede trabajar", sintetiza el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Andalucía, Antonio Macías, para quien el cargo "más delicado" desde el punto de vista del posible conflicto de interés es el de jefe de servicio, con un nivel de decisión sobre "grupos humanos" y "recursos materiales" suficiente para justificar una exclusividad.

Macías se muestra cauto sobre los criterios que se vayan a aplicar con respecto a la concesión de compatibilidad en los casos de más clamoroso conflicto de intereses. "Veremos. Desde luego, lo más fácil hubiera sido dejarlo todo claramente recogido en el decreto. Es decir, dejar claro que la compatibilidad se permitirá sólo excepcionalmente. Pero no lo han hecho así", señala. A su juicio, más allá de que el profesional se pueda comportar éticamente, con este nuevo esquema de funcionamiento produce una situación de riesgo.

"Tránsito" hacia la privada

La eliminación de la exclusividad de los cargos intermedios es "un peligro", que se inserta en "un continuo empuje" por parte de Salud y Familias a favor de los intereses privados en Andalucía, señala Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, uno de los expertos autores de una carta en The Lancet que trató de impulsar la realización de una auditoría independiente de la gestión de la pandemia.

"La medida [recogida en el decreto] favorece el tránsito de pacientes hacia la privada, cualquiera que sepa cómo funcionan estas dinámicas lo sabe. Ya se está produciendo, de hecho" señala. March recalca que un jefe de servicio "reparte los pacientes entre los diferentes profesionales, marcando los criterios para tomar algunas decisiones". "Son tareas que exigen un compromiso y dedicación exclusivas al sistema público, porque el conflicto de intereses es muy probable", señala.

Un "caballo de Troya"

"Es un proceso de privatización que va a más. El hito anterior fue la ampliación del complemento de exclusividad que se daba sólo a los médicos que trabajaban únicamente en la pública, y que ahora se da a todos. Ahora sigue con este paso y si continuamos así terminará permitiendo trabajar en la pública y la privada a los gerentes de los hospitales. Es que no hay límite", afirma Antonio Vergara, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública en Andalucía. La extensión del antiguo complemento de exclusividad a todos los médicos añade, como publicó infoLibre en noviembre, más de 800 euros al sueldo de más de 2.429 médicos de la sanidad pública que también trabajan en la privada. El resultado es que se suprime un incentivo extra que la Junta preveía para los médicos que se dedicaban sólo al sistema público. Además de oponerse a esta medida, Antonio Vergara, médico de profesión, considera que este decreto ahonda en la misma línea y supone "un salto cualitativo de impresionante importancia". ¿Por qué? Porque abre la puerta a que un jefe, con todas las capacidades organizativas que tiene, pueda trabajar también en un hospital privado, explica.

"Las posibilidades de conflicto de interés son múltiples. Tú, como jefe, tienes la responsabilidad de que tu lista de espera baje. En un hospital privado, al mismo tiempo, te van a recompensar por llevar allí a los pacientes. ¿Qué es lo que se va a incentivar? Pues lógicamente no va a ser multiplicar los recursos de la atención pública, sino enviar pacientes a la privada", explica Vergara, que señala que los hospitales privados van a encontrar tentador fichar a cargos intermedios de la sanidad pública para favorecer su negocio. "Esta medida es un caballo de Troya de la sanidad privada en el sistema público", afirma.

Incentivos para el fichaje

Un cargo intermedio de un hospital de la provincia de Cádiz, que prefiere no desvelar su nombre, afirma que la medida, si no tiene una aplicación restrictiva, crea "un escenario perfecto para aprovecharse de lo público y sus recursos". "Son posiciones desde las que se influye mucho en los profesionales y en los pacientes, pero también en los gerentes. Como jefe de servicio tú puedes insistir en que, para reducir la lista de espera, lo mejor es derivar pacientes", señala. Este cargo intermedio señala que las empresas privadas, caso de Quirón o Pascual, tienen un fuerte incentivo para fichar cargos intermedios, no sólo para lograr con ello publicidad, sino también para mejorar su acceso a la sanidad pública.

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"Si tú eres jefe en un hospital público saturado, y además trabajas en un privado concertado, lo que vas a querer es llevarte pacientes al concertado", añade. Además, no cree que el filtro de la concesión de compatibilidad sirva de mucho, dado que una vez que un médico trabaja en una empresa privada, para el sistema público es imposible saber qué hace realmente allí. Podría parecer que tiene una menor responsabilidad de la que realmente tiene, explica.

El fin de una "discriminación"

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz, cree que tanto la privación del complemento de exclusividad para los facultativos rasos –"no tiene sentido que dos médicos haciendo lo mismo cobren diferente"– como la prohibición de trabajar en la sanidad privada a cargos intermedios eran "discriminatorias" y se muestra convencido de que ambas medidas introducidas por la Junta son justas y mejorarán el funcionamiento del sistema. A pesar de que Carrasco es comprensivo con los argumentos que tenía antes la Junta con respecto a los cargos intermedios, cree que el cambio es para mejor. "Puedo entender que hay cargos que necesitan una dedicación absoluta. Pero no todos. Y no en todos los casos. Dependerá de cada caso. Lo que no podíamos entender es que esto se elevara a categoría de norma irrevocable y sin excepciones. Nosotros aceptamos esta nueva redacción", señala.