El Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento para el próximo año del 1,8 al 1,6% del PIB pero aún así confía en que, en combinación on las nuevas figuras impositivas que se propone poner en marcha, sea suficiente para elevar el techo de gasto presupuestario para 2020 al 3,8% , hasta los 127.609 millones. Aun así, esta cifra representa una suma menor que la que intentó sacar adelante en 2018 y que PP y Cs impidieron aprobar en el Senado, algo que justifica en la desaceleración económica.
La aprobación de este porcentaje, así como de la senda de estabilidad por la que se propone transitar hasta 2023, confirman que el Ejectivo sigue dando los pasos necesarios para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales de 2020. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, máxima responsable de su elaboración, rehuyó una vez más este martes poner fecha a la presentación de las cuentas a la espera de que el Gobierno negocie y cierre los apoyos que necesita para que la ley presupuestaria salga adelante en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno no quiere correr ningún riesgo, consciente de los endeble de la mayoría con que cuenta en el Congreso y quiere asegurarse de que el proyecto sale adelante e iniciar su tramitación aunque posteriormente tenga que negociar modificaciones vía enmiendas parciales. Eso sí, mantiene la fecha anunciada por el presidente Pedro Sánchez y reafirma que su previsión es contar con las cuentas aprobadas y en vigor para el “próximo verano”.
La ministra expresó, no obstante, su confianza en que España pueda tener este año los Presupuestos “que merece” y que, desùés de dos prórrogas, ya son “urgentes”. “Podrán gustar más o menos pero hay que permitir que se tramiten”, insistió.
Ni Montero ni Calviño dieron este martes detalles en torno los nuevos impuestos, sobre los que aseguran que el Gobierno sigue trabajando y que afectarán, entre otras cosas, a las transacciones financieras y a las tecnológicas que comercian con datos de sus usuarios, pero sí subrayaron que ningún caso tendrán consecuencias sobre “las clases medias y trabajadoras”.
La senda de estabilidad fijada por el Gobierno hace recaer el grueso del ajuste de déficit sobre la administración central para descargar de esta responsabilidad tanto a las Comunidades Autónomas como a la seguridad social, aseguró Montero.
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La nueva senda 2020-2023, con la que el Gobierno quiere poner fin a la fijada por el PP en 2017 y que todavía está en vigor, recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023, al tiempo que prevé que la deuda pública rondará el 90% del PIB al final de legislatura.
Montero consideró esta previsión “bastante razonable” para garantizar el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria y e “imprimir” al miso tiempo a los Presupuestos las “señas de identidad” del actual Gobierno de coalición: reducción de desigualdades, transición ecológica, lucha contra la pobreza, reto digital y “revitalización” del Estado de Bienestar.
Sobre la nueva senda ha resaltado que proporciona un marco “mucho más realista y prudente que la vigente” heredada de Rajoy.
El Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento para el próximo año del 1,8 al 1,6% del PIB pero aún así confía en que, en combinación on las nuevas figuras impositivas que se propone poner en marcha, sea suficiente para elevar el techo de gasto presupuestario para 2020 al 3,8% , hasta los 127.609 millones. Aun así, esta cifra representa una suma menor que la que intentó sacar adelante en 2018 y que PP y Cs impidieron aprobar en el Senado, algo que justifica en la desaceleración económica.