El Gobierno activa ya su plan b. En los próximos días se registrará en el Congreso una nueva proposición de ley que recogerá las enmiendas tumbadas por el Tribunal Constitucional (TC) y se le imprimirá la vía de urgencia para que quede lista en unas semanas, pudiendo ver la luz verde en enero en las Cortes Generales.
Después de estudiar varios escenarios, se mueve ficha a través de una proposición de ley, que deben presentar los grupos en la Cámara Baja. Según fuentes parlamentarias, el texto contendrá las enmiendas rechazadas por el Alto Tribunal por las que se cambia la mayoría dentro del Consejo General del Poder Judicial (pasando de tres quintos a una simple) para elegir a sus dos magistrados en el Tribunal Constitucional.
De esta manera se quiere desbloquear de forma urgente el Alto Tribunal y esquivar el polémico fallo del TC que ha paralizado en el Senado la votación de su propia reforma. Una decisión del Constitucional duramente criticada por el Gobierno y por los presidentes de las dos Cámaras, Meritxell Batet y Ander Gil. Una situación inédita en la democracia española, ya que nunca se había paralizado un trámite en las Cortes en los últimos 44 años.
Por qué a través de una proposición de ley
Lo que hace el Gobierno es volver a presentar el nuevo sistema en una proposición de ley y no en un proyecto de ley. La primera opción corresponde a los grupos parlamentarios en las Cortes y la segunda, en cambio, pasaría por un acuerdo del propio Consejo de Ministros, que llevaría una serie de informes previos y que se dilataría más en el tiempo. Otro de los argumentos del Ejecutivo es que también lo hace por esa vía al depender la renovación del CGPJ del Parlamento y no del Gobierno, lo que permite ser más escrupuloso con la división de poderes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acató durante una comparecencia en La Moncloa este martes por la mañana la resolución del TC y pidió serenidad y firmeza ante esta situación. Además, prometió, pero sin concretar, “cuantas medidas sean necesarias para poner fin al bloqueo del Constitucional y del Poder Judicial”.
Y tras un intenso estudio del fallo por parte de La Moncloa, se impulsa la proposición por vía de urgencia, que no por vía de lectura única, según fuentes parlamentarias. Pero la opción elegida permite acortar a la mitad los tiempos habituales. Entonces surge la pregunta: ¿cuándo estará aprobada?
Los plazos que se manejan
El Ejecutivo se encuentra ahora con que el mes de enero es inhábil en las Cortes Generales. Pero esto se puede solventar fácilmente, según fuentes parlamentarias. El Congreso puede tramitar ese mes esta reforma si se pide por una causa concreta y si se solicita por una de estas tres vías: el Gobierno, la mayoría absoluta de los diputados y la Diputación Permanente. Y en el Senado tampoco habría problemas para ello, según fuentes de la Cámara Alta, que recuerdan que la previsión, si no hubiera actuado el TC, era aprobarla en menos de una semana.
Por lo tanto, el Gobierno tiene la puerta abierta a hacerlo de forma urgente y tener lista su reforma incluso antes de que acabe enero en el Parlamento. En estos momentos se trabaja también para que se unan a esta proposición otros grupos parlamentarios que no sean de la coalición. El dictamen que salió del Congreso la semana pasada llegó a contar con hasta 184 diputados de los 350. La vía abierta por el Gobierno era la favorita para Más País o los comunes, por ejemplo.
Lo que no hará el Gobierno, como había pedido Unidas Podemos, era cambiar las mayorías para renovar en el Parlamento a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Los ‘morados’ apostaban por hacerlo de manera paralela y recuperar la propuesta que al final Sánchez retiró ante las presiones que llegaron desde la Comisión Europea. El ala socialista no abrirá este melón, según fuentes parlamentarias.
Ahora el grupo parlamentario socialista habla con el resto de formaciones para esa proposición y la idea, según comentan también fuentes del Gobierno, es que esta vez “no haya ni un pero” durante la tramitación y salga adelante sin ningún tipo de problema.
El resto de la reforma sigue adelante
Lo que sí hizo este martes el Senado fue seguir adelante con la tramitación del resto de la gran reforma legal del Gobierno, que incluye, entre otros aspectos, los cambios en la malversación y la sedición, la creación de un nuevo tipo delictivo para enriquecimiento ilícito de cargos públicos y la clarificación de la ley del sólo sí es sí. La ponencia y la Comisión de Justicia dieron su visto bueno este martes a esas partes del texto y tendrán la mayoría final en el Pleno de este jueves en la Cámara Alta.
La mayoría de la izquierda sigue en shock por lo que decidió el Tribunal Constitucional, pero entiende que hay que moverse ya y acatar lo que ha pasado. En un primer momento, algunos sectores de Unidas Podemos dejaron abierta la posibilidad de desobedecer, algo que finalmente no ha sucedido. Tanto el Congreso como el Senado, a través de acuerdos de sus Mesas, han decidido personarse ante el procedimiento abierto por el Alto Tribunal.
Para el Gobierno el principio de esta gravísima crisis institucional está en que el PP lleva incumpliendo cuatro años la Constitución al no pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El jefe del Ejecutivo lo explicó así durante su comparecencia: “Esta situación tiene su origen en la decisión que el principal partido de la oposición adoptó cuando perdió las elecciones y decidió incumplir con el mandato constitucional. Con ello asistimos desde entonces a una situación inédita en la historia de nuestra democracia, con el bloqueo de la renovación del gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, y también del Tribunal Constitucional. Un bloqueo cuyo único propósito es mantener una composición anterior y más favorable para su orientación".
La distancia entre Sánchez y Feijóo es abismal en estos momentos. El líder del PP ha optado por la vía más dura en sus declaraciones y con acciones como el recurso de amparo con medidas cautelarísimas que ha frenado la primera votación de las Cortes en la historia por este motivo. El presidente de los populares intentó justificar su actuación este mismo martes pidiendo un pacto a La Moncloa si retira sus reformas y que rebaje la “escalada verbal”. Además, acusó al socialista de deshonrar la democracia española.
Los puentes están totalmente rotos entre los dos. Un enfrentamiento que se verá acrecentado este mismo miércoles por la tarde en el cara a cara que mantendrán los dos en la última sesión de control en el Senado de este año. Un final de 2022 que alumbra la durísima batalla electoral del año que viene con dos paradas: las municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generales a finales de 2023.
El Gobierno activa ya su plan b. En los próximos días se registrará en el Congreso una nueva proposición de ley que recogerá las enmiendas tumbadas por el Tribunal Constitucional (TC) y se le imprimirá la vía de urgencia para que quede lista en unas semanas, pudiendo ver la luz verde en enero en las Cortes Generales.