Ni la huelga convocada ni la falta de apoyos parlamentarios ha frenando la hoja de ruta del Gobierno, que aguanta el órdago de los estibadores. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que reforma el sector de la estiba portuaria, el colectivo de trabajadores que se dedican a cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos.
El objetivo de la reforma, según el Gobierno, es adaptar su legislación a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene. En último término, según el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se busca evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una multa a España. La liberalización del sector, en los términos previstos por el decreto, provocará la entrada de nuevas empresas, supondrá una bajada de los salarios de los estibadores e implicará un desembolso de entre 300 y 350 millones de dinero público para sufragar indemnizaciones por despidos de estibadores. El decreto, que no introduce ni una sola modificación con respecto al texto que los sindicatos rechazan de plano, afecta a unos 6.500 estibadores.
El Ejecutivo aprueba finalmente esta reforma sin que por el momento exista un acuerdo entre patronal y sindicatos y mientras los estibadores tienen convocado un calendario de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo. Estas movilizaciones pueden tener un fuerte impacto en la actividad portuaria española y, por lo tanto, en la economía.
Un mes para buscar apoyos
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el texto de la reforma pasa ahora al Congreso, donde el Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de un mes para buscar apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios para que sea validado.
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La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones, según la patronal.
El Real Decreto Ley de reforma de la estiba que hoy ha aprobado el Gobierno establece un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep, que hasta ahora controlan la organización del trabajo.
Estas firmas monopolizan actualmente el sector, pues de ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en las instalaciones portuarias.
Ni la huelga convocada ni la falta de apoyos parlamentarios ha frenando la hoja de ruta del Gobierno, que aguanta el órdago de los estibadores. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que reforma el sector de la estiba portuaria, el colectivo de trabajadores que se dedican a cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos.