El Gobierno ha aprobado este martes el decreto de modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa y, por tanto, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso. Según han confirmado a EFE fuentes de la negociación, una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa el Consejo de Ministros aprobará la reforma del artículo 35 de la ley.
Según ha informado JxCat en un comunicado este martes, el acuerdo con el Gobierno "limita la llegada de menores no acompañados destinados a Cataluña", que recibirá entre 20 y 30 de los 4.000 que se encuentran actualmente en Canarias, mientras que Madrid acogerá a más de 700. El acuerdo prevé que el reparto de menores entre comunidades se lleve a cabo "teniendo en cuenta el peso poblacional, pero también el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los últimos años".
Según ha explicado en rueda de prensa el ministro Ángel Víctor Torres, responsable de la comisión interministerial sobre inmigración del Gobierno, el Ejecutivo destinará 100 millones de euros para financiar este año la atención de los menores migrantes por las comunidades autónomas, que se verán obligadas por ley a acogerlos para aliviar la situación "extraordinaria" que viven Canarias y Ceuta.
El ministro ha presentado las líneas básicas del real decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Consejo de Ministros que supone la reforma de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas no puedan rechazar la acogida de esos menores, 4.400 en el primer año. Los criterios, si no se pactan otros en una conferencia sectorial, se establecerán en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo previo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
Según el Gobierno, la suficiencia financiera está garantizada por un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para el que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros.
Tras el pacto con Junts, que permitirá que el real decreto-ley salga adelante en el Congreso, Torres ha tendido la mano a los partidos que votaron en contra este verano de la proposición de ley para el reparto de menores. Y se ha dirigido, en este sentido al PP e, incluso, a Vox para que "reflexionen" y cambien el sentido de su voto, porque "¿qué razones humanitaria hay para negarse a acoger a esos menores?", se ha preguntado Torres.
"No sé si el PP se verá obligado por Vox" a adoptar una posición en contra porque quiere sacar adelante los presupuestos de algunas comunidades gobernadas por los populares, ha recalcado Torres antes de señalar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, deberá decidir "cuál es el Feijóo de ahora, el atado a Vox o el que decía que iba a acoger a menores a pesar de las amenazas de Vox".
Un certificado antes del 31 de marzo
El real decreto habilita a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para acordar por unanimidad los requisitos para la declaración de situación de emergencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios de aplicación del plan. Si no hay acuerdo unánime de las autonomías para establecer otro criterio, se declarará situación de emergencia en una comunidad cuando exceda tres veces su ocupación ordinaria, como en estos momentos sucede en Canarias y en Ceuta.
Cuando eso ocurra, la comunidad correspondiente informará al Gobierno central de esa situación para que se articulen los mecanismos pertinentes, ha dicho Torres. El real decreto recoge cómo se va a determinar la capacidad ordinaria de los servicios de acogida de cada territorio, siempre que no haya acuerdo unánime en la conferencia sectorial para establecer otros.
Se obtendrá, según ha explicado el ministro, al dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior por el número máximo de menores acogidos. Después, se dividirá la población total de cada comunidad por el coeficiente que haya resultado de la división anterior. Para saber el número total de menores acogidos, las comunidades deberán enviar antes del 31 de marzo de este mismo año un informe certificado con fe pública de los funcionarios con el número de los que atiende cada una.
Torres ha confiado en que esos datos sean fiables, toda vez que es un certificado de los funcionarios. Si no lo hacen, se acudirá a los registros de los ministerios, ha puntualizado Torres después de asegurar que debería ser "una exigencia" que todos los españoles conocieran esas cifras reales. Cada año se aprobará la capacidad máxima de cada comunidad y para ello, antes del 15 de enero de cada año las consejerías deberán remitir a la presidencia de la conferencia sectorial la cifra máxima de menores no acompañados atendidos por sus sistema de protección.
Una reivindicación histórica de Canarias
Según han explicado las fuentes, el decreto supondrá una solución "real y permanente" a la situación de territorios frontera como Canarias, que tutela en la actualidad a 5.800 jóvenes, aunque la forma en que se llevarán a cabo estas derivaciones "se irá ajustando cada cierto tiempo a la situación real".
Se trata de una medida "estructural, definitiva, reglada y obligatoria de acogida de niños en todas las comunidades", precisan las fuentes, que se irá adaptando en función de la presión migratoria del momento y la capacidad de acogida de las comunidades.
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Esta es una medida que han reivindicado de forma histórica las Islas Canarias ante la saturación de sus recursos asistenciales en momentos de grandes flujos migratorios hacia el archipiélago, ya que, según el marco legislativo actual, los menores permanecen bajo la tutela de la comunidad a la que han llegado.
En los últimos años se han realizado algunos repartos puntuales desde zonas como Canarias y Ceuta acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, pero estos solo han alcanzado a pocos centenares de jóvenes y, además, no se han llegado a materializar completamente.
PSOE, Sumar y Coalición Canaria llevaron la iniciativa para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería al Congreso en julio del año pasado, pero fracasó en su primer paso de tramitación —su toma en consideración— por la falta de apoyo del PP, Vox y Junts.
El Gobierno ha aprobado este martes el decreto de modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa y, por tanto, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso. Según han confirmado a EFE fuentes de la negociación, una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa el Consejo de Ministros aprobará la reforma del artículo 35 de la ley.