El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al II Plan contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, que contará con un presupuesto de 104 millones de euros ampliable con fondos de la oficina de incautación de los efectos del delito cuya creación ultima el Ejecutivo.
Así lo ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que ha comparecido junto al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, para dar los detalles de este plan que reemplazará al que venció en 2012 y que se ha venido prorrogando desde entonces.
Según ha explicado, contará con 143 medidas agrupadas en cinco ejes prioritarios que hacen especial incidencia en la sensibilización, detección, formación y persecución de este delito que conforme los datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, tiene 45.000 víctimas en España y mueve al día 5 millones de euros.
Alonso ha detallado además de la previsión de más de 100 millones de euros para financiar el plan hasta 2018, se introduce como novedad la posibilidad de que "los bienes que se incauten a los criminales que se lucran de la trata se destinen a la lucha contra este delito, a la protección de las víctimas y al apoyo de las organizaciones que vienen ayudando". Sólo entre 2013 y 2014 lo incautado a estas redes ascendió a 23 millones de euros, conforme ha señalado.
El ministro ha explicado que la transferencia se realizará a través de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos incautados de actividades delictivas, cuya regulación se encuentra pendiente de aprobación definitiva en el Senado. El objetivo, conforme ha dicho, es que el dinero de las mafias repercuta en el bienestar de las víctimas y en la lucha contra el delito, igual que lo incautado del narcotráfico se utiliza en la erradicación del tráfico de drogas y en la prevención y tratamiento de adicciones.
En cuanto al plan en sí, Alonso no ha detallado las medidas que contiene y ha avanzado que organizará una presentación pública el próximo miércoles. Sí ha esbozado las líneas generales de actuación y ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones y administraciones, especialmente con el Ministerio del Interior, porque él es el competente en "la mitad" de las iniciativas que conlleva el plan.
Sobre el primero de los objetivos, la detección y prevención de situaciones de riesgo de trata, Alonso ha mencionado que se contemplan medidas como "protocolos donde los médicos de atención primaria puedan detectar qué mujeres están en riesgo y se puedan identificar", junto a iniciativas para "actuar y concienciar a la sociedad española de que estas situaciones se producen". En octubre se lanzarán las primeras campañas.
En este sentido, ha dicho que se trabajará sobre la demanda y en particular, la de los más jóvenes tanto colaborando con las instituciones públicas como con los medios de comunicación en lo que respecta a la publicidad. "Apostamos por fórmulas de autorregulación, códigos que se puedan establecer y una reflexión conjunta para ir reduciendo la demanda y reduciendo esa situación de normalización que esconde una tragedia detrás y una vulneración de los derechos humanos", ha destacado.
En materia de protección y asistencia de las víctimas, ha señalado que el plan contempla "mejorar procedimientos y protocolos" como el de documentación de víctimas, "y hace hincapié en los grupos más vulnerables, como mujeres con discapacidad, menores o con hijos menores de edad", revisando "las pautas para las víctimas extranjeras en situación irregular y el esfuerzo después para tratar de recuperarlas y favorecer su integración".
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Perfil trata en España
El ministro ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detectaron el año pasado a 14.000 víctimas potenciales de trata, la mayor parte de las cuales eran rumanas, españolas, dominicanas, brasileñas, colombianas y paraguayas. En general, la mayor parte de las víctimas proceden de Nigeria, Rumanía y Bulgaria "y son captadas a través del engaño y trasladadas a España para ser explotadas sexualmente".
De las ONG especializadas también ha recopilado algunos datos del perfil de estas mujeres, el 80% de las cuales tienen 35 años o menos. El 40% son menores de 25 y un 1% menores de edad. "Esa es la realidad de la trata en España", ha añadido Alonso, para incicidir en que es una realidad que está "tras las luces de neón" y no se puede "mirar para otro lado".
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al II Plan contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, que contará con un presupuesto de 104 millones de euros ampliable con fondos de la oficina de incautación de los efectos del delito cuya creación ultima el Ejecutivo.