Hasta el último minuto. El Gobierno de Pedro Sánchez, el que proporcionalmente más iniciativas ha sacado adelante a través del procedimiento excepcional de los decretos ley de la historia democrática española, no detendrá el ritmo de aquí a las elecciones del 28 de abril y se propone aprovechar al máximo los nueve Consejos de Ministros que le quedan por celebrar a lo largo de los próximos dos meses. A pesar de que la precampaña ya se ha apoderado de la vida política española y de que, a partir del día 5 de marzo, tendrá que ser la Diputación Permanente del Congreso la que debata y convalide los decretos ley del Gobierno, porque las Cortes quedarán disueltas a partir de ese día.
Algunas de esas medidas que Pedro Sánchez y sus ministros se proponen tramitar a tiempo de que entren en vigor antes de las elecciones forman parte de la agenda social que el Ejecutivo quiso impulsar a través del proyecto de Presupuestos derrotado en el Congreso por PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes. Las dos más inmediatas y con mayor trascendencia presupuestaria son la recuperación del subsidio para los parados mayores de 52 años —Rajoy lo había limitado a los mayores de 55— y la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social para los cuidadores no profesionales de personas dependientes.
En estos momentos los Presupuestos en vigor son los de 2018 y la convocatoria de elecciones demorará la aprobación de unas cuentas alternativas —en caso de que las elecciones hagan posible una mayoría en el Congreso dispuesta a aprobarlas— por lo menos hasta después del verano. Aunque Sánchez consiga volver a gobernar y tenga la oportunidad de aplicar las reformas fiscales previstas, sólo se aplicarían al final del año y su efecto recaudatorio sería muy limitado. De ahí que, con toda probabilidad, este año España vaya a incumplir sus compromisos con la Union Europea en materia de déficit y de deuda pública.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya trabaja en arbitrar procedimientos para que, a pesar de la prórroga de los Presupuestos de Rajoy, sea posible atender los asuntos que el Gobierno socialista considera más urgentes y que, en la medida de lo posible, se controle un déficit que puede dispararse al 2,4% del PIB, seis décimas más de los previsto en los Presupuestos rechazados por el Congreso. Algo que “está fuera de los parámetros que se plantean por parte de la Comisión Europea”, reconoce Montero.
De hecho, este miércoles Unidos Podemos denunció una supuesta instrucción de Hacienda para que los ministerios eviten sobrepasar el 50% del gasto previsto para este año. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero aseguraron a infoLibre que no se trata de una limitación sino de una instrucción para extremar la supervisión que faculta a Hacienda para autorizar los gastos cuando se haya superado el 50%. Las mismas fuentes rechazan que se trate de una treta para gastar menos y evitar incumplir los compromisos de déficit con Bruselas.
A los subsidios para parados de más de 52 años y las cotizaciones para cuidadores de dependientes el Gobierno se propone sumar otras medidas. Entre ellas destacan cuatro aspectos de la reforma laboral, según confirmó este miércoles en el Congreso la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio: que las subcontratas deban aplicar las condiciones laborales de las empresas de las que dependen, que los convenios sectoriales vuelvan a prevalecer sobre los de empresa, el fin de la ultraactividad —que los convenios laborales no caduquen si no hay acuerdo entre patronal y sindicatos— y la puesta en marcha de medidas efectivas para controlar las horas extra.
En busca de apoyos
Son propuestas para las que el Gobierno no tiene garantizada la mayoría en el Congreso, como se ocupó de recordarle esta semana el diputado del PNV Íñigo Barandiarán. El grupo vasco no va “a dar ningún apoyo” si no está “de acuerdo en el contenido íntegro” de los decretos ley que el Gobierno lleve al Congreso, advirtió su portavoz, al que preocupan especialmente las ayudas a parados, los centros especiales de empleo, las cotizaciones en materia de formación profesional y las pensiones.
Sobre este último punto, el PNV sí que animó a la ministra de Trabajo a aprobar medidas que vinculen la revalorización de las pensiones al IPC. El Gobierno no descarta la medida, especialmente después del fracaso de la comisión del Pacto de Toledo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trabaja en busca de los apoyos que necesita para sacar adelante estas medidas. “Intentaremos sacar adelante las cosas con acuerdo, con diálogo, porque lo que queremos es que terminen en el Boletín Oficial del Estado”, prometió Valerio. Incluidos un plan contra el paro de larga duración dirigido sobre todo a los desempleados de más de 45 años y un plan de retorno de trabajadores desplazados a otros países, dos iniciativas que cree que el Gobierno podrá aprobar en las próximas semanas.
Unidos Podemos ya comprometió este miércoles el apoyo de su grupo a medidas como los subsidios a los desempleados mayores de 52 años y a las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.
La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, también en comparecencia en el Congreso, añadió otras iniciativas a la agenda de asuntos que el Gobierno se propone sacar adelante antes de las elecciones. Entre ellas la aprobación de medidas de transparencia salarial en las empresas para reducir la brecha retributiva entre hombres y mujeres y un real decreto para medir la representatividad de las organizaciones de autónomos.
“Actuaremos con responsabilidad y realismo, pero creo que hay medidas en vía de salida que tenemos tiempo de sacar adelante en esta legislatura”, adelantó. Medidas algunas de ellas que cuentan con el acuerdo de los sindicatos y los empresarios y otras que sólo tienen el respaldo de los representantes de los trabajadores.
Transformación digital del sistema financiero
A estas propuestas hay que sumar las que anunció en el Congreso la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, entre ellas que el Gobierno prevé aprobar uun anteproyecto de ley de transformación digital del sistema financiero en el que se incluye la regulación de un sandbox, que es como se conoce a un espacio controlado de pruebas que permita garantizar un marco de regulación y supervisión para la innovación en materia de tecnología financiera.
Calviño adelantó que el Gobierno también quiere quiere sacar adelante antes de que finalice la legislatura el proyecto normativo de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, y un real decreto para culminar la creación de la Autoridad Macroprudencial, así como transponer directivas europeas todavía pendientes, como la del crédito inmobiliario, la de cuentas de pagos básicos para mejorar la inclusión de los servicios de pago, la de instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia o la de distribución de seguros. En ocho meses, el Ejecutivo socialista ha culminado la transposición de siete de 14 directivas pendientes que se encontró a su llegada al Gobierno.
Igualmente, Calviño ultima la Estrategia España Nación Emprendedora, que prevé impulsar una ley de startups, cuyo proyecto salió a consulta pública en diciembre.
Ahora que la legislatura se acaba, se acumulan las urgencias. Y no todas podrán salir adelante. El Gobierno aprobó la semana pasada el proyecto de ley de reforma educativa que debe modificar la vigente Ley Wert, pero no hay tiempo para tramitarla. Por eso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, pidió este martes a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que derogase por real decreto los “aspectos más lesivos” de la legislación actual. Una posibilidad difícilmente compatible con la Constitución, que impide modificar por decreto leyes orgánicas, como es el caso de la de Educación.
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El Gobierno vasco, a su vez, presiona para culminar las transferencias pendientes antes de las elecciones, entre ellas la de prisiones, prevista en el Estatuto de Gernika. La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cree que, pese al adelanto de las elecciones, “hay tiempo” para que se puedan materializar, al menos en parte.
Y el PDeCAT pide al Ejecutivo que adelante el decreto de medidas de contingencia para poner en práctica en caso de una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea con el fin de que se convalide en el Congreso la semana que viene, en el último pleno de la legislatura.
No son estos los últimos flecos pendientes. El Gobierno ha culminado la tramitación del expediente para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos pero tiene todavía una batalla judicial por delante en el Tribunal Supremo antes de de proceder a su ejecución.
Hasta el último minuto. El Gobierno de Pedro Sánchez, el que proporcionalmente más iniciativas ha sacado adelante a través del procedimiento excepcional de los decretos ley de la historia democrática española, no detendrá el ritmo de aquí a las elecciones del 28 de abril y se propone aprovechar al máximo los nueve Consejos de Ministros que le quedan por celebrar a lo largo de los próximos dos meses. A pesar de que la precampaña ya se ha apoderado de la vida política española y de que, a partir del día 5 de marzo, tendrá que ser la Diputación Permanente del Congreso la que debata y convalide los decretos ley del Gobierno, porque las Cortes quedarán disueltas a partir de ese día.