El Gobierno atrae a PNV y CC a su reforma local mientras las comunidades del PP le dan la espalda

La reforma local deberá pasar la próxima semana por el pleno del Senado. De ahí, viajará de nuevo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Tras un proceso complicado que ha durado meses y en el que el PSOE se apartó de las mesas de negociación, los conservadores están cerrando apoyos en los últimos días. Fuentes conocedoras del contenido de estos contactos aseguran que, salvo cambios de última hora, los nacionalistas vascos y canarios votarán con el PP. Las mismas fuentes sostienen que, pese a que van a intentarlo, el apoyo de CiU se antoja más complicado.

El apoyo del PNV ha sido posible gracias al blindaje del régimen foral vasco. Y del de Coalición Canaria, gracias a menciones explícitas a los cabildos.

Pero no es sólo hacia los grupos de la oposición donde el Gobierno y los respectivos grupos parlamentarios en Congreso y Senado dirigen sus miradas. La reforma de la Administración Local, un encargo de Mariano Rajoy a Cristóbal Montoro, ha evidenciado varias fisuras en las filas conservadoras. Primero, durante la elaboración del texto que ahora se está sometiendo a debate en las Cámaras, los ayuntamientos gobernados por el PP se pusieron en pie de guerra y amenazaron con un plante si la ley no recogía lo que ellos consideraban "líneas rojas" del proyecto.

La principal de ellas era la de que diese respuesta al tema de las competencias impropias, es decir, aquellas que corresponden a las comunidades pero que acaban sufragando los municipios. El texto así lo recoge, un extremo que ha escocido en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Que no haya plazos de transferencia definitiva

Según fuentes conocedoras de estas negociaciones, las regiones en manos del partido de Gobierno han hecho llegar a Montoro desde entonces su malestar por este aspecto. Incluso, cuentan, han reclamado que el texto definitivo no haga mención alguna al tema de las competencias impropias con plazos de transferencia definitiva. Hasta la fecha, la respuesta del Ministerio de Hacienda ha sido no.

A lo largo de todo este proceso de elaboración de la ley, alcaldes y barones del PP han mantenido un pulso por lograr reflejar sus demandas. Mientras, por un lado, los alcaldes lamentaban que la ley no era todo lo ambiciosa que tenía que ser y que quedaba descafeinada por no atreverse a exigir más a las comunidades, estas últimas acusaban a los ayuntamientos de querer desprenderse de competencias para las que no hay dinero.

En este contexto, la intención de las comunidades autónomas en los últimos meses ha sido la de intentar negociar con Montoro para que, en el tema de las competencias impropias, se añade una cláusula de condicionabilidad que incluya que las autonomías no se harán cargo de la sanidad y los servicios sociales hasta que no haya un nuevo marco de financiación autonómica. Dos han sido las comunidades más combativas con esta cuestión: Galicia y Castilla y León.

El texto que tiene todas las posibilidades de ser el definitivo recoge que las comunidades deben asumir en un plazo de dos años los servicios sociales y de cinco para los sanitarios. La educación sí se deja pendiente de la financiación autonómica.

Los sindicatos protestan frente a los ayuntamientos contra la reforma local

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Unas cifras que no cuadran

Las cifras de la reforma local, una de las reformas estructurales clave del Gobierno de Mariano Rajoy, no cuadran. El denominado proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pasó a finales del mes de julio  por la mesa del Consejo de Ministros rumbo al Congreso de los Diputados. Según explicó el ministro de Hacienda por estas fechas la reforma preveía un escenario de ahorro de más de 8.000 millones de euros para el periodo 2013-2019 –8.024 millones según la referencia que puede consultarse en la página web de la Moncloa–. Se trata de una cantidad que difiere con la remitida por el Gobierno el pasado mes de abril a Bruselas en el denominado Plan Nacional de Reformas, el pasaporte que ha permitido al Ejecutivo de Mariano Rajoy contar con dos años más para el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Según figura en las páginas 23, 91 y 190 del mencionado documento, "el ahorro estimado" de la reforma local para el periodo 2014-2015, es decir para una horquilla de tiempo de dos años, es el mismo (8.000 millones) que ahora se pretende alcanzar en los siete años del periodo 2013-2019.