Maxamcorp Holding SL, verdadero gigante de la industria de munición y que suministra material de defensa a 60 países, pasará a estar controlada por una empresa que conduce directamente al paraíso fiscal de las Islas Caimán. Así será si el Gobierno adopta uno de los acuerdos que tiene sobre la mesa para el Consejo de Ministros de este martes: aprobar la inversión extranjera de la luxemburguesa Prill Holdings SARL para hacerse con el 71,17% de Maxamcorp, cabeza de un grupo con 140 participadas y punta de lanza del sector de explosivos. Los únicos propietarios de Prill Holdings SARL que constan en el Registro de Luxemburgo son dos sociedades inscritas en las Caimán y cuyos accionistas resultan imposibles de identificar.
Constituida en 2006, con una facturación de 1.126 millones en 2019 –1.002 en 2020– y un capital social de 79.470.300 euros, Maxamcorp Holding SL es la cabecera de un grupo que no ha estado exento de polémica por sus exportaciones a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Verdadero gigante de los explosivos de uso civil y de suministros militares de alcance, cuenta con más de 6.500 empleados, 140 filiales, 80 unidades industriales y desarrolla operaciones comerciales en más de 100 países.
Cabeza de un grupo fundado por Alfred Nobel hace un siglo y medio, que la actividad de Maxamcorp Holding se inscriba en el área de defensa y seguridad nacional convierte en obligatorio que cualquier participación extranjera en su accionariado obtenga el visto bueno del Gobierno. De hecho, Prill Holdings ya aterrizó en la compañía hace dos años: en febrero de 2019, se autorizó su desembarco con una cuota accionarial del 41%. Pero la operación que, salvo viraje, consagrará el Ejecutivo este martes posee una relevancia muy superior: de accionista de referencia, Prill Holdings pasará a ser accionista de control absoluto. Y entre bambalinas permanecerán las dos compañías de las Islas Caimán.
El conglomerado de Maxamcorp Holding y sus filiales tiene importantes vínculos con dirigentes políticos y ex responsables públicos de alto nivel. Presidida desde mayo por José Manuel Vargas, que como máximo responsable de AENA en la etapa de Mariano Rajoy dirigió la privatización del 49% de la empresa de aeropuertos, entre los accionistas de Maxamcorp figura Jorge Dezcallar, director del CESID -el actual CNI– durante el segundo mandato de José María Aznar. Muy próximo a Aznar –fue asesor de Defensa y alto cargo en la Fundación FAES– y luego el dirigente de Vox que actuó como enlace de la formación ultra con Donald Trump, aparece en el consejo de administración de Expal Systems SA Rafael Bardají.
Pero tampoco ahí acaba la lista de directivos de alto nivel: el predecesor de Vargas en la presidencia de Maxamcorp fue José Fernando Sánchez-Junto Mans, hermano del abogado del rey emérito. De su consejo formó también parte hasta el verano de 2019 Jaime Carvajal Urquijo, compañero de habitación de Juan Carlos de Borbón en su etapa estudiantil. Y en otro consejo, este el de una de las principales ramas del grupo –Expal Systems– se sentaba José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao: fue él quien, como asesor externo del padre de Felipe VI, transmitió a Iñaki Urdangarin las directrices de la Zarzuela sobre Instituto Nóos cuando las cosas comenzaron a torcerse.
Producción de armas criticada por defensores de derechos humanos
Participada al 100% por Maxamcorp Holding, es precisamente Expal Systems SA la que se sitúa en un lugar predominante del grupo. La última edición del catálogo de la industria militar que edita cada año Defensa la define así: “Expal ofrece una solución completa de sistemas de mortero para aumentar la movilidad, la seguridad y la eficiencia. Incluye sistemas de mortero (60 mm, 81 mm, 120 mm), la familia completa de munición”. El texto añade que la compañía “desarrolla tecnologías de primer nivel para cubrir los requerimientos actuales y futuros de los ejércitos de más de 60 países”.
El peso de Maxam en el sector de la industria armamentística ha estado durante años acompañado de duras críticas. En la primera década del siglo, distintas investigaciones atribuían a Expal la producción de bombas racimo. Un estudio publicado por la Universidad de Deusto en 2009 narraba así su participación en el negro mercado de esos artefactos, que acabaron prohibidos en 2010: fabricada por Expal, la bomba de racimo BME-330, “esparce 180 submuniciones”. “Está pensada –agrega el texto– para destruir pistas de bases aéreas, aunque medios técnicos aseguran que pueden ser usadas contra concentraciones humanas”.
Los suministros de Expal a Emiratos Árabes y Arabia Saudí, congelados tras el cambio de Gobierno de 2018, habían encendido un año antes el debate sobre el uso de armamento español en la guerra de Yemen. Todo comenzó en marzo de 2017, cuando la negativa de un bombero a dirigir un retén de seguridad durante el embarque en el puerto de Bilbao de un cargamento con "bombas y proyectiles de mortero" con destino a Arabia Saudí destapó un episodio que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a dar explicaciones.
Ocho meses más tarde, y tras una pregunta del entonces senador de Bildu Jon Iñarritu, el Ministerio de Defensa que entonces dirigía María Dolores de Cospedal reconoció que el cargamento de Bilbao constaba de 17.000 proyectiles completos de artillería de 155 milímetros. Se exportaba en virtud de una licencia concedida el 31 de enero por parte de una empresa cuyo nombre -aseguró Defensa- no podía desvelar. La ley, fue el argumento oficial, lo prohíbe. El Ejecutivo del PP optó por seguir autorizando las exportaciones al país árabe bajo el argumento de que las armas no se utilizaban en Yemen.
Pero el secreto persiste aún hoy. En octubre de 2020 trascendió que Greenpeace había emprendido acciones judiciales después de que la Secretaría de Estado de Comercio le denegase copia de los expedientes administrativos referidos a cada una de las autorizaciones o licencias concedidas para la exportación de munición de artillería fabricada por Expal Systems. Las exportaciones sobre las que la ONG había requerido información tenían por destino “los Emiratos Árabes Unidos y/ o Arabia Saudí, entre el año 2017 y la actualidad".
El archipiélago caribeño que no existe en el informe oficial
El informe del Ministerio de Defensa que sustenta la propuesta de autorización subraya que Prill Holdings SARL está “controlada en última instancia” por el fondo estadounidense de gestión de inversiones privadas Rhone Capital LLC, con sede en Delaware. Pero omite que, tal como constatan los documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo, Prill tiene como únicos socios a dos firmas domiciliadas en el paraíso fiscal caribeño y cuyos propietarios resulta literalmente imposible conocer: Rhone Partners VLP y Rhone Offshore Partners VLP.
Este lunes, infoLibre preguntó al Ministerio que dirige Margarita Robles por la estructura accionarial de la empresa que dominará la multinacional Maxamcorp Holding y su conexión directa con un archipiélago que en el imaginario colectivo aparece como el paradigma de los paraísos fiscales, las Caimán, que cada año inflige a otros países un daño fiscal cifrado nada menos que en 70.400 millones de dólares según la red internacional Tax Justices. Portavoces del departamento que dirige Margarita Robles se limitaron a señalar que la operación que aprobará el Consejo de Ministros ha sido autorizada por el órgano competente: la Junta de Inversiones del Ministerio de Exteriores. Y que la Comisión de Secretarios y Subsecretarios que prepara el orden del día de las sesiones semanales del Gabinete "tampoco puso ninguna pega".
Portavoces de Exteriores ofrecieron horas después la siguiente respuesta: "Este asunto lo vio la junta de inversiones (que es interministerial, no de Exteriores, y que preside Comercio) en diciembre a propuesta de Defensa y ha seguido todos los trámites preceptivos".
Con inversiones en sectores dispares, desde la industria de Defensa a la de moda o alimentación, Rhone Capital LLC es una sociedad limitada con base en Delaware. Es decir, en el Estado que tiene como marchamo el de funcionar como una especie de paraíso fiscal dentro de EEUU.
Constituida en septiembre de 2017, Prill Holdings SARL nació –y así lo hace constar Defensa en la propuesta para autorizar que su participación crezca del 41% al 71,17%– “con el objeto de realizar posibles adquisiciones en nombre de los fondos gestionados por Rhone Capital LLC”. Pero solo hubo una adquisición y así lo remarca el ministerio: la realizada en Maxamcorp en 2018. Fue entonces cuando compró a la sociedad holandesa Tristan Haddock BV por 265.000.000 el 41% del capital social de Maxamcorp. En ese caso, el primero de la serie que ahora avanza con la compra hasta el 71,17%, el Gobierno dio su visto bueno a la inversión extranjera el 1 de febrero de 2019.
Para entonces, Prill Holdings ya tenía como únicos socios a las dos compañías domiciliadas en las Islas Caimán. Pero pasó inadvertido: solo se hacía mención a la SARL (equivalente a las sociedades limitada españolas) de Luxemburgo. En aquel momento, el capital social nominal de Prill se cuantificaba en 12.900 euros. En julio de 2019, se amplió a 27.499.999 euros, aunque la prima de emisión fue muy superior: 247,49 millones. Así lo atestiguan los documentos mercantiles de Luxemburgo.
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Tras la ampliación de capital, el reparto de acciones de Prill Holdings entre las dos compañías de las islas Caimán, Rhone Partners VLP y Rhone Offshore VLP, quedó así: la primera mantuvo el 62% de las acciones y la segunda, el 38%. Por qué esa disparidad en cuanto a las acciones que acumula cada una de ellas es una pregunta abierta para la que de momento no hay respuesta. Sí la hay para la imposibilidad de conocer sus accionistas: como señala la web paraisosfiscales.net, “los nombres de los beneficiarios de las sociedades offshore registradas en Islas Caimán no son incorporados a ningún registro público y no existe la obligación de revelar la identidad de los mismos”. Catalogado como uno de los territorios británicos de ultramar, el archipiélago carece de acuerdos con ningún país para evitar la doble imposición. Y eso, subraya paraisosfiscales.net, “significa que los propietarios de cuentas bancarias y sociedades mercantiles están a salvo de las autoridades fiscales de sus países respectivos”.
Este periódico intentó conocer la explicación del grupo Maxam sobre la presencia de empresas de las Islas Caimán. No hubo respuesta.
Maxamcorp Holding SL, verdadero gigante de la industria de munición y que suministra material de defensa a 60 países, pasará a estar controlada por una empresa que conduce directamente al paraíso fiscal de las Islas Caimán. Así será si el Gobierno adopta uno de los acuerdos que tiene sobre la mesa para el Consejo de Ministros de este martes: aprobar la inversión extranjera de la luxemburguesa Prill Holdings SARL para hacerse con el 71,17% de Maxamcorp, cabeza de un grupo con 140 participadas y punta de lanza del sector de explosivos. Los únicos propietarios de Prill Holdings SARL que constan en el Registro de Luxemburgo son dos sociedades inscritas en las Caimán y cuyos accionistas resultan imposibles de identificar.