¿Tiene sentido que una administración pública conceda a una asociación una subvención de dos millones de euros de la que un tercio en números redondos ha de gastarse en anuncios insertados en medios de comunicación? La pregunta, que no es metafórica, cobra sentido tras lo sucedido en Madrid con la asociación Patio Campus, cuya breve pero boyante historia se resumía hasta ahora como sigue.
Primero: el 24 de febrero, recta final de la legislatura autonómica, se constituye con prisas una asociación para el fomento de la “innovación sostenible” empresarial y la “atracción del talento” a través de un campus. Se forma sin que un solo euro aparezca como aportación de los fundadores y señalando como sede en los documentos oficiales un edificio en construcción cuyas obras no acabarán hasta final de año.
Segundo: el 5 de abril, el Gobierno de la Comunidad de Madrid le otorga una subvención de dos millones. Es decir, menos de mes y medio después de que cinco ejecutivos la hayan creado como si actuasen en nombre de siete grandes empresas que tampoco figuran en el acta notarial aunque sí en un certificado posterior confeccionado por la asociación tras las preguntas de infoLibre.
Hasta ahí llega lo ya desvelado sobre el caso de Patio Campus, cuyos objetivos evocan los de Madrid Network, entidad creada por Esperanza Aguirre en 2007 y que, como ha publicado este medio, ya ha costado al erario madrileño 50 millones por los impagos de un macrocrédito.
Pero el acceso al convenio que regula esa subvención a Patio Campus con cuantía superior a la media ha destapado un tercer vértice de interés: de los dos millones que conforman el total de la ayuda pública garantizada en el convenio por el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y la titular de Medio Ambiente, Paloma Martín, 1,45 millones se asignan a “marketing y comunicación”.
De esos 1,45 millones, 600.000 euros han de ir obligatoriamente destinados entre este año y el próximo a “campaña medios para dar a conocer el campus” (sic). Es decir, a anuncios en prensa de papel o digital, radio y televisión. Otros 215.000 deben destinarse durante el mismo periodo a “redes sociales”; 210.000 a “CRM [en castellano, Gestión de Relación con los Clientes] y Newletter a los asociados y ecosistema del Campus”; y 425.000, a “comunicación servicios: incluyendo ventanilla única, eventos, programas, formaciones”. Dicho de otro modo, esa última partida también sufragará en buena parte gastos de difusión publicitaria.
La asociación "realizará y difundirá" acciones vinculadas, por ejemplo, con "el incremento de la eficiencia de la Administración Pública a través de programas de innovación". El peso que la publicidad en medios de comunicación tuvo en el pasado como parte de los acuerdos suscritos por la Comunidad de Madrid con entidades privadas ha generado problemas que hasta ahora ha logrado superar el Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso Púnica y la pieza sobre la supuesta financiación del PP regional, en la que Esperanza Aguirre y otros antiguos altos cargos ya fueron desimputados.
La segunda área financiada con cargo a esta subvención de dos millones que se nutre de las cuentas de la administración madrileña es la puesta en marcha de un “Equipo PATIO para el desarrollo de formaciones, eventos y programas de aceleración e innovación para startups”. Aquí el dinero se desinfla: el importe total asciende a 550.000 euros. O lo que es lo mismo, al 27,5% del total.
La descripción del "equipo" dice lo siguiente: “1 director general, 3 coordinadores de programas, 1 responsable de comunicación, 1 adjunto de comunicación, 1 responsable departamento tecnología (CTO), 1 responsable servicios generales (CFO), 2 responsables de operaciones, 1 project manager”. Resumiendo, se trata de una plantilla de 10 personas que en 2023 –así consta en el anexo del convenio– supondrá 550.000 euros. En el apartado “Equipo PATIO”, la subvención solo prevé fondos para este año.
El lunes de esta semana infoLibre preguntó a los portavoces de la Consejería de Hacienda de Madrid por qué una subvención de dos millones establece un porcentaje tan elevado (el 30%) para campaña en medios de comunicación. La respuesta final fue esta: que el propio convenio ya dice el objetivo es “la promoción y el fomento del emprendimiento y la atracción del talento”. Y que “una de las vías para hacer dicha promoción es la difusión en medios”. La Comunidad de Madrid se presenta como “socio patrocinador” de la asociación, cuyo primer acto público –su presentación– lo presidió Isabel Díaz Ayuso.
Una entidad que opera en remoto
A la asociación Patio Campus, este diario le preguntó cómo valora que el grueso de la subvención (1.450.000 euros) deba destinarlo a marketing y publicidad, con especial relevancia de los anuncios en medios de comunicación (600.000 euros) mientras que solo dispondrá de 550.000 euros para el desarrollo de formaciones, eventos y programas de aceleración e innovación para startups. Le preguntó también desde dónde operará la asociación hasta final de año, dado que el domicilio social que consta en el acta notarial de creación y en el convenio con la Comunidad aparece como domicilio social –o sea, oficial– un edificio inhabitable.
Los portavoces de Patio Campus respondieron así este miércoles: “La subvención de la Comunidad de Madrid es sólo una de las fuentes de financiación con las que cuenta el proyecto en su arranque. Las corporaciones que se han adherido a Patio como socios principales también han realizado aportaciones que permitirán cubrir todas las necesidades relacionadas con el alquiler del espacio, la elaboración de los programas de aceleración, las actividades formativas, etc”.
Respecto a dónde se localiza su sede provisional, esto es lo que dice la asociación: “Actualmente estamos operando en remoto, centrándonos en la contratación del equipo así como en el desarrollo de los programas de aceleración de las corporaciones y en el diseño de todos los elementos vinculados a los mismos (formaciones, eventos, scouting de startups, etc.)”.
Ante las dudas que generan las respuestas, infoLibre trasladó a Patio Campus, esta vez sin éxito, otras dos preguntas: si el Gobierno de Madrid ha desembolsado los 1,2 millones correspondientes a 2023, y qué dinero han aportado ya a la asociación sus “socios principales”. Según una nota de prensa de la Comunidad y el posterior certificado firmado por el presidente de la asociación, Javier López Zafra, y su secretario, Gabriel Torres Pascual, esa lista de socios principales la integran de momento L’Oreal, BMW, Pascual, Iberia, Inditex, Mahou San Miguel y Merlin Properties. Hace un mes, la asociación aseguró que cada uno de esos grandes grupos empresariales entregará 200.000 euros pero no concretó ni facilitó papeles acreditativos de tal compromiso. Ahora, tampoco. 200.000 euros por cabeza implica que el esfuerzo económico de las empresas privadas solo superará exactamente en esa cifra al de la Comunidad: 200.000 por 7 –el número de "socios principales"– es igual a 1,4 millones. Y el Gobierno de Madrid garantiza 1,2 millones para este ejercicio.
El papel de Merlin Properties
Ayuso da dos millones a una asociación de siete empresas creada en febrero y cuya sede no abrirá hasta otoño
De la nómina de grandes empresas enumeradas en el párrafo anterior todo indica que la última, Merlin Properties, está abocada a jugar un papel crucial: el edificio que en la zona del Paseo de la Castellana define como su sede la asociación Patio Campus aunque todavía esté en obras pertenece a la inmobiliaria.
En la cúspide de Merlin Properties se sitúa Ismael Clemente, hombre clave en la operación que en 2013 llevó al fondo buitre Blackstone a hacerse con 1.800 pisos más garajes y trasteros hasta ese momento propiedad del consistorio madrileño. Aquella venta derivó en una sanción de 25,7 millones impuesta por el Tribunal de Cuentas a la entonces alcaldesa, Ana Botella, y otros cargos de su equipo. El tribunal calificó aquella venta de ilegal por el bajo precio abonado –128,5 millones– y señalaba que Blackstone había dispuesto de información “privilegiada” . A los seis meses, la condena fue revocada con el voto de dos consejeros del tribunal elegidos a propuesta del PP. Una de ellas, la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante.
El 30 de marzo, cuando Ayuso ensalzó el potencial creativo del campus proyectado por Patio Campus, Clemente defendió –sin citarla por su nombre– a Ferrovial y su decisión de instalarse en los Países Bajos. “Son tres millones de tíos los que sostienen el sistema y esto quien no lo sepa es porque no se ha mirado la tarifa de IRPF", afirmó. En lo que solo cabe interpretar como un posicionamiento favorable, como lo es Ayuso, a una rebaja de impuestos para los grandes contribuyentes, el empresario expresó su deseo de que alguien se plantee no sólo “pillar los votos”, sino "sujetar" a esos tres millones que “realmente pagan todo el sistema”.
¿Tiene sentido que una administración pública conceda a una asociación una subvención de dos millones de euros de la que un tercio en números redondos ha de gastarse en anuncios insertados en medios de comunicación? La pregunta, que no es metafórica, cobra sentido tras lo sucedido en Madrid con la asociación Patio Campus, cuya breve pero boyante historia se resumía hasta ahora como sigue.