La Unión Europea vira vertiginosamente hacia posturas mucho más duras en migración. Tras las elecciones del pasado 9 de junio, la mayoría conservadora continental se ha acercado a los postulados de la ultraderecha, con la italiana Giorgia Meloni tomando el liderazgo de las políticas más extremas con propuestas como los centros en terceros países fuera de las fronteras comunitarias.
España se ha opuesto frontalmente a esta política que, en cambio, va ganando adeptos en la UE con el giro dado especialmente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a punto de empezar un nuevo mandato. En la pasada cumbre de líderes europeos de la semana pasada no se logró ningún gran pacto al respecto, aunque se aprobaron una serie de conclusiones invitando a la Comisión Europea a “presentar una nueva propuesta legislativa sobre retornos con carácter urgente”.
Aunque los centros no se incluyeron en el texto, en el documento acordado se pedía una "acción determinada a todos los niveles para facilitar, aumentar y acelerar los retornos" y se animaba a usar para ello "todas las políticas e instrumentos" de la UE, incluida la diplomacia, la ayuda al desarrollo, el comercio y los visados. En Bruselas se ha ido abriendo un frente al calor de las políticas de Meloni, que se reflejó en una reunión en la capital de la UE con la presencia de Italia, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Chipre, Grecia, Malta, Polonia, Eslovaquia y Hungría.
Mirando a París y Berlín
En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el país que se ha mostrado de forma más contundente en contra de los centros impulsados por Giorgia Meloni. El propio jefe del Ejecutivo ha verbalizado la posición: “Nosotros no estamos a favor de este tipo de fórmulas porque no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos”. En este camino se están alineando también naciones vertebrales para la Unión como son Alemania y Francia. Olaf Scholz indicó que no cree que sean una solución para un país como el suyo. Y el primer ministro francés, Michel Barnier, también mostró la posición: “No creo que este ejemplo pueda ser traslado”. De esta manera, París y Berlín enfrían los planes de los más ultras para replicar el modelo italiano en cuanto a los centros en terceros países.
Pero el escenario se ha trastocado también precisamente por el varapalo judicial que sufrió el viernes el Gobierno de Meloni debido a una sentencia del Tribunal de Roma que no considera válida la retención de doce migrantes trasladados a Tirana en virtud del acuerdo del Ejecutivo transalpino con el de Albania. El fallo sostiene: "Las detenciones no fueron validadas en adopción de los principios vinculantes para los jueces nacionales y la propia Administración, enunciados por el reciente fallo del TJUE".
La sentencia ha provocado una guerra total del Gobierno de Meloni contra la magistratura. El Ejecutivo liderado por la ultraderechista anunció que iba a sortear este fallo judicial a través de un decreto. Y lo ha hecho este lunes. El Ejecutivo ha aprobado una norma para establecer por ley la lista de "países seguros" de donde proceden los migrantes y blindar así sus centros de reclusión en Albania, según avanzaron a EFE fuentes gubernamentales. La estrategia consistiría en blindar la lista de países seguros, es decir, de los que un inmigrante no tiene por qué escapar, con este tipo de decretos con fuerza de ley que se usan momentos de "necesidad o urgencia", teniendo que ser revalidados por el Parlamento en el plazo de 60 días.
Es tal el grado de enfrentamiento que hasta el presidente de la República, Sergio Matarella, hizo un llamamiento este domingo al diálogo entre instituciones. El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, también ha salido contra el Gobierno de Pedro Sánchez: “Creo que España debe tener en cuenta el equilibrio de algunas consideraciones respecto a las políticas concretas que aplica para la contención de la inmigración irregular en su territorio”. “En ocasiones ha disparado contra los inmigrantes que intentaban cruzar la frontera desde Marruecos hacia España”, agregó.
El discurso de la coalición frente a Meloni
La apuesta de España en el debate europeo es que se aplique el pacto migratorio y de asilo que se armó durante la Presidencia española de la UE. De hecho, el propio presidente del Gobierno ha apostado en público por adelantar la entrada en vigor de ese acuerdo para el verano del año que viene y no para 2026 como está previsto. Durante las últimas semanas, el jefe del Ejecutivo está tratando de desplegar un discurso pedagógico sobre la cuestión migratoria, que está siendo azuzada por el PP y por Vox y que se ha convertido ya en el principal problema del país, a tenor del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre el tema, el jefe del Ejecutivo defendió que en la última década el 94% de los migrantes que han llegado a España lo han hecho de forma regular, representando una tasa de actividad cuatro puntos superior a la media de los nacionales y aportando ya el diez por ciento de los recursos de la Seguridad Social.
Tras el varapalo judicial a Meloni y la postura de Francia y Alemania alejada de los centros, el Gobierno español espera que gane peso su discurso. En La Moncloa, según fuentes consultadas, dicen que no se tiene que plantear como una discusión “de un grupo de países contra otros” porque el tema es “muy complejo”. Y analizan en el complejo presidencial que la decisión del Tribunal de Roma evidencia los “problemas” que conlleva el plan de crear centros en terceros países.
Precisamente el Gobierno español ha remitido a Bruselas su plan fiscal en el que traslada, entre otros puntos, que se ultima un cambio en el reglamento de la ley de extranjería que servirá para regularizar a decenas de miles de migrantes. Parte de la estrategia económica del Ejecutivo pasa por el crecimiento gracias a la incorporación de migrantes a la vida laboral. La hoja de ruta pasa por la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo adicionales hasta 2026. Además, para la coalición el fenómeno migratorio puede servir para hacer frente al reto demográfico y la inversión de la pirámide poblacional.
El PSOE pone el foco en el vínculo entre Feijóo y Meloni
En el debate migratorio también se mezcla Meloni con la política nacional. Desde el PSOE se pone el foco en la relación que ha emprendido Alberto Núñez Feijóo con el Gobierno de Italia: “En una elección que muestra su verdadero talante, se fue a visitar a Italia a la ultra Meloni. Allí, en Roma, se hizo la foto y elogió la política de inmigración italiana, a pesar de que en lo que va de año han recibido más migrantes en sus fronteras que los que han llegado a España. Feijóo movía ficha. Venía de decir que el camino a seguir era el de Meloni.
“La semana pasada la justicia italiana tumbó una de las medidas estrella en esta materia de Meloni: los campos de refugiados en Albania. El varapalo para la ultra fue importante, pero el ridículo internacional de Feijóo adquirió dimensiones épicas. El primer apellido de Feijóo debería ser fracaso. Es complicado hablar más y acertar menos. Es imposible dirigir un partido político de forma más desnortada, errática y superficial, sin ninguna alternativa, más allá del rencor y el discurso de odio hacia el PSOE y el gobierno progresista. Todo porque los españoles y españolas, con buen criterio, lo mandaron a la oposición”, señalaron este lunes fuentes de la dirección socialista.
La Unión Europea vira vertiginosamente hacia posturas mucho más duras en migración. Tras las elecciones del pasado 9 de junio, la mayoría conservadora continental se ha acercado a los postulados de la ultraderecha, con la italiana Giorgia Meloni tomando el liderazgo de las políticas más extremas con propuestas como los centros en terceros países fuera de las fronteras comunitarias.