En La Moncloa se le da la máxima importancia a lo que está sucediendo en Castilla y León. Lo ven como una afrenta a los derechos de las mujeres muy peligrosa. No se trata de un chascarrillo o una polémica estéril, como quiere hacer vender ahora el PP, sino una línea roja que no se puede traspasar, analizan en el Gobierno.
Fuentes gubernamentales muestran su convencimiento de que el Gobierno del PP y Vox en Castilla y León estaría aplicando desde este lunes su plan antiabortista, con medidas como el latido fetal y la ecografía 4D, si no se hubieran movido en Moncloa con su requerimiento y no se hubiera despertado una reacción social, además de las portadas en todos los medios nacionales.
Esta es la creencia unánime entre los miembros del Gobierno: se trata de un plan y no de una ocurrencia. De hecho, la coalición progresista acordó este martes en el seno del Consejo de Ministros un requerimiento de incompetencia al Gobierno de Castilla y León en relación a cualquier actuación en relación a la ley del aborto. La Junta tiene un mes de plazo, según La Moncloa, para dar contestación. Este es el paso previo a que el Gobierno central interponga un conflicto de competencias ante Tribunal Constitucional.
Este requerimiento se realiza en mitad de la confusión sobre qué hizo realmente Castilla y León. Fue en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del jueves cuando el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, anunció ese plan y existe también una nota de prensa sobre el mismo. En cambio, cinco días después, Alfonso Fernández Mañueco dijo que no se haría nada que afectara a mujeres y los médicos, pero reconoció que había un plan con otras medidas.
A la espera de Castilla y León
Moncloa entiende que puede ya abrir esa vía, porque hay hechos (como esa nota de prensa) y que existe la jurisprudencia suficiente para seguir adelante. ¿Y qué va a pasar? ¿Habrá un choque frontal entre administraciones? “Vamos a esperar”, señalan desde el Gobierno, pero confían en que esto acabará en una “rectificación absoluta” por parte de la Junta de Castilla y León.
De esta manera se podría evitar el choque final en el Tribunal Constitucional. En el Gobierno van muy en serio con esta cuestión frente a la imagen que intenta trasladar el Partido Popular de que Pedro Sánchez lo quiere utilizar de manera electoralista. Es una “aberración”, llegó a calificar la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Se insiste desde el Gobierno en que se van a emplear todas las herramientas jurídicas para frenar las intenciones de Castilla y León. Lo que no se contempla es una hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, como se hizo con Cataluña tras la declaración unilateral de independencia. Según fuentes conocedoras que participaron en la coordinación de la respuesta, nunca llegó a estar ese escenario sobre la mesa el fin de semana cuando se diseñó la estrategia jurídica.
Lo que no ha habido es un contacto, por ejemplo, telefónico con las autoridades de Castilla y León, según fuentes del Gobierno. La razón es que quieren que quede todo por escrito, negro sobre blanco.
El Gobierno pone el foco en futuras alianzas PP-Vox
También en el Gobierno se hace una crítica directa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que consideran que es “cómplice” de lo que está sucediendo en Castilla y León. Y no ven suficientes las explicaciones que han dado tanto Mañueco como el presidente popular. En La Moncloa se fijan en los hechos y recuerdan que el expresidente de la Xunta ha sido el que ha permitido que la ultraderecha entre por primera vez en una coalición autonómica. Además, recuerdan que el PP recurrió en 2010 la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero (sobre la que fallará en breve el Tribunal Constitucional) y que Feijóo decidió mantener este contencioso abierto. Asimismo, el grupo popular ha registrado enmiendas a la reforma que impulsa el actual Ejecutivo (que está ahora en el Senado a la espera de su previsible aprobación durante el mes de febrero).
El Gobierno pone el foco en que estos ataques a los derechos de las mujeres se pueden seguir sucediendo con más intensidad tras las elecciones del 28 de mayo ante la posible formación de más gobiernos entre los populares y el partido de Santiago Abascal. Porque, además, están convencidos en el PSOE y en Unidas Podemos de que Feijóo no dudará en pactar con Vox si necesita sus votos y en darles una Vicepresidencia.
Sobre el posible cambio en el Gobierno en Castilla y León y si durará la coalición entre el PP y Vox, en Moncloa no dibujan escenarios concretos, aunque analizan que para Mañueco no sería tan positivo adelantar unas elecciones viendo el resultado que tuvo en las últimas y el baño de realidad al no conseguir ese “efecto Ayuso” que perseguía.
Sánchez alerta en Davos de la situación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra estos días en Davos (Suiza) con motivo del foro económico mundial pero en una conversación informal con periodistas, defendió la actuación del Ejecutivo ante el protocolo para abortos en Castilla y León porque, afirmó, la administración autonómica no está siendo clara y vulnera una ley estatal como la de la interrupción voluntaria del embarazo.
Y también quiso Sánchez en su discurso en el foro, uno de los más preparados por los líderes internacionales cada año, ahondar también en esta cuestión y en los acuerdos que están abriéndose entre las derechas tradicionales y los ultras: “No debemos olvidar que Putin no está solo. Tiene muchos aliados en Europa, que ahora ocultan sus conexiones con Putin, pero hace solo un año viajaban allí y le apoyaban. Tenemos que impedir que estas fuerzas políticas lleguen a las instituciones y destruyan la UE desde dentro. La amenaza es muy real. Especialmente en los países en que estas fuerzas de ultraderecha tienen el apoyo de los grandes partidos conservadores, que les están abriendo las puertas del Gobierno”.
Luis Tudanca: “Feijóo y Mañueco se parecen: misma falta de escrúpulos y falsa moderación”
Todo ello con un PP que está intentado esquivar esta situación y con un Alberto Núñez Feijóo tremendamente incómodo ante un episodio se le ha vuelto en contra en unos meses clave antes de las elecciones del 28 de mayo. Este martes rompió su silencio, pero para echarle la culpa a Pedro Sánchez, a quien acusó de “montar ruido” con un “requerimiento gaseoso”.
Según Feijóo, quien “manda” en la comunidad es Fernández-Mañueco, por lo que lo que cuenta es su postura, y todo lo demás es “un mero comentario o tertulia”. Además, abonó la tesis que inició Borja Sémper: esto le viene “bien” al Gobierno. Por eso, indicó que Vox se “equivoca profundamente” insistiendo en su propuesta.
Y este choque protagonizará la política española de enero. No se quedará aquí y tiene visos de ocupar los enfrentamientos parlamentarios que se avecinan. A pesar de ser un mes inhábil en las Cortes, el presidente del Gobierno ha pedido comparecer en el Congreso la próxima semana y en el Senado a la siguiente. Allí se volverán a ver las caras los dos líderes.
En La Moncloa se le da la máxima importancia a lo que está sucediendo en Castilla y León. Lo ven como una afrenta a los derechos de las mujeres muy peligrosa. No se trata de un chascarrillo o una polémica estéril, como quiere hacer vender ahora el PP, sino una línea roja que no se puede traspasar, analizan en el Gobierno.