El Gobierno ha responsabilizado al Ayuntamiento cordobés de Lucena, gobernado por el PSOE, de la concentración franquista convocada por Fuerza Nueva el pasado 21 de noviembre en el cementerio de la localidad, precisamente donde se estaban llevando a cabo los trabajos de exhumación de 123 represaliados franquistas asesinados durante la Guerra Civil. En una respuesta por escrito a la pregunta elaborada por los diputados socialistas María Jesús Serrano y Antonio Hurtado, el Ejecutivo recuerda que las manifestaciones son comunicadas a la Subdelegación del Gobierno correspondiente. Y en este caso, la institución en Córdoba, asegura, solicitó un informe al consistorio sobre la procedencia o no de celebrar el acto, respuesta que, dicen, nunca llegó. "El Ayuntamiento no aportó informe alguno en el que se indicase que la concentración, por alguno de los motivos reflejados en la Ley, tuviese que ser limitada", responde el Gobierno. Además, recuerda, la citada ley establece que "ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización", por lo que la Subdelegación no autorizó nada.
Según la ley reguladora del derecho de reunión –Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio–, las manifestaciones pueden ser disueltas si se consideran "ilícitas de conformidad con las leyes penales", si se producen "alteraciones de orden público o suponen un peligro para personas o bienes", si los asistentes visten "uniformes paramilitares" o si son "convocadas por miembros de las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil". Sobre la pregunta de si el Gobierno considera o no que "este tipo de actos de exaltación franquista vulneran la Ley de Memoria HistóricaLey de Memoria Histórica", el Ejecutivo ha guardado silencio.
Los hechos se remontan al pasado 21 de noviembre, cuando Fuerza Nueva –antes partido político y ahora asociación franquista– convocó un acto de homenaje a Franco y a José Antonio Primo de Rivera. El acto constaría de una ofrenda a la Cruz de los Caídos en el cementerio de Nuestra Señora de Araceli y una misa en la Ermita de Nuestra Señora de la Aurora. Sin embargo, en ese mismo lugar se estaba llevando a cabo la exhumación de 123 represaliados del franquismo que fueron asesinados durante la Guerra Civil. Ante esto, el partido Andalucía, entre tod@s denunció ante la Fiscalía lo ocurrido por considerarlo una "conmemoración del jefe de Estado del régimen dictatorial franquista".
Tras producirse este acto, el secretario de Memoria Histórica y Democrática del PSOE-A de Córdoba, Juan Díaz, criticó que el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, "no desautorizase un acto de homenaje a Franco en Lucena". En este sentido, aseguró que el Ayuntamiento de la localidad "no tiene competencias en la materia", puesto que le corresponden exclusivamente al organismo dependiente del Ejecutivo. El subdelegado, en cambio, destacó que "no había ningún motivo para prohibir" el acto. Concretamente, Primo Jurado detalló que el homenaje se producía "en un recinto cerrado, no había problema de tráfico ninguno", al tiempo que los servicios de información habían dicho a la institución que "no se preveía ningún tipo de contenido racista y violento".
Las exhumaciones en la fosa de Paterna quedan en el aire: "La Justicia no está ni se la espera"
El Gobierno dice desconocer la documentación que tiene la Fundación Franco
No es la primera vez que el Gobierno intenta salir airoso de preguntas relacionadas con los posibles incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica. Así, un mes más tarde de responder sobre el caso de Lucena, el Ejecutivo sostuvo desconocer los documentos clasificados como secretos de Estado que posee la Fundación Nacional Francisco Franco. Así respondió al coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que recordó que, "pese a su carácter de entidad privada, el Gobierno ha reconocido que tiene constancia de que la mencionada fundación sí mantiene en su poder documentos de carácter estatal calificados como secretos".
"El Gobierno solo habría reclamado por escrito a esta fundación de ultraderecha la retirada pública de los documentos, así como la remisión a la Administración de información para protegerlos convenientemente", recuerda Garzón. A la pregunta de qué organismos se encargarán de esta tarea, el Ejecutivo responde, únicamente, que desconoce qué documentos hay pero que, no obstante, se continuarán "realizando las gestiones necesarias para la retirada de la consulta pública de la documentación que pudiera estar clasificada".
El Gobierno ha responsabilizado al Ayuntamiento cordobés de Lucena, gobernado por el PSOE, de la concentración franquista convocada por Fuerza Nueva el pasado 21 de noviembre en el cementerio de la localidad, precisamente donde se estaban llevando a cabo los trabajos de exhumación de 123 represaliados franquistas asesinados durante la Guerra Civil. En una respuesta por escrito a la pregunta elaborada por los diputados socialistas María Jesús Serrano y Antonio Hurtado, el Ejecutivo recuerda que las manifestaciones son comunicadas a la Subdelegación del Gobierno correspondiente. Y en este caso, la institución en Córdoba, asegura, solicitó un informe al consistorio sobre la procedencia o no de celebrar el acto, respuesta que, dicen, nunca llegó. "El Ayuntamiento no aportó informe alguno en el que se indicase que la concentración, por alguno de los motivos reflejados en la Ley, tuviese que ser limitada", responde el Gobierno. Además, recuerda, la citada ley establece que "ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización", por lo que la Subdelegación no autorizó nada.