Este miércoles, a poco más de una semana para el anunciado referéndum del 1-O, supuso un punto de inflexión en la ya muy tocada relación entre el Gobierno y la Generalitat. Con las detenciones y registros encaminados a derribar la organización y coordinación del referéndum y con la reacción de los promotores del mismo quedó claro que no hay marcha atrás. Mientras el presidente del Gobierno advertía de que el Govern ya estaba "avisado" de los riesgos a los que se enfrentaban y daba por desmontado el 1-O, en Cataluña, los independentistas salieron a la calle para lanzar el mensaje de que ellos también iban en serio todas las veces que han dicho que el 1-O es inamovible.
Si en algo iguala en lo político a ambos bloques lo ocurrido desde primera hora de la mañana del miércoles en Cataluña es que les proporciona un relato para justificar sus acciones de los últimos meses y para explicar las de los próximos días.
Los conservadores, con el propio Rajoy a la cabeza, mantienen que no va a haber referéndum: "Saben que este referéndum ya no se puede celebrar", dijo el presidente del Gobierno en una declaración institucional pasadas las 21.00 horas. "Nunca fue legal ni legítimo; ahora no es más que una quimera imposible o, lo que es peor, la excusa que algunos parecen buscar para ahondar aún más la fractura que han provocado en la sociedad catalana", añadió.También defienden que se ha demostrado que el Gobierno y los jueces no han estado de brazos cruzados. Por otra parte, a los promotores de la consulta, la operación contra la logística del 1-O les ha permitido reforzar su discurso de la "represión" que sufren por parte del Estado y la "suspensión de facto" del autogobierno. También, para no moverse: la convocatoria del 1-O se mantiene intacta, aseguró el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
En todo este proceso, el Ejecutivo ha sido criticado por sectores de la derecha por no aplicar la suficiente "mano dura" en Cataluña. Ahora, las mismas voces que le criticaron aplauden su estrategia.
No obstante, conscientes de la gravedad de la situación, en la Moncloa cuidan al máximo los mensajes. Se limitan a asegurar que lo ocurrido es una muestra de que las instituciones funcionan y de que cada uno ha hecho su trabajo: el Gobierno, la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un trabajo que, recalcan, culminará en que no haya referéndum. Para Rajoy es muy importante que no ocurra lo mismo que el 9-N y con la operación de este miércoles, "la consulta ha muerto", resume un miembro de la dirección del PP.
Rajoy siempre da pocas pistas. Pero quienes le conocen aseguran que no hará un solo gesto antes del 1-O. En su breve comparecencia en la Moncloa se limitó a demandar a Puigdemont que frene todos los movimientos encaminados a un referéndum que no va a ser tal. Y a advertir que el Estado de derecho ha actuado "y lo seguirá haciendo" de forma "firme, proporcionada y rigurosa". El diálogo que el Gobierno ofrece al Govern "en el marco de la ley" pasa por renunciar al 1-O y los independentistas quieren diálogo pero con la condición de que uno de los ingredientes principales sea pactar una fecha para el referéndum.
"Munición a los independentistas"
En la Presidencia del Gobierno admiten los riesgos a los que se enfrentan después de las decisiones del Consejo de Ministros del pasado viernes, con la intervención de la Hacienda catalana, y también con la última operación de la Guardia Civil a instancias del juez. Subrayan que han medido mucho los plazos y que las actuaciones han sido en el momento justo para evitar "más munición de la necesaria" a los independentistas.
Entre esos riesgos citan la posibilidad de que, desde hoy y hasta el 1-O, los independentistas llenen las calles, algo con lo que se encontraron este mismo miércoles. No sólo ocurrió en Barcelona, también en la madrileña Puerta del Sol –con representación de gran parte del arco parlamentario– y en cerca de otra cuarenta ciudades.
En la Moncloa están ya ante otra de las cosas que más temían, ante las imágenes que no querían que dieran la vuelta al mundo: detenciones, tensión entre manifestantes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... Y en el mayor temor de los conservadores está una de las mayores fortalezas de los independentistas: la movilización social. Su capacidad de sacar a miles de personas a la calle.
En este contexto, el presidente de la Generalitat, dio unas "gracias inmensas" a la ciudadanía que había apoyado al Govern durante toda la jornada. "Vuestra solidaridad, afecto y compromiso nos alienta. ¡Gracias inmensas! ¡Seguimos!", escribió, en catalán, en su perfil de Twitter.
Horas antes, en una declaración institucional, había advertido de que el día 1 se llevarán papeletas y se utilizarán.
Ya en castellano, dio las gracias "a todos los demócratas de España que han alzado su voz contra la represión y apoyando el derecho a decidir".
14 detenidos
El Gobierno llevaba una semana advirtiendo, en privado, de que el grueso de las "decisiones políticas" ya habían sido tomadas recurriendo ante el Tribunal Constitucional y trasladando a la Fiscalía algunas de las actuaciones del Govern. Que ya tocaba dejar actuar a la Justicia y que todo el foco iba a dirigirse a la frenar la "logística del referéndum""logística del referéndum". A saber: localizar urnas, papeletas, propaganda, listados de votantes, listados de los llamados a las mesas...
El golpe más fuerte a la organización del 1-O llegó este miércoles al filo de las 9 horas. "La Guardia Civil está desarrollando un dispositivo de servicio para recopilar pruebas e indicios para la investigación, practicando las diligencias judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona", informaba horas después el Ministerio del Interior en una breve nota titulada "referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional".
A última hora de la tarde, los detenidos eran 14 y 41 los registros. Entre los detenidos destacan personas del núcleo de máxima confianza del vicepresidente Oriol Junqueras. Es el caso de Josep Maria Jové, secretario general de Economía y número dos de Junqueras.
Además de altos cargos de Economía, Hacienda y Exteriores, entre los detenidos también figuraban responsables de organismos como el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) como Josue Sallent Rivas y David Franco Martos. Un día después de que la Guardia Civil interviniera 45.000 sobres nominales –se considera que son el 80% del total– para la constitución de las mesas electorales los investigadores habían puesto al CTTI en el punto de mira para evitar que las citaciones otras consultas relacionadas con el 1-O pueden hacerse vía electrónica.
Otros de los detenidos relevantes de los que informaron fuentes de Interior son Xavier Puig Farré, de la Oficina de Asuntos Sociales; Josep Salvado Tenesa y Juan Manuel Gómez (Economía y Hacienda) y David Palancad Serrano (Asuntos Exteriores).
9,8 millones de papeletas
Paralelamente, la Guardia Civil, en el marco de estas actuaciones, intervino en una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona), "material electoral fundamental para la realización del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional", informó Interior en un comunicado.
Concretamente en el registro se procedió a la intervención de 9.894.350 papeletas de votación.
En todo caso, la Generalitat ya informó a principios de mes que las papeletas para el referéndum se pueden imprimir desde casa.
Este miércoles, a poco más de una semana para el anunciado referéndum del 1-O, supuso un punto de inflexión en la ya muy tocada relación entre el Gobierno y la Generalitat. Con las detenciones y registros encaminados a derribar la organización y coordinación del referéndum y con la reacción de los promotores del mismo quedó claro que no hay marcha atrás. Mientras el presidente del Gobierno advertía de que el Govern ya estaba "avisado" de los riesgos a los que se enfrentaban y daba por desmontado el 1-O, en Cataluña, los independentistas salieron a la calle para lanzar el mensaje de que ellos también iban en serio todas las veces que han dicho que el 1-O es inamovible.