El Gobierno ha decidido paralizar la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la Propiedad. Así se lo ha comunicado el titular del departamento, Rafael Catalá, al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, según fuentes próximas a estos profesionales. La versión oficial del ministerio sostiene que aún no hay una decisión tomada al respecto. “Seguimos trabajando para cumplir la orden de las Cortes de llegar a un acuerdo, abierto a las sugerencias de registradores, oposición, sindicatos y secretarios judiciales”, aseguró un portavoz.
La privatización del Registro Civil ha suscitado el rechazo de todos los colectivos implicados: desde los funcionarios hasta los secretarios judiciales y jueces, todos los partidos políticos de la oposición, los sindicatos e incluso los propios registradores. Al unísono pedían al Gobierno que diera marcha atrás en el polémico proyecto. Finalmente, el Colegio de Registradores, tras meses de negociar en una comisión mixta con Justicia las condiciones del traspaso, pidió al ministro que retrasase el traspaso del Registro Civil, en principio previsto para el próximo 15 de julio.
Éste es el tercer proyecto estrella del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón del que se termina desdiciendo el Gobierno, tras dar marcha atrás en la aplicación de las tasas judiciales y en la reforma de la ley del aborto.
Sobre el Registro Civil la duda es todavía si el Gobierno va a decretar una nueva prórroga de la vacatio legis –retraso en la entrada en vigor de una ley– de la ley de 2011 o si el proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso terminará decayendo, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre. La Ley del Registro Civil ya estableció una vacatio legis hasta julio de 2014, que en esa fecha se prorrogó un año.
De que a las intenciones del Gobierno les costaba progresar da idea también el hecho de que va camino de eternizarse en el Congreso la tramitación del citado proyecto de ley de reforma del Registro Civil: el plazo de presentación de enmiendas se amplió el pasado martes una semana más. Lleva en esa fase desde septiembre del año pasado. La dimisión de Ruiz-Gallardón, ese mismo mes, supuso un primer parón en el proyecto de ceder a los registradores el Registro Civil. Su sucesor cambió el equipo al frente de la Dirección General de los Registros y el Notariado, y tiró a la papelera el proyecto inicial de Ruiz-Gallardón: tanto la creación de una suerte de colegio de registradores paralelo al oficial –una “corporación de derecho público” que fue tumbada por un duro dictamen del Consejo de Estado–, como la controvertida adjudicación a Indra y Telefónica, a través de una empresa pública del Ministerio de Defensa, del diseño de la plataforma informática para el nuevo Registro Civil.
A vueltas con la gratuidad y las nuevas tasas
Catalá abrió entonces una comisión mixta con el Colegio de Registradores que no ha dado ningún fruto más allá de la paralización del proyecto. El rechazo dentro del gremio a hacerse cargo de una tarea que los registradores mercantiles consideran ajena y para la que, alegan, carecen de medios, ha socavado también la posición del órgano colegial ante Justicia. La financiación del nuevo Registro Civil es el núcleo del problema. Mientras el ministro Catalá repite una y otra vez que los trámites van a seguir siendo “gratuitos” para el ciudadano “en los mismos términos que ahora”, Justicia negocia con el Colegio nuevas tasas en el Registro Civil y nuevos aranceles para el Mercantil.
Así, el Colegio de Registradores ha pedido a Justicia que le permita cobrar desde los libros de familia electrónicos hasta los actos de última voluntad, la inscripción de poderes, de la vecindad civil o de los contratos de seguro que cubren fallecimientos. El órgano colegial, según deja claro en sus propuestas al ministerio, considera “irrenunciables” estos ingresos como “fuente de financiación” del Registro Civil.
Aunque no es la única fuente de ingresos prevista. El proyecto de ley de reforma del Registro Civil habilita al ministro para que apruebe “en tres meses” nuevos aranceles “correspondientes a la intervención de los registradores de la propiedad y mercantiles respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta ley”.
Imposible para el 15 de julio
El caso es que la filtración de estas negociaciones puso en guardia a buena parte de los registradores, a quienes nunca han visto con buenos ojos hacerse cargo del Registro Civil y a quienes dudaban de que esas nuevas tasas alcanzaran para financiarlo y temían, por tanto, que la tarea terminara siendo sufragada por sus propios bolsillos. Todos ellos comenzaron a desconfiar del Colegio, al que acusaban de oscurantismo y de haber cedido ante Justicia. Además, veían imposible tener dispuestos el personal y las oficinas necesarias para el 15 de julio. Hay que recordar que en estos momentos funcionan 8.122 oficinas del Registro Civil en toda España y los registradores mercantiles son sólo un centenar.
Entretanto, los funcionarios del Registro Civil arreciaban sus protestasarreciaban sus protestas contra la privatización y contra la penuria de medios en que, según denuncian, Justicia les ha ido dejando a la espera del traspaso. Hace sólo unos días el Registro Civil de Sevilla dejó de emitir certificados por falta de papel timbrado. Un magistrado presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el Ministerio de Justicia mandara sólo 28.000 folios pese a que la secretaria del Registro había pedido 60.000.
El Gobierno ha decidido paralizar la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la Propiedad. Así se lo ha comunicado el titular del departamento, Rafael Catalá, al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, según fuentes próximas a estos profesionales. La versión oficial del ministerio sostiene que aún no hay una decisión tomada al respecto. “Seguimos trabajando para cumplir la orden de las Cortes de llegar a un acuerdo, abierto a las sugerencias de registradores, oposición, sindicatos y secretarios judiciales”, aseguró un portavoz.