Cuarenta años después del fin de la dictadura, el Gobierno ya tiene el camino completamente despejado en el Supremo para cerrar una de las heridas más profundas en materia de memoria democrática. El Alto Tribunal ha decidido este jueves levantar formalmente la suspensión cautelar que todavía pesaba sobre los acuerdos del Consejo de Ministros y que había sido establecida mientras se resolvían otros tres recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la exhumación del dictador. Además, los cinco magistrados han dado expresamente el visto bueno al Ejecutivo de Pedro Sánchez para el acceso a la Basílica sin necesidad de que medie una autorización eclesiástica. Ahora, con todos los obstáculos ya superados y una vez recibidas las notificaciones del Supremo sobre sus últimas resoluciones, fuentes del Gobierno dan por zanjado el tema judicial. Y confirman a infoLibre que Presidencia está trabajando para llevar la exhumación al Consejo de Ministros de este mismo viernes. Así, a última hora del jueves, indicaban que "existe un 99% de posibilidades de llevar este viernes al Consejo de Ministros la fecha para la exhumación”, que será ejecutada en los próximos días.
La salida de Franco de Cuelgamuros ha sido una de las prioridades en materia memorialista del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, fue una de las primeras medidas que anunció nada más llegar a la Moncloa. Sin embargo, el proceso se acabó convirtiendo en un auténtico camino de obstáculos. Y cada plazo que se iba poniendo sobre la mesa era incumplido. La judicialización del caso por parte de la familia Franco terminó por tumbar el calendario que manejaba el Gobierno socialista. El pasado mes de junio, cuando solo quedaba una semana para la fecha acordada por el Consejo de Ministros para sacar al dictador del mausoleo, el Tribunal Supremo decidió paralizar cautelarmente la exhumación hasta que los magistrados resolvieran los recursos interpuestos contra la medida tanto por los nietos de Franco como por la Abadía Benedictina, la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y la Fundación Nacional Francisco Franco. Lo hizo para “evitar el perjuicio” que se causaría a los recurrentes y a los intereses públicos “si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos”.
El Supremo decidió a finales de septiembre avalar por unanimidad el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno y su veto a que los restos fueran reinhumados en el cementerio de La Almudena. A pesar de la contundencia con la que se pronunció el Alto Tribunal, desmontando de principio a fin los argumentos de la familia Franco, al Ejecutivo socialista todavía le quedaban algunos flecos sueltos por resolver. Uno de ellos era la aclaración de la resolución judicial que habían solicitado los nietos del dictador en relación con la inviolabilidad de la Basílica. “La aclaración que solicitan los recurrentes no es necesaria”, respondieron este miércoles los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera, añadiendo que la sentencia había sido “clara” en este sentido. En concreto, la resolución judicial estableció que “la inviolabilidad” de los lugares de culto que se recoge en el Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos de 1979 “no puede ir en contra de la aplicación de las leyes cuando en ellas no haya nada que afrente, coarte o impida el pleno ejercicio a la libertad religiosa”.
“La sentencia firme dictada es título legítimo bastante”título legítimo bastante
Con este primer obstáculo superado, el Gobierno de Pedro Sánchez todavía tenía que esperar a que el Alto Tribunal levantase la suspensión cautelar que todavía pesaba sobre los recursos interpuestos por los monjes benedictinos, la Fundación Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Algo que solicitó la Abogacía del Estado después de conocerse la primera sentencia y que el Supremo ha resuelto a primera hora de la tarde de este jueves. A través de tres autos, los magistrados han acordado levantar estas medidas en virtud del artículo 132 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que las cautelares pueden ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento “si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado”. “La sentencia [de la familia Franco] altera sustancialmente los presupuestos sobre los que se tomó la decisión (…) y conduce a una ponderación de los intereses en conflicto distinta a la efectuada (…) en la que ha de darse prevalencia a los de naturaleza pública”, sostuvieron los magistrados.
El Alto Tribunal también ha rechazado el intento de personarse en este asunto de un particular que presentó en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid un recurso contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que daba el visto bueno a las obras para extraer los restos del dictador, un movimiento que derivó en la decisión del juez José Yusty de suspender cautelarmente la licencia al entender que los trabajos no eran seguros. “No puede ser parte procesal ‘afectada’ o ‘interesada”, han recalcado los magistrados, que han recordado por enésima vez que el Supremo “es el único órgano jurisdiccional competente (…) para enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución”. De hecho, el Alto Tribunal ya dejó claro en la sentencia de la familia que la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana faculta al órgano de Gobierno “para decidir la ejecución de proyectos” y que, por lo tanto, no era necesaria “licencia municipal” al tratarse, además, de una obra menor.
La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo también ha puesto orden en relación con la polémica autorización eclesiástica para acceder al templo. Este mismo miércoles, el prior administrador del Valle de los Caídos comunicó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que “no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una ‘res sacra’ (sepultura)” al entender que continúan manteniéndose las “razones” por las que había denegado la entrada hace unos meses. El Vaticano, por su parte, ha repetido que no se opone a la exhumación si así lo han decidido las autoridades competentes. Pero el Alto Tribunal se ha encargado de dejar claro, en una providencia que respondía a la Abogacía del Estado, que “la sentencia firme dictada es, por sí misma, título legítimo bastante” para “acceder” a la Basílica del Valle de los Caídos y “llevar a cabo la exhumación”. “El artículo 118 de la Constitución obliga a todos a cumplir las sentencias firmes”, han aseverado los magistrados. Vía libre para el Gobierno de Sánchez también en este sentido.
El prior defiende ahora que "siempre" han actuado dentro de la ley
El Gobierno da por “zanjado” el tema judicial
Con todos los obstáculos superados en el Supremo, el caso se ha trasladado ahora al Constitucional. La familia del dictador, que pretende continuar con el pulso al Estado, ya ha anunciado la interposición de un recurso de amparo ante el tribunal de garantías por la vulneración de varios derechos fundamentales –principio de igualdad ante la ley, libertad religiosa, intimidad personal y familiar y tutela judicial efectiva–. Este movimiento incluye también la petición de suspensión cautelarísima de la exhumación del dictador hasta que se valore el fondo del asunto. Fuentes del Gobierno, sin embargo, dan por “zanjado” el tema judicial y dicen que no es necesario esperar al tribunal de garantías porque “el Supremo ha dado vía libre y el Constitucional no es un órgano jurisdiccional”. Es más, recuerdan que el TC “casi nunca” acepta estas cautelarísimas. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre coinciden en que es algo “extremadamente infrecuente” y tampoco ven que el movimiento de los Franco suponga un “obstáculo” que pueda impedir la exhumación del dictador.
Con el camino despejado, las fuentes del Ejecutivo socialista consultadas por este diario aseguran, a cierre de esta edición, que Presidencia está “trabajando” para llevar el asunto al Consejo de Ministros de este viernes. Es más, ven “muy probable” que la exhumación vaya a estar en el orden del día del órgano de gobierno, que tendrá que anunciar públicamente la fecha concreta en la que se realizará el traslado. Moncloa quiere intentar a toda costa alejar el acontecimiento de la campaña electoral, por lo que se espera que la salida de los restos del Valle de los Caídos se produzca en los próximos días. De momento, en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el lugar elegido por el Ejecutivo para la reinhumación del dictador, ya está todo listo. El pasado mes de mayo se llevaron a cabo las obras para acondicionar el panteón familiar donde está enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo, que es propiedad del Estado. Ahora, sólo falta el último paso del Gobierno.
Cuarenta años después del fin de la dictadura, el Gobierno ya tiene el camino completamente despejado en el Supremo para cerrar una de las heridas más profundas en materia de memoria democrática. El Alto Tribunal ha decidido este jueves levantar formalmente la suspensión cautelar que todavía pesaba sobre los acuerdos del Consejo de Ministros y que había sido establecida mientras se resolvían otros tres recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la exhumación del dictador. Además, los cinco magistrados han dado expresamente el visto bueno al Ejecutivo de Pedro Sánchez para el acceso a la Basílica sin necesidad de que medie una autorización eclesiástica. Ahora, con todos los obstáculos ya superados y una vez recibidas las notificaciones del Supremo sobre sus últimas resoluciones, fuentes del Gobierno dan por zanjado el tema judicial. Y confirman a infoLibre que Presidencia está trabajando para llevar la exhumación al Consejo de Ministros de este mismo viernes. Así, a última hora del jueves, indicaban que "existe un 99% de posibilidades de llevar este viernes al Consejo de Ministros la fecha para la exhumación”, que será ejecutada en los próximos días.