Cien días. Ese es el plazo que se marcó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en plena campaña de las generales de 2011 para poner en marcha una ley de transparencia en el caso de llegar a La Moncloa. Llegó hace más de un año.
Esta promesa se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del Ejecutivo. Empezó teniendo como objetivo a la Administración Pública. Y ahora que, tras el debate sobre el estado de la Nación, se acordó la inclusión de partidos, sindicatos, Casa del Rey e, incluso, la Iglesia, el proceso se ha ralentizado por el encaje legal de cada uno de estos nuevos actores.
Este viernes lo explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dijo que la ley que prepara el Gobierno aplicará "criterios que para una Administración Pública son muy factibles". Pero que hay que "analizar cada caso" cuando se trata de "instituciones que sí participan de esos fondos públicos pero tienen otra estructura, otra organización, están sometidas al derecho civil..."
Así las cosas, fuentes del Gobierno aseguran que es una ley de "profundo calado, muy compleja". "Una ley para toda una legislatura", indican.
A la "complejidad" que, según miembros del grupo de trabajo que prepara la ley, supone la entrada de partidos y sindicatos, se ha sumado en las últimas semanas la entrada en escena de la Casa del Rey. Cuarenta y ocho horas después de la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos y tras semanas de revelaciones de correos de Iñaki Urdangarin que apuntaban a que el Rey estaba al tanto de los negocios de su yerno, Zarzuela se apresuró a decir que se apuntaban a la ley de transparencia.
Hasta donde quiera la Casa del Rey
Se trata, esta incorporación, de otro punto delicado. Cuentan en Presidencia del Gobierno que sus conversaciones con Casa del Rey a cuenta de esta ley están muy avanzadas. Pero no saben precisar la profundidad, el alcance de esa transparencia. ¿Hasta dónde irá la norma?¿Podremos conocer, por ejemplo, si la princesa alemana Corinna, amiga íntima del Rey, ha vivido en la residencia de La Angorrilla? No se sabe. Fuentes del Ejecutivo no ocultan que se irá todo lo lejos que quiera la familia real.
Esto es también lo que dio a entender el martes en el Congreso de los Diputados el portavoz del PP en la Cámara, Alfonso Alonso, cuando animó a la Corona "a tomar decisiones por sí misma". De momento, lo que será público a partir de la entrada en vigor de la ley serán las partidas de los diferentes ministerios que afecten a la Casa del Rey.
La irrupción de la Iglesia
En los últimos días, después de las presiones del presidente de la Conferencia Episcopal para que el Gobierno cambie la ley del Aborto y del Matrimonio Homosexual, el PSOE exigió que la Iglesia se sume a la Ley de Transparencia.
Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno aseguró que la Iglesia entrará en la ley "si es una institución que mayoritariamente recibe fondos públicos". Aunque Sáenz de Santamaría eludió dar un sí o un no, fuentes del Ejecutivo se inclinan por que sea incluida en un régimen especial, como la Casa del Rey.
Lo que sí dejó claro la vicepresidenta del Gobierno es que hasta la fecha no se han sentado a hablar del tema con la Conferencia Episcopal.
La oposición exige detalles sobre cómo afectará la transparencia al rey, los partidos o la Iglesia
Rondas con los partidos
En el Ejecutivo aseguran que también está habiendo reuniones entre los diferentes grupos parlamentarios en esta fase en la que se están sentando las bases de la ley.
Las mismas fuentes sostienen que, sobre todo PP y PSOE, comparten la preocupación por la dificultad que tendrán, por ejemplo, pequeños ayuntamientos sin apenas infraestructuras de cumplir con los requisitos de la ley. "¿Cómo le pides tu a un ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes que te publique en internet hasta la última factura?", se preguntan. "Ahora entendemos por qué el PSOE no se atrevió a entrar al fondo de esta ley", intentan justificar la dificultad del proyecto que tienen entre manos.
Cien días. Ese es el plazo que se marcó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en plena campaña de las generales de 2011 para poner en marcha una ley de transparencia en el caso de llegar a La Moncloa. Llegó hace más de un año.