El próximo miércoles se constituirá en el Congreso de los Diputados la comisión sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE. La iniciativa, que recibió el respaldo de Mariano Rajoy en el transcurso de sus negociaciones con Pedro Sánchez para acordar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ha sido concebida como un paso previo a la apertura de la reforma de la Carta Magna. En los últimos días, sectores del Gobierno han enfriado esta posibilidad. Sobre todo, en el contexto catalán. Consideran que va a ser complicado que una modificación de la Constitución vaya a servir por sí sola para dar respuesta al sector independentista. "La respuesta ha de ser más global", reflexionan. Y añaden: "Lo que ha pasado en Cataluña requiere de una respuesta más sosegada".
El debate interno en el Gobierno y en el PP se ha visto agitado en los últimos días después de que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis concediera una entrevista a la BBC en la que señalaba, en alusión a la iniciativa del PSOE, que "una comisión explora una reforma de la Constitución para amoldarla a las aspiraciones de algunos catalanes". "Somos conscientes de que existe una situación política que debe ser revisada, pero lo que está claro es que cualquier decisión deberá ser tomada entre todos los españoles", añadía el ministro.
Este mismo viernes, el portavoz del Gobierno era preguntado por las palabras de Dastis en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La opinión del Gobierno siempre ha sido la misma: cualquier iniciativa de reforma constitucional debe residenciarse en el Congreso de los Diputados y eso es lo que se va a hacer", tiró de argumentario Íñigo Méndez de Vigo.
Después, no obstante, dio a entender que es un asunto delicado que no tendrá solución de la noche a la mañana: "Ahí vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a ver qué propuestas hay y vamos a ver también qué apoyo tienen las propuestas porque muchas veces se hacen propuestas y al final para modificar la Constitución hay una serie de procedimientos de reforma que tienen unas exigencias".
Una reforma "que no sea la de todos los españoles"
Otros miembros del Gobierno, en privado, se distanciaban de forma clara de las declaraciones de Dastis en lo que tiene que ver con la finalidad de una reforma constitucional. "Lo que no puede salir de esa comisión es una reforma de la Constitución que no sea la de todos los españoles", subrayaba una de las fuentes consultadas.
En este sentido, se advertía de que cualquier modificación requiere un "altísimo" grado de consenso, "una mayoría muy cualificada". Y de que requiere "muchísimo tiempo". En definitiva, que "se trata de un asunto al que todas las fuerzas políticas deben asistir con responsabilidad habiendo aparcado intereses partidistas". Y que, a día de hoy, es "irresponsable" hablar de qué asuntos deben tocarse cuando ni siquiera han empezado las conversaciones.
El debate sobre la reforma constitucional siempre ha sido complejo puertas adentro del PP, por las diferentes sensibilidades entre sectores más o menos conservadores. Pero cada vez son más los dirigentes de la formación que lidera Mariano Rajoy que ven "inevitable" abrir el debate en serio. En todo caso, para entender la reacción a las palabras de Dastis es importante el contexto de elecciones autonómicas en Cataluña, que tendrán lugar el próximo 21D. En un partido que presume de un discurso único en todos los territorios chirrían mensajes como el del titular de Exteriores, se queja uno de los dirigentes consultados.
El propio Xavier García Albiol, presidente del PPC y candidato de los conservadores el 21D, ya dijo el pasado julio que la reforma de la Constitución no debe hacerse "para dar satisfacción a los partidos independentistas", sino que "tiene que llegar de la mano del consenso mayoritario, como mínimo, de los partidos constitucionalistas". Por aquellas fechas, PSOE y PSC firmaban la "Declaración de Barcelona", el documento que contiene la "oferta" socialista para Cataluña.
El miedo al referéndum
Siempre reacios a abrir el melón de la reforma de la Carta Magna, los conservadores insisten en que antes de hacer cualquier tipo de planteamiento al respecto es necesario el máximo consenso. Ahora que el PP no tiene mayoría absoluta en el Congreso, a los conservadores no les sirve sólo con sacar adelante una iniciativa de este tipo y controlar todo el proceso hasta el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. El temor en el equipo de Rajoy es que, una vez aprobada la nueva redacción, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pida que ésta sea sometida a referéndum para su ratificación. El PP cree que con PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos. El problema lo tiene con el Grupo de Podemos que, con 67 diputados, podría perfectamente plantear la consulta pública contemplada en el artículo 167 de la Constitución. De hecho, el partido de Iglesias ya ha advertido que someterá a referéndum cualquier iniciativa de reforma constitucional para que los ciudadanos puedan pronunciarse y no ocurra como con el cambio del artículo 135, pactado entre PSOE y PP en 2011 y que no se sometió a consulta.
En su punto 3, el citado artículo de la Carta Magna refleja que "aprobada la reforma [constitucional] por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras".
Más allá de la reforma concreta que se sometiese a ratificación en el referéndum, la campaña de una consulta podría convertirse en un plebiscito sobre cuestiones más de fondo como el llamado "régimen del 78" o la forma de Estado, algo que desde el PP se quiere evitar a toda costa.
Seis meses de plazo
La citada comisión, acordada entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, tendrá un mandato de seis meses para hacer propuestas sobre el modelo territorial de España con el fin de abrir después la reforma de la Constitución de 1978, ya en una subcomisión de la Comisión Constitucional que preside el diputado del PP Jesús Posada.
Mientras avanzan los trabajos de este órgano parlamentario, desde el Gobierno se anima a los socialistas a llegar a acuerdos en otros temas. Así se lo trasladó este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Senado la vicpresidenta a la socialista Adriana Lastra: "No todas estas cuestiones tienen por qué acordarse dentro de un marco constitucional [...] La reforma de la Constitución puede ser una parte, pero si queremos hacer un acuerdo en los temas que he comentado podemos hablar de financiación autonómica, podemos hablar de pacto de pensiones, podemos fortalecer la cohesión social de nuestro país con la reforma de la Constitución y, mientras la hacemos y llegamos a ese consenso, sin ella. Por tanto, señoría, yo no cerraría el acuerdo a otras muchas cuestiones porque no todo se resuelve dentro de la Constitución".
Además, aprovechó para advertir de que "la reforma de la Constitución y el avance de los tiempos van mucho más de Juncker que de Junqueras". Unas palabras que distan bastante de las declaraciones que haría ese mismo día Dastis en la BBC.
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Los ausentes
Si no hay cambios de última hora, la nueva comisión nacerá con la ausencia de tres de los siete grupos que conforman el arco parlamentario, puesto que Unidos Podemos, ERC y el PNV Podemoshan declinado, por ahora, participar en este órgano.
Para el Gobierno es clave que participen todos los grupos. "Nos gustaría que todos participaran en ella. Porque hemos visto que algunos adalides del diálogo ya han dicho que no van a participar y me refiero a ERC. Lo que hay que hacer es hablar, dialogar, insisto, donde está residenciada la soberanía nacional y esa es la Comisión. Y es muy raro ahora que quienes han dicho todo este tiempo que no había diálogo, cuando hay un foro de diálogo para hablar de un tema real, la posible reforma de la Constitución, se nieguen a participar", se quejó Méndez de Vigoen rueda de prensa.
El próximo miércoles se constituirá en el Congreso de los Diputados la comisión sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE. La iniciativa, que recibió el respaldo de Mariano Rajoy en el transcurso de sus negociaciones con Pedro Sánchez para acordar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ha sido concebida como un paso previo a la apertura de la reforma de la Carta Magna. En los últimos días, sectores del Gobierno han enfriado esta posibilidad. Sobre todo, en el contexto catalán. Consideran que va a ser complicado que una modificación de la Constitución vaya a servir por sí sola para dar respuesta al sector independentista. "La respuesta ha de ser más global", reflexionan. Y añaden: "Lo que ha pasado en Cataluña requiere de una respuesta más sosegada".