El desencuentro entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el proceso judicial abierto contra los protagonistas del procés independentista y con la posibilidad de convocar un referéndum pactado para que los ciudadanos catalanes sean quienes resuelvan el conflicto catalán condujo a la primera reunión bilateral entre ambas administraciones a la conclusión prevista: ninguna de las dos partes movió ficha.
A falta de acuerdos, más allá de constatar las discrepancias, lo más relevante de las conclusiones es que el diálogo se va a mantener. Generalitat y Gobierno constituirán en las próximas semanas las comisiones y subcomisiones previstas en el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña —en las que está previsto abordar desde temas financieros a inversiones públicas—.
El Govern catalán aprovechó la cita, que comenzó al filo de las cinco de la tarde en una sala del Palau de la Generalitat y se prolongó durante tres horas, para proponer la formación de un “grupo de trabajo”, en palabras del conseller de Acció Exterior, Ernest Maragall, sin capacidad de decisión, integrado por representantes institucionales y expertos en derecho constitucional y dirigido a explorar la búsqueda de soluciones políticas que hiciesen posible el ejercicio del derecho a decidir.
El Gobierno, representado en la reunión por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, rechazó desde el principio la propuesta. No aceptarán un grupo de trabajo en esos términos ni en el seno de la comisión bilateral ni en ningún otro ámbito. El camino para plantear las demandas del Govern, explicó Batet en rueda de prensa, es una reforma del Estatut, que exige una mayoría de dos tercios del Parlament y eventualmente el apoyo de los ciudadanos catalanes a través de un referéndum.
Es la primera reunión de esta comisión en siete años, ya que no se reunía desde el 19 de julio de 2011, entonces con José Luis Rodríguez Zapatero el frente del Gobierno de España y con Artur Mas como presidente catalán.
La delegación catalana la capitaneó el conseller de Acció Exterior, Ernest Maragall, y también la integraban la consellera Elsa Artadi; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; la secretaria general de Acción Exterior, Mercè Salvat; el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell; el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, y el director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Aleix Villatoro.
La delegación del Estado la lideraba la ministra Mertixell Batet y también la integraban el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez; de Hacienda, Inés María Bardón; de Infraestructuras, Pedro Saura; y de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, y el secretario de la representación del Estado, José María Pérez.
Falta de sintonía
La falta de sintonía entre ambas delegaciones quedó patente en la rueda de prensa posterior al encuentro. Batet habló de una reunión “franca” y de “normalidad” institucional y aseguró haber planteado el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez para Cataluña. Maragall elevó la calificación del encuentro a “duro”, se negó a hablar de normalidad cuando entre otras cosas hay “presos y exiliados” y negó tajantemente que la ministra hubiese dado cuenta del supuesto proyecto de Sánchez para Cataluña del que habló en su intervención ante la prensa.
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Aún así ambas partes admitieron que el tono fue cordial y que se pusieron de acuerdo en la confección de un calendario de reuniones de aquí hasta finales de diciembre que, de ser fructíferas, deberían dar lugar a pactos concretos en materia de transferencias pendientes, financiación, déficit y recursos ante el Constitucional, entre otras materias.
El diálogo en torno a los temas que forman parte del núcleo de la discrepancia política entre ambas administraciones es donde no hubo avances. El Gobierno no se movió pero tampoco lo hizo la Generalitat, que seguirá sin atender la demanda del Ejecutivo de Sánchez para que se incorpore a los foros multilaterales, como la Comisión de Política Fiscal y Financiera o el que sirve para preparar la negociación de la reforma de la política agraria común, dos ámbitos en los que se ventilan asuntos de especial trascendencia para Cataluña. Y eso que Batet concedió especial trascendencia a este asunto: “Sólo habrá avances de verdad si se mantiene la lealtad institucional”, advirtió.
La ministra se esforzó en destacar los aspectos positivos de la reunión. “Hay dos cambios sustanciales”, subrayó. “La recuperación de la normalidad institucional y la recuperación del diálogo como método”. Maragall se encargó de ensombrecer las expectativas aunque sí dejó muy claro que la Generalitat va a seguir intentándolo y que mantendrá abierto el diálogo en las comisiones y subcomisiones. “No nos van a expulsar del juego”, advirtió. “Estamos especializados en aguantar y resistiremos. Y acabaremos convenciendo”, señaló en referencia a los presos y a la autodeterminación. En cuanto a la agenda estrictamente estatutaria, tampoco dejó lugar a dudas: las razones de “interés general” les obligan a abordar “todos los temas”. “Y esto quiere decir que no hay un ultimátum ni un plazo: no vamos a renunciar ni a una sola mesa de trabajo ni a una sola oportunidad de exigir” la anulación del juicio al procés o la articulación del derecho a decidir.
El desencuentro entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el proceso judicial abierto contra los protagonistas del procés independentista y con la posibilidad de convocar un referéndum pactado para que los ciudadanos catalanes sean quienes resuelvan el conflicto catalán condujo a la primera reunión bilateral entre ambas administraciones a la conclusión prevista: ninguna de las dos partes movió ficha.