La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que la Iglesia debe pagar el IBI de aquel patrimonio que no este destinado a las funciones de culto y ha añadido que tienen que hacer una reflexión en relación a la casilla del IRPF para la Iglesia porque quieren ver "cómo la Iglesia católica rinde cuentas" y "cómo administra estos fondos" en relación a los objetivos que tiene la legislación española. En este sentido, ha precisado que esos fondos son para política social y "no para otras cosas".
En una entrevista a la Cadena Ser, que recoge Europa Press, en la que ha desvelado que este mismo miércoles 22 de enero se reúne con el nuevo nuncio del papa en España, Bernardito Aúza, la vicepresidenta ha señalado que tienen ya una propuesta de trabajo y quieren que la Iglesia católica en España "responda de la fiscalidad igual que en Francia e Italia. "No pretendemos más", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que informó de ello al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y le dijo que "naturalmente" se ponían a hacerlo.
Sobre la casilla de la Iglesia en el IRPF, ha insistido en que en este punto tienen un "espacio de reflexión abierto" que está segura de que "va a ir bien" porque la disposición de la Santa Sede "es muy buena" y la de la Conferencia Episcopal Española (CEE), "exactamente igual".
"Yo creo que están en disposición de colaboración y puesta al día de alguna cuestiones que hacen falta y que están en el ánimo de la sociedad española en general y de la inmensa mayoría de los católicos españoles, que en ese sentido han evolucionado bastante. Hay una agenda importante que vamos a tratar y que vamos a tratar esta misma mañana", ha recalcado.
Calvo ha definido al nuevo nuncio como alguien que viene de una "trayectoria muy interesante, de Naciones Unidas", persona de confianza del papa en la ONU y con una defensa cerrada del multilateralismo y de "emplearse a fondo" en causas importantes en la zonas de conflicto del mundo.
"Tengo una expactativa muy positiva por conocerle esta mañana", ha dicho Calvo que en el verano pasado elevó una queja formal al Vaticano por las declaraciones del anterior nuncio del papa en España, monseñor Renzo Fratinni, tras afirmar, en una entrevista con Europa Press, que el Gobierno había "resucitado a Franco" con el anuncio de la exhumación.
En todo caso, Calvo ha confirmado que las relaciones con la Santa Sede han dependido y seguirán dependiendo de su cartera. "Mantenemos unas relaciones muy buenas con la Santa Sede, pero también tenemos un calendario de trabajo por delante, que yo se lo he podido contar al cardenal Parolin y que él ha aceptado y que vamos a poner en marcha y que tiene que ver con la fiscalidad de la Iglesia católica", ha recalcado.
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El Gobierno quiere ir a una cumbre de educación en el Vaticano
Además, la vicepresidenta ha destacado el tema educativo, asegurando que el nuncio "sabe mucho" de este asunto y recordando que la Santa Sede va a tener pronto una cumbre sobre educación en el mundo en la que el Ejecutivo quiere participar. Precisamente, el proyecto de Ley de reforma educativa que prepara el Gobierno quiere eliminar la Religión como asignatura evaluable y con alternativa, algo con lo que la Iglesia española no está de acuerdo porque considera que conculca los Acuerdos con la Santa Sede.
"Tenemos asuntos que yo creo que los vamos sacar adelante con un buen ambiente, no sólo con el que tengo con Parolin, sino incluso con el papa. Cuando asistí al nombramiento de dos nuevos cardenales españoles, el papa distinguió a la delegación española atendiéndonos, lo que no hizo con las otras delegaciones, y este Gobierno valoró mucho este detalle del papa", ha concluido.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que la Iglesia debe pagar el IBI de aquel patrimonio que no este destinado a las funciones de culto y ha añadido que tienen que hacer una reflexión en relación a la casilla del IRPF para la Iglesia porque quieren ver "cómo la Iglesia católica rinde cuentas" y "cómo administra estos fondos" en relación a los objetivos que tiene la legislación española. En este sentido, ha precisado que esos fondos son para política social y "no para otras cosas".