El Gobierno defiende en la ONU que la 'ley mordaza' no restringe la libertad de reunión ni de expresión

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela, ha defendido este miércoles en la sede de la ONU en Ginebra que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 "no restringe la libertad de expresión" y "busca salvaguardar el derecho de reunión regulando la intervención de las autoridades cuando la reunión pierde el carácter pacífico" y se usa la violencia contra personas o bienes, según informa Europa Press.

Valenzuela ha encabezado la delegación española que ha viajado a Ginebra para someterse al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo periódico de supervisión del cumplimiento de los Derechos Humanos por el que pasan todos los miembros de la ONU cada cinco años.

En 2015, España recibió numerosas recomendaciones sobre la entonces recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana. La adoptó el Gobierno del PP con mayoría abosluta y sus detractores, PSOE incluido, la bautizaron como ley mordaza.ley mordaza.

Ahora, para la formación del segundo Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE se ha comprometido por escrito con Unidas Podemos a aprobar una ley que la sustituya "para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica", basada "en una concepción progresista" de los derechos.

Entre otras cosas, la nueva ley regulará el derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes, además de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que sanciona hasta con tres años de cárcel a los piquetes que coaccionen en una huelga.

En su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el secretario de Estado no ha hecho alusión a estos planes para una nueva ley y se ha limitado a señalar que la ley no interfiere en la libertad de expresión.

Así, ha señalado que establece que las fuerzas del orden solo pueden actuar cuando una reunión pierde el carácter pacífico y "no habilita ninguna intervención en los mensajes y el objetivo de las reuniones, respetando de esta forma la libertad de expresión y la neutralidad respecto al contenido".

La ley no habiltia para interferir en los medios

Además, ha argumentado que conceptos indeterminados como el orden público se regulan muy detalladamente, cosa que también es una forma de proteger los derechos humanos. La ley, ha proseguido, "no contiene ninguna habilitación para interferir en las sedes de medios de comunicación". También ha argumentado que España tiene muy pocas normas que regulen la libertad de expresión, cosa que, precisamente, la favorece.

Valenzuela ha desarrollado estos argumentos tanto en su exposición inicial como en respuesta a las sugerencias de algunos países. El representante español también ha destacado que en 40 años de reconocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) España solo ha recibido ocho condenas de libertad de expresión. Y ha añadido que en 2015 se suprimió el delito de injurias leves, salvo en el ámbito doméstico.

El alto cargo ha finalizado sus intervenciones con una reflexión sobre los mecanismos del sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU: Puesto que son "pilares esenciales", ha dicho, deben fortalecer su credbilidad, garantizar su transparencia y adaptarse a códigos de conducta. "Mecanismos que actúen con rigor y responsabilidad, fieles a sus mandatos y no sujeros a manipulaciones con fines espurios", ha dicho.

España, que es uno de los países que tiene abierta una invitación permanente a todos estos mecanismos de supervisión, se quejó por escrito el pasado mes de mayo a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, por indicios de connivencia de un grupo de trabajo de la ONU –el de detenciones arbitrarias– que emitió un informe favorable a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.

Venezuela pide diálogo con Cataluña

El examen al que España se ha sometido este miércoles consiste en que todos los Estados miembros pueden hacer recomendaciones al país que se examina, independientemente de su propia trayectoria en materia de derechos humanos. Al margen delas cuestiones más comunes, solo un país, Venezuela, ha hablado de Cataluña, para pedir "un diálogo con el pueblo catalán y sus instituciones".

Por su parte, Pakistán ha pedido una derogación de la ley catalana de lugares de culto "para ponerla en consonancia con la legislación internacional" y las Islas Salomón aconsejan que el Estado reconozca que no se puede "prescribir una educación única" y permita "formas alternativas de educación". Dinamarca ha recomendado una "educación sexual completa" como forma de proteger los derechos de mujeres y niñas.

Además de numerosos reconocimientos por los avances, la mayor parte de las recomendaciones dirigidas a España se han referido a la necesidad de trabajar más por la igualdad de hombres y mujeres y para combatir la violencia de género, a los derechos sociales de los migrantes y solicitantes de asilo y sus condiciones de vida, a la no discriminación de gitanos y afrodescendientes y a la protección de los menores.

Esfuerzos para el asilo

Ante todas ellas, Valenzuela ha destacado que España está trabajando por mejorar los mecanismos de tramitación del asilo y ha incidido en que el refuerzo de plantillas que aprobó el Gobierno en 2018 ha permitido multiplicar los expedientes resueltos: 62.641 en 2019 frente a 12.000 un año antes.

También ha aludido a los planes en marcha para asegurar que los menores migrantes no acompañados –que se han duplicado desde 2017– reciben un trato digno y adecuado. Asimismo, ha explicado que los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla no son asimilables a prisiones y que sus ocupantes tienen libertad de movimiento.

Además, ha vuelto a aludir a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 para asegurar que la normativa española no permite la identificación por perfiles raciales. Según ha dicho, le ley de 2015 establece que, en la identificación, se respetará la igualdad de trato y no discriminación por nacimiento u origen racial o étnico. Y ha asegurado que España no hace repatriaciones de inmigrantes "sin el debido proceso" y sin garantías y que "no caben expulsiones sumarias".

Valenzuela ha expuesto otros planes del Gobierno, desde el II Plan de Derechos Humanos y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, demorados por largo periodo en funciones, hasta una ley de educación que "por primera vez incluye el enfoque de derechos de la infancia como primer principio rector". La ley, ha dicho, tendrá un enfoque de igualdad de género, la educación en igualdad e inclusiva y la asignatura de educación en valores cívicos y éticos, con especial atención a los derechos humanos y al estudio de otras culturas".

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Discapacidad y Constitución

También ha aludido a los planes del Gobierno de reformar el artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra "disminuidos", pero no ha aclarado si seguirá la recomendación de la Real Academia de utilizar "discapacitado" o mantendrá la intención del Gobierno de escribir "personas con discapacidad".

Además, sobre la memoria histórica y la reparación a las víctimas del franquismo –un asunto que ha sido mencionado por unas pocas delegaciones–, ha mencionado que la dirección general creada en 2018 ha sido ahora elevada a Secretaría de Estado, pero no ha mencionado lo más llamativo de la actuación del Gobierno en este ámbito: la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.