Las competencias de gestión de la crisis sanitaria están en manos de las comunidades y el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar esa situación. Los ejecutivos autonómicos, que son los que actúan obre el terreno, son quienes tienen la responsabilidad de plantear la necesidad de cambiar de escenario si eventualmente la transmisión comunitaria, que ya existe al menos en Cataluña, se descontrola, según las fuentes del ministerio consultadas por infoLibre. Sobre todo si los contagios vuelven a crecer de forma exponencial, como sucedía en marzo, y amenazan el sistema de cuidados hospitalarios. En ese caso, como ya ocurrió en marzo, la única forma de parar el virus será el confinamiento domiciliario.
Sanidad se ha propuesto exprimir al máximo los mecanismos de coordinación entre comunidades a través de Consejo Interterritorial de Salud y respetar las competencias de cada administración. Por esa razón el ministerio que dirige Salvador Illa ha decidido esperar a que las comunidades, si en algún momento lo consideran necesario como consecuencia de la evolución de la epidemia en sus respectivos territorios, le soliciten el confinamiento domiciliario en un territorio determinado, lo que en estos momentos interpela a los presidentes Quim Torra (Cataluña) y Javier Lambán (Aragón). Será en ese momento —que todavía no está encima de la mesa, subrayan las fuentes consultadas— cuando el Gobierno decrete un nuevo estado de alarma que ordene a la población de un área determinada permanecer en sus viviendas —como sucedió el 14 de marzo—.
La legislación ordinaria, subrayan en Sanidad, es la que se está aplicando en la actualidad y la que da soporte a las medidas de control que se están aplicando, bajo supervisión judicial, en Cataluña, Aragón, Galicia o el País Vasco. Pero no sirve para obligar a la población a confinarse en sus casas, insisten. Para eso es necesario un nuevo estado de alarma que deba ser refrendado por el Congreso de los Diputados.
El Gobierno siempre ha sostenido que, de ser necesario, volvería a declarar el estado de alarma. Y sigue estando dispuesto a hacerlo, si bien confía en poder aprobar el decreto a petición de la comunidad o las comunidades afectadas y con el respaldo del conjunto del Consejo Interterritorial de Salud.
Tal es el interés de Sanidad en mantener el reparto competencial y la responsabilidad de cada administración que, en el caso de que la alarma se circunscriba al territorio de una única comunidad, no descarta que el decreto correspondiente nombre máxima autoridad al presidente del gobierno autonómico afectado.
El Plan de Respuesta Temprana aprobado el jueves en el Consejo Interterritorial de Salud deja clara la posibilidad de decretar “acciones simultáneas de confinamiento en todo el territorio estatal o en territorios específicos”, así como “actuaciones relacionadas con el control de la movilidad y el transporte”.
El mismo documento afirma la posibilidad de decretar un “ámbito competencial extraordinario en el marco de un estado de alarma cuando, atendiendo a la dimensión de la epidemia, las medidas previstas en la legislación ordinaria resultan insuficientes“.
El punto de inflexión
Llegar a ese punto en el que la declaración de un nuevo estado de alarma esté encima de la mesa depende de que exista una “transmisión comunitaria sostenida con presión creciente sobre el sistema sanitario”. Y aunque ahora hay lugares en los que hay transmisión comunitaria, los datos de Sanidad todavía no indican una situación fuera de control —un incremento “exponencial”— y mucho menos una situación preocupante en los hospitales, en gran parte porque la gran mayoría de los contagios detectados en las últimas semanas son asintomáticos o leves. La situación, sin embargo, puede cambiar. Por eso la evaluación se repite diariamente.
Los últimos datos hechos públicos este lunes han revelado la detección de 4.581 contagios desde el viernes y de nueve muertes con covid-19 en los últimos siete días.
“Estamos teniendo una tendencia ascendente en las tres últimas semanas y, de hecho, se han triplicado, pero hasta el 70% son asintomáticos” y el 65% son en Cataluña y Aragón”, Segundas la doctora María José Sierra, número dos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
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En el ámbito hospitalario las cifras están todavía lejos de ser preocupantes, según Sierra. Hasta 15 personas han ingresado en UCI por coronavirus y 237 han requerido un ingreso en la última semana.
El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró este fin de semana en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio que “cualquier restricción de un derecho fundamental” como la movilidad tiene que se refrendado por el poder judicial si es muy concreto y por el legislativo si es generalizado. “Si es generalizado, el instrumento ha de ser el estado de alarma, que de momento no contemplamos”, explicó.
Illa aprovechó la rueda de prensa diaria en la que las autoridades epidemiológicas españolas dan cuenta de la evolución de la pandemia en España para comparecer por sorpresa ante los informadores, manifestar su respaldo a las medidas que están tomando las Comunidades Autónomas en estos días en los que cunde la preocupación por los rebrotes y, sobre todo, para hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de los ciudadano para que cumplan las normas estrictamente. Mascarilla, distancia de seguridad, lavado de manos frecuente y medidas de higiene, porque “donde se relajan” estas medida es donde “aparecen estos brotes, advirtió.