La Consejería de Asuntos Sociales de Madrid adjudicó a dedo en julio de 2009 por 68.900 y 67.280 euros sendos contratos relacionados con la Ley de Dependencia a la tecnológica Indra Sistemas SA y a Equipo Económico SL, la consultora que había fundado tres años antes Cristóbal Montoro. Oficialmente, o al menos así lo sostiene la única respuesta facilitada a este periódico por el Ejecutivo madrileño, ninguno de los dos contratos llegó a materializarse porque hubo "orden" de no formalizarlos. Quién, cuándo y bajo qué argumento de interés general impartió aquella directriz es un misterio. El Ejecutivo se niega a desvelarlo.
infoLibre dispone de los anuncios oficiales que recogen esas dos adjudicaciones, fechadas el 1 de julio de 2009 (la de Equipo Económico) y el día 20 de ese mes (la de Indra) y otorgadas mediante procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, a dedo.
Una década después, los dos anuncios de adjudicación permanecían este viernes localizables en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid sin que ningún documento indique que ninguna de las dos llegó a hacerse realidad. Ambas aparecen como "adjudicaciones provisionales" al igual que ocurre con otras alojadas en la misma web y de las que, en principio, ningún elemento permite pensar que no se llevaron a efecto. Un antiguo alto cargo consultado por este periódico remarcó que si los contratos no llegaron a formalizarse debería quedar rastro documental sobre el desistimiento de la Administración y su porqué en la web del perfil del contratante.
Buena parte de los contratos de la Comunidad de Madrid con el gigante tecnológico Indra están siendo investigados en la pieza del caso PúnicaPúnica sobre financiación del PP.
El contrato con Indra que, según el Gobierno regional, no se formalizó tenía un objeto idéntico al que esa misma empresa había obtenido varios meses antes –21 de noviembre de 2008– también mediante procedimiento negociado sin publicidad. El enunciado de los dos contratos es este: "Gestión de agendas y zonificación de expedientes para la realización de valoraciones a los usuarios de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid". El primero de los dos sí se ejecutó, sostiene la Consejería de Políticas Sociales. Es el segundo el que por razones desconocidas para este medio fue abortado según la versión oficial, versión que no ha podido ser verificada.
También en el caso de esta primera adjudicación a Indra todo lo que consta en el perfil del contratante es una adjudicación provisional: 36.500 euros que quedaron reducidos a "21.088,89 (IVA incluido)" porque la fecha prevista para el inicio de contrato pasó a ser el 5 de diciembre de 2008.
En la segunda adjudicación a la tecnológica, otorgada el 20 de julio de 2009, se señalaba un plazo de ejecución de dos meses –el de la primera no figura en los documentos disponibles–, pero el importe se triplicó y pasó a ser de 68.900 euros. Una de las incógnitas es la de por qué la Comunidad no convocó un concurso si planeaba mantener el servicio de elaboración informática de agendas para valorar a los ciudadanos con derecho a prestaciones por la Ley de Dependencia.
En cuanto a la adjudicación a Equipo Económico SL, el enunciado del contrato es, para empezar, erróneo. Ese enunciado señala que se trata de un contrato titulado así: "Servicio integrado de información telefónica y presencial de la Comunidad de Madrid sobre la atención a las personas en situación de dependencia".
Pero el apartado de "Descripción del objeto" presenta el encargo como algo radicalmente distinto. Y lo presenta de una forma tan enrevesada que resulta difícil comprender para qué exactamente acudió la Consejería de Asuntos Sociales a la consultora vinculada al apellido Montoro. Esto es lo que dice el texto: "Descripción del objeto: El servicio consiste en la elaboración de los estudios que desde la Dirección General de Coordinación de la Dependencia sean objeto de encargo con motivo del la aplicación práctica de la normativa que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid y apoyo en la elaboración de normativa de desarrollo y sobre cuestiones puntuales en materia de dependencia. A partir de los diferentes estudios y consultas que se realicen, se pretende conseguir un marco normativo que mejore la gestión del proceso para acceder a los servicios, recursos y prestaciones para la promoción de la autonomía personal y la atención de la dependencia en la Comunidad de Madrid".
¿Estaba la consejería encomendando a Equipo Económico SL la elaboración de normas que desarrollaran la ya existente en materia de dependencia? Eso parece, pero este periódico ni siquiera ha podido confirmar tal extremo. Como publicó el diario ABC, la consultora fue constituida en junio de 2006 con Cristóbal Montoro, entonces exministro de Hacienda de Aznar, como accionista principal. En 2008, una vez regresó a la primera línea política, se desligó del accionariado, al que se incorporó su hermano Ricardo. Tras la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, volvió a ostentar la cartera de Hacienda.
Fue el viernes 18 cuando este periódico contactó con los portavoces de la consejería que ahora dirige Alberto Reyero, de Ciudadanos, y que en 2009 tenía a su frente a Engracia Hidalgo, hoy concejal de Hacienda de Madrid y que había llegado a Asuntos Sociales desde la Consejería de Hacienda y la presidencia de la agencia de informática de Madrid, ICM.
Tras varios días de espera, los portavoces de Políticas Sociales se negaron a responder a las preguntas planteadas. Aseguran seguir instrucciones de los servicios jurídicos. No solo el acceso a los expedientes sino el simple hecho de obtener respuesta a las preguntas ordinarias sobre el asunto planteadas por este periódico queda supeditado, fueron sus palabras, a la presentación de una solicitud escrita al amparo de la Ley de Transparencia. El viernes 25 de octubre por la tarde, y ante la ausencia total de explicaciones, infoLibre pidió a un portavoz de Hidalgo que le mostrase los anuncios de adjudicación y le preguntase qué pudo haber pasado. No hubo respuesta.
La Consejería de Políticas Sociales había asegurado el pasado lunes a este periódico que ni la adjudicación a Equipo Económico SL en el expediente 83/2009 ni la otorgada a Indra Sistemas SA en el expediente 78/2009, ambos tramitados como procedimientos negociados sin publicidad, se habían formalizado y que los contratos, por tanto, no llegaron a existir. Respecto del tercer expediente por el que preguntó infoLibre, el 132/2008, adjudicado a Indra mediante negociado sin publicidad, los mismos portavoces respondieron que sí se había llevado a efecto.
Respecto de los expedientes 83/2009 y 78/2009, los portavoces se limitaron a decir entonces que había habido "una orden" para que ninguna de las dos adjudicaciones se llevara a efecto.
El Gobierno de Madrid anuló una adjudicación a Indra y otra a la empresa fundada por Montoro y luego les pagó sin contrato
Tras obtener la respuesta indicada, este periódico preguntó quién, cuándo y qué razón de interés general adujo para ordenar el desistimiento. Y, de forma adicional, solicitó acceder al contenido de ambos expedientes.
El miércoles, cinco días después de la primera solicitud de información, la Consejería denegó tanto la respuesta a las preguntas formuladas a través de su gabinete de comunicación como la entrega o el visionado de cualquier documento de los expedientes administrativos.
En ambos casos, tanto para obtener respuesta a las preguntas formuladas por este medio de comunicación como para acceder a los expedientes, los portavoces del consejero Alberto Reyero indicaron que infoLibre debe hacer una solicitud en aplicación de la Ley de Transparencia. Los portavoces remarcaron que la decisión de no responder no había sido adoptada por la Consejería sino que era consecuencia de lo indicado por los servicios jurídicos de la Comunidad.
La Consejería de Asuntos Sociales de Madrid adjudicó a dedo en julio de 2009 por 68.900 y 67.280 euros sendos contratos relacionados con la Ley de Dependencia a la tecnológica Indra Sistemas SA y a Equipo Económico SL, la consultora que había fundado tres años antes Cristóbal Montoro. Oficialmente, o al menos así lo sostiene la única respuesta facilitada a este periódico por el Ejecutivo madrileño, ninguno de los dos contratos llegó a materializarse porque hubo "orden" de no formalizarlos. Quién, cuándo y bajo qué argumento de interés general impartió aquella directriz es un misterio. El Ejecutivo se niega a desvelarlo.