La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ha mandado una carta a los responsables de Fertiberia exigiéndoles el pago de los 65,9 millones de euros, en concepto de aval, al que le obliga un auto de 2015 de la Audiencia Nacional. La misiva, a la que ha tenido acceso infoLibre, recuerda a la compañía que han transcurrido "más de siete meses" desde la última notificación del tribunal, en la que se reitera la obligación de abonar el depósito. La justicia obligó a Fertiberia a restaurar ambientalmente la zona de la ría de Huelva, antes marisma de apreciado valor ecológico, en la que estuvo décadas vertiendo fosfoyesos y contaminando, explican los informes científicos, la convergencia entre los ríos Tinto y Odiel.
Vista aérea de la ciudad de Huelva, con las balsas de fosfoyesos al sureste.
Fertiberia, que en febrero de 2020 pasó de estar en manos del grupo Villar Mir a ser propiedad del fondo alemán Triton, ha insistido en todo momento en que no tienen liquidez para hacer frente al aval y ofreció a la justicia quedarse con la hipoteca de su fábrica en Puertollano. Sin embargo, Transición Ecológica recuerda en la misiva que la Audiencia Nacional aseguró en su auto que "solo de acreditarse suficiente y fehacientemente la imposibilidad de constituir total o parcialmente una garantía de esa naturaleza", es decir, solo demostrando que la compañía no puede pagar el aval, "se admitiría la constitución de garantía hipotecaria sobre los muebles o inmuebles de titularidad de la empresa".
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La Dirección General de la Costa y el Mar ha enviado, además de una carta a Fertiberia, otra a la Audiencia Nacional en el que se informa del "incumplimiento del deber de constitución de la mencionada garantía". El Ministerio para la Transición Ecológica está personado en el proceso judicial, a petición de Mesa de la Ría, la asociación convertida en partido político que lleva décadas batallando contra la balsa de fosfoyesos.
Para Rafael Gavilán, su presidente, la dilación de los plazos y la negativa a pagar por parte de Fertiberia esconde "la intención de escaparse sin cumplir su obligación", que es la de restaurar ambientalmente la zona, explica a infoLibre. Cree que el objetivo de la empresa es que la justicia embargue sus instalaciones, ya que son conscientes de que a Transición Ecológica no le interesa el embargo y sí que se garantice económicamente la eliminación de la balsa. Y que ahora será más difícil seguir con la batalla, ya que pertenece a un grupo internacional. El temor de que la máxima de "quien contamina, paga" no se cumpla y que la balsa se quede en Huelva sine die es real.
El material almacenado supera las 70 millones de toneladas en montañas que alcanzan los 25 metros de alto. El problema se remonta a 1967, año en el que Franco decide convertir a Huelva en una potencia industrial y concede los terrenos para ser usados como vertedero. La concesión caducó en 2003, y hasta 2010 no se dejaron de depositar residuos allí. Fertiberia ha llegado a argumentar en sede judicial que los terrenos donde se encuentran las balsas no podían ser considerados dignos de protección porque, gracias a sus residuos, ya no eran marismas. Pero perdió y ahora no paga lo que le exige el Estado.
La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ha mandado una carta a los responsables de Fertiberia exigiéndoles el pago de los 65,9 millones de euros, en concepto de aval, al que le obliga un auto de 2015 de la Audiencia Nacional. La misiva, a la que ha tenido acceso infoLibre, recuerda a la compañía que han transcurrido "más de siete meses" desde la última notificación del tribunal, en la que se reitera la obligación de abonar el depósito. La justicia obligó a Fertiberia a restaurar ambientalmente la zona de la ría de Huelva, antes marisma de apreciado valor ecológico, en la que estuvo décadas vertiendo fosfoyesos y contaminando, explican los informes científicos, la convergencia entre los ríos Tinto y Odiel.