El acuerdo preliminar suscrito la pasada semana entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para expulsar a Turquía a "todos los nuevos migrantes" que lleguen a las costas de Grecia, sean personas que huyen de conflictos armados o migrantes económicos, sin darles la oportunidad de pedir asilo y de forma colectiva, fue recibido con fuertes críticas por parte de ONG, juristas y expertos en derechos humanos, que desde un primer momento cuestionaron su legalidad. Incluso el alto comisionado de la ONU para los refugiados señaló que podría chocar con los principios de derecho internacional.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, estuvo presente en esa reunión, tras la que se mostró favorable a la devolución de miles de personas a suelo turco. "Es importante que Turquía se comprometa a que todas las personas que crucen ilegalmente la frontera para entrar en la Unión Europea sean readmitidas en ese país", dijo entonces. Después de una semana de críticas generalizadas, este lunes, una semana después de ese encuentro, el Ejecutivo se afanó en vender un cambio de posición.
El primero en hacerlo fue el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, que, por la mañana, en declaraciones a los medios, tachó el acuerdo preliminar UE-Turquía de "inaceptable" y avanzó que España rechazaría las expulsiones colectivas de refugiados. Lo cierto es que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE –en la que se consagra el derecho al asilo y que es de obligado cumplimiento para los Estados miembros– recoge expresamente la prohibición de las "expulsiones colectivas" de solicitantes de asilo. Parecía entonces que el Ejecutivo español estaba dispuesto a acudir con un no al Consejo Europeo de esta semana en el que se espera ratificar ese documento.
Pero, horas después, el Ministerio de Exteriores difundió a la prensa un documento en el que ponía negro sobre blanco cuál es la propuesta que España realmente pretende defender, en la que la única modificación respecto al acuerdo suscrito la semana pasada era en relación a las expulsiones colectivas. En ese texto, el Gobierno explicita que su voluntad es la de que sólo sean retornados "los que no hayan solicitado asilo o su solicitud haya sido rechazada por ser infundada o inadmisible (por haber recibido protección internacional en un primer país o proceder de un país seguro)", que "podrán recurrir" y que "no podrán ser retornados mientras se resuelve el recurso". Es decir,
Por tanto, lo que se deduce de ese documento es que el Gobierno limita a las expulsiones colectivas su crítica al preacuerdo suscrito entre la UE y Turquía. Aunque la realidad es que, tras las presiones de los últimos días, la eliminación del condicionante de las devoluciones masivas ya se daba por hecha antes de la cumbre de ministros de Exteriores de este lunes.
Turquía, país "seguro"
Lo que sí está claro en la propuesta española es que obvia otro de los aspectos más criticados: la definición de Turquía como país "seguro". El Gobierno de Rajoy reconoce que Turquía no ha firmado el primer protocolo de la Convención de Ginebra, si bien pone en valor que se haya comprometido a ofrecer "garantías equivalentes". Sin embargo, informes recientes de organizaciones como Amnistía Internacional vienen denunciando que los 2,5 millones de personas refugiadas que se calcula que acoge este país están "cada vez más expuestas individualmente a la detención arbitraria y la expulsión". Esta ONG también ha probado la devolución de refugiados a Siria por parte del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
El documento que contiene la propuesta española también certifica el principio de que "por cada sirio que Turquía readmita desde las islas griegas, otro sirio será reasentado desde Turquía hacia la UE". Eso sí, dentro del cupo fijado. El plan ideado en las cumbres y reuniones de ministros de países europeos celebradas en los últimos meses para dar solución a la crisis de refugiados pivota sobre dos aspectos principales: el reasentamiento de 22.000 solicitantes de asilo desde terceros países (dentro de los cuales estarían los aceptados en virtud de este acuerdo) y la reubicación en un plazo de dos años de 160.000 de las personas provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea que han llegado en los últimos meses a las costas de Grecia e Italia.
Los últimos datos oficiales difundidos por la Comisión Europea certifican que, por el momento, los acogidos son sólo 937. De ellos, únicamente 19 han llegado a España, a pesar de que el compromiso era aceptar a 17.680.
Un cambio "insuficiente"
Del campamento de Calais al de Grande-Synthe, dos formas de acoger a los migrantes
Europarlamentarios españoles consultados por infoLibre no dudan en tachar de "insuficiente" el ligero cambio en la posición española. A juicio de Javi López, eurodiputado del PSC-PSOE, esta modificación "parece más una artimaña para poder vender la viabilidad legal de la propuesta que un cambio real en el acuerdo". Considera que lo que habría que cambiar es la "naturaleza" de ese acuerdo, que lo persigue es "externalizar a Turquía la gestión de la crisis de los refugiados a cambio de pagar una alta factura". Hay que recordar que el acuerdo preliminar suscrito la semana pasada preveía pagar a Turquía una ayuda de 6.000 millones de euros y facilitar la supresión para sus ciudadanos de la necesidad de tener visado para viajar a Europa a partir del próximo junio a cambio de aceptar a estas personas.
También es muy crítica con los términos del acuerdo la eurodiputada de IU Marina Albiol, que considera deficiente esta variación en la posición española en relación a un principio de acuerdo que califica de "vergonzoso por múltiples razones". "No sólo cuestionamos las expulsiones masivas, sino la externalización de la frontera. No estamos de acuerdo en que sea Turquía el país que se encargue del control de las fronteras a cambio de dinero y de que la Unión Europea haga la vista gorda sobre las masacres del pueblo kurdo o ante la falta de libertades. Estamos en contra del espíritu del acuerdo, no basta con pequeños retoques", subraya.
La justificación del cambio de postura del Gobierno español por la vulneración de la ley europea que suponen las devoluciones masivas es un ejercicio de "cinismo" a juicio de Ernest Urtasun, eurodiputado por ICV integrado en el Grupo de Los Verdes/ALE. "El rechazo en frontera de las personas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla sin darles la oportunidad de que puedan solicitar asilo, como establece la doctrina del Tribunal Constitucional, las directivas europeas y los convenios internacionales, es algo que ocurre de forma habitual en España. Estaría muy bien que este rechazo a las devoluciones en caliente también lo aplicaran en casa", sentencia.
El acuerdo preliminar suscrito la pasada semana entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para expulsar a Turquía a "todos los nuevos migrantes" que lleguen a las costas de Grecia, sean personas que huyen de conflictos armados o migrantes económicos, sin darles la oportunidad de pedir asilo y de forma colectiva, fue recibido con fuertes críticas por parte de ONG, juristas y expertos en derechos humanos, que desde un primer momento cuestionaron su legalidad. Incluso el alto comisionado de la ONU para los refugiados señaló que podría chocar con los principios de derecho internacional.