El Gobierno mueve todos sus hilos para que el catalán sea oficial en la UE contra un PP que trata de tumbarlo

Bruselas, Madrid y Barcelona. En estas ciudades se juega a estas horas buena parte de la legislatura. El Gobierno mueve todos sus hilos en la UE para lograr la cooficialidad del catalán, gallego y euskera en las instituciones europeas, mientras el PP rema en sentido contrario para frustrar esta exigencia que hizo Junts al PSOE para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea tiene en su orden del día este martes la votación planteada por España para elevar el estatus de estas tres lenguas dentro de la UE, donde hace falta que haya unanimidad y que ningún país presente un veto. El Ejecutivo español lleva meses hablando de manera discreta con los socios para explicar su propuesta, con una acción diplomática liderada por el titular de Exteriores, José Manuel Albares.

El Gobierno está argumentando al resto de socios que esas lenguas ya se pueden utilizar en el Parlamento español, que la implementación se haría de forma gradual y, además, que el coste lo asumiría España. Todo ello para convencer a algunos países reticentes a la iniciativa por temor a tener que extenderlo a lenguas minoritarias en sus territorios (por ejemplo, los bálticos no están por la labor) o los Ejecutivos que pueden poner pegas financieras.

España se está moviendo intensamente por la presión que también está ejerciendo Junts, que quiere ver resultados, según trasladan en sus reuniones con los socialistas. En este sentido, el Ejecutivo trata de atar el apoyo de los posconvergentes materializando pactos como fue el registro de la proposición de ley para el traspaso de materias migratorias a la Generalitat de Cataluña.

El PP: "Un debate innecesario"

Pero los contactos también se suceden en sentido contrario, ya que el PP español se está moviendo con sus socios europeos para que algunos de los gobiernos conservadores tumben la iniciativa del Ejecutivo de coalición. Los populares están tratando de tejer alianzas de manera silenciosa, pero el Partido Popular de Cataluña ha revelado que están presionando. "El debate que tenemos no es porque haya un interés específico de que el catalán sea usado en las instituciones europeas, sino que este debate está ahí porque Pedro Sánchez necesita los siete votos de Junts para mantenerse en el Palacio de la Moncloa", señaló el secretario general del PPC, Santi Rodríguez.

Desde Génova 13, Borja Sémper evitó concretar la posición pero se lanzó a criticar al Gobierno por sus contactos: "Mañana ya veremos, y esta es nuestra posición. Lo que estamos viendo al final es todo deslavazado, es un intento absurdo y de la peor manera posible de presionar a países socios". "El mayor ataque que se le está haciendo al catalán es el que está haciendo Pedro Sánchez, generando una incertidumbre, un debate innecesario", apostilló el dirigente popular.

El PSOE replica que el 40% de la población española vive en territorios con lenguas cooficiales y que esta iniciativa supone “reforzar la identidad plurilingüe”. “El PP se dedica a poner piedras en el camino para la normalización”, lanzan desde Ferraz, donde piden a los populares “coherencia” y que no nieguen la diversidad lingüística en España.

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Para Junts se trata de una cuestión prioritaria y ha sido uno de los asuntos que más ha reivindicado en los últimos años. De hecho, fue clave que se hiciera pública la petición ante la UE horas antes de que dieran su primer voto en agosto de 2023 para la formación de la Mesa del Congreso liderada por la socialista Francina Armengol. Asimismo, se implantó la utilización de las lenguas cooficiales en los debates en el Congreso de los Diputados.

Los de Carles Puigdemont necesitan que se materialicen las medidas para seguir apoyando a Sánchez en el Congreso. Además, esta votación llega en un momento en el que la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont se encuentra paralizada (el Tribunal Constitucional prevé abordar el recurso del PP a finales de junio y el TJUE tiene que pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales). 

La relación entre los socialistas y Junts está en continuo examen y ha vivido momentos de casi ruptura durante estos meses como sucedió cuando los independentistas amagaron con obligar al Gobierno a presentar una cuestión de confianza. No obstante, en el Ejecutivo tratan de darle su espacio a este partido y que puedan vender su propio relato como sucedió con el acuerdo para el apoyo del decreto para hacer frente a los efectos económicos de los aranceles de Donald Trump (el partido catalán habló de porcentaje para empresas catalanas, cuando la medida no es por territorios sino a petición de las compañías y pymes afectadas). Aunque en Junts señalan que no les temblará el pulso si tienen que romper la estabilidad en el Congreso, los cargos socialistas creen que terminará siempre ganando la voluntad de acuerdo.