El Gobierno de Murcia autorizó en el Mar Menor sin evaluación ambiental un dragado de arena con metales pesados

El Gobierno de Murcia dio vía libre en junio de 2012 a un proyecto de mejora de un puerto deportivo del Mar Menor, Los Nietos (Cartagena), que incluía el dragado de 30.000 toneladas de arena: 20.100 metros cúbicos que lastraban la navegabilidad. Lo autorizó adoptando "la decisión de no someter a evaluación ambiental" el proyecto, como figura en el enunciado inicial de la resolución administrativa. Seis meses antes, y en respuesta a una solicitud del club concesionario, la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente había denegado extender en la playa los fondos marinos del puerto: las muestras analizadas –se lee en un oficio del que envió copia al Ejecutivo regional– habían destapado que los contenidos de cadmio, plomo y zinc estaban "muy por encima de valores límites aceptables para arena de playa". 

De la denegación de Costas no figura ni una referencia en las 28 páginas de la resolución autonómica que, liberando al proyecto de Los Nietos de pasar el cribado de una declaración de impacto, allanó el camino del dragado, finalmente realizado en 2016 y reducido a un tercio de la dimensión original prevista. El actual consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, y uno de sus antecesores, Antonio Sevilla Recio, habían participado en 2009 y 2010 como ingenieros durante su etapa privada en la redacción de los proyectos de acondicionamiento de este puerto deportivo, que cuenta con 402 amarres y una superficie abrigada de 25.500 metros cuadrados.

A las preguntas de infoLibre sobre por qué la Dirección General de Medio Ambiente, en 2012 adscrita a la Consejería de Presidencia, eximió de evaluación ambiental al proyecto de acondicionamiento y mejora del puerto deportivo, los portavoces de la Consejería de Fomento de Murcia respondieron finalmente así: "La Comunidad hizo un trámite ambiental del proyecto básico de obras de acondicionamiento y mejora en el puerto deportivo de Los Nietos de mayo de 2010 que determinó que no era necesaria la evaluación de impacto ambiental, y vino a decir que si se quería verter en la playa que se estudiara previamente. Así se hizo". Y el resultado, añaden, fue que la arena se depositara en un "vertedero autorizado". 

El puerto Los Nietos se localiza en la ribera oeste del Mar Menor, la laguna salada donde la contaminación se ha traducido ahora en la muerte de miles de peces por falta de oxígeno pese a estar sujeta a prácticamente todas las figuras nacionales e internacionales de protección ambiental. Pero la ley, sostiene la Consejería de Fomento murciana, permite la fórmula elegida –no efectuar declaración de imacto ambiental– para la mejora de una instalación deportiva cuya concesión expiró en octubre de 2010 y que 11 años después la mantiene "en precario" el Club Náutico Los Nietos. Expertos en derecho ambiental de alto nivel que pidieron no ser identificados y a los que infoLibre informó tanto de los principales datos documentados en este asunto como de la explicación legal ofrecida por el Gobierno murciano coincidieron en el diagnóstico: la evaluación ambiental era obligada. 

Los portavoces del Ministerio para la Transición Ecológica declinaron pronunciarse sobre lo sucedido en Los Nietos y se limitaron a confirmar oficialmente que las competencias sobre los puertos deportivos corresponden "de forma exclusiva" a las comunidades autónomas. La semana pasada, y tras una denuncia del PP, la Fiscalía de Murcia abrió diligencias contra la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El PP la acusa de "inacción y falta de aplicación de medidas" para regenerar el Mar Menor. La investigación ha pasado a manos de la Fiscalía General del Estado.

Tanto el Gobierno regional como el puerto deportivo subrayan que el dragado se redujo finalmente a un tercio: "6.800 metros cúbicos", lo que aplicando las tablas de pesos específicos usados en ingeniería equivale a unas 10.000 toneladas de arena en el cálculo más conservador. Y se redujo a 6.800 metros cúbicos porque el puerto deportivo "no disponía de capacidad económica" para más, subraya el asesor legal de la instalación deportiva. A finales de la pasada década, el club acometió la tarea de adecentar y sanear el puerto porque la legislación sobre concesiones administrativas exige que el bien adjudicado vuelva a manos públicas, si llega el caso, en el mismo estado en que se entregó.

Los trabajos de extracción no se desarrollaron, asegura el departamento que dirige el consejero Díez de Revenga, hasta que el proyecto obtuvo el 15 de marzo de 2016 el permiso definitivo de la Dirección General de Puertos, dependiente de la Consejería de Fomento. Los expertos consultados por este medio aseguran que las facturas sobre el  traslado a vertederos y la carga allí depositada han de constar durante cinco años en los archivos del cliente –el puerto– y estar a disposición de la Administración autonómica.

El dragado, añadieron portavoces del Ejecutivo que preside Fernando López Miras, se efectuó siguiendo el proyecto elaborado por un ingeniero –Francisco Guijarro– distinto a Díez de Revenga, que "se desvinculó de este proyecto varios años antes de ser consejero (en 2017)". En mayo de 2017, el ahora consejero de Fomento fue nombrado director general de Puertos del Gobierno murciano. El 1 de agosto de 2019 saltó al puesto de consejero. 

El Puerto: "El dragado era parte del proyecto redactado por Díez de Revenga" 

El abogado de Los Nietos sostiene que el contenido del proyecto que en 2016 amparó el dragado era el mismo que el de 2012. El letrado, Carlos Bernabé, lo relata así en conversación con infoLibre: "Cuando entra la nueva junta directiva [antes del verano de 2012] se puso fin al contrato con Díez de Revenga y entró otro ingeniero, el señor Francisco Guijarro".  Pero –continúa– la renovación de los pantalanes y el dragado de la dársena del puerto "forman parte del mismo proyecto, el que había redactado Díez de Revenga". "Costas –dice Bernabé– lo denegó [el volcado en playa de lo que proviniera del dragado] aunque habíamos aportado un informe de la Universidad de Murcia que informaba de que existía esa contaminación pero decía que no había peligro de transmisibilidad". Un hermano del letrado, Francisco Bernabé, fue consejero de Fomento de Murcia entre 2015 y 2016. En los primeros años del siglo, antes de entrar en política, Francisco Bernabé había defendido también como profesional de la abogacía los intereses del puerto deportivo, cuya concesión se remonta a 1980. Así lo confirmó él mismo en una conversación telefónica con este periódico.

El Gobierno murciano aleja a Díez de Revenga del dragado y sostiene que la extracción de arena se hizo en aplicación del proyecto elaborado por un nuevo ingeniero contratado por el puerto deportivo, Francisco Guijarro. Según Fomento, en el desarrollo del proyecto redactado por Díez de Revenga, "solo se extrajeron unos bolos de los pantalanes que se retiraron y se recuperó el calado en algunos puntos del puerto donde las embarcaciones no podían circular". La falta de navegabilidad era la clave para un dragado a gran escala, y así lo confirman las fuentes portuarias consultadas.

Las respuestas oficiales facilitadas a este periódico complican la maraña de informes, proyectos y fechas al introducir el Gobierno murciano el nombre de otro ingeniero que se suma a la lista de Antonio Sevilla, José Ramón Díaz de Revenga y Francisco Guijarro. Ese nuevo ingeniero, sostiene Fomento, se llama Joaquín Catalá. Y, según la Consejería, confeccionó en mayo de 2010 un proyecto de "acondicionamiento y mejora" del puerto deportivo por encargo directo del Gobierno regional. ¿Para qué? Lo hizo, dice el Ejecutivo murciano, con el objetivo de "sacar la nueva concesión del puerto porque la finalización de la anterior concesión estaba próxima (noviembre de 2010)". La respuesta oficial concluye así en este punto: "Una vez concluida la redacción del proyecto, la DG [Dirección General] de Puertos inicia el 6 de julio de 2010 el trámite ambiental ante la DG de Medio Ambiente que concluyó con la resolución de 7 de junio de 2012".  Es decir, que según el Ejecutivo de López Miras la autorización del dragado de 30.000 toneladas de arena por la que descartaba la exigencia de evaluación ambiental tenía por objeto el proyecto redactado por Catalá y no aquel otro en cuya ejecución estaba involucrado el ingeniero y ahora consejero Díez de Revenga. 

Sea como sea, lo cierto es que en 2010, y dado que incluso si perdía la concesión estaba obligado a subsanar el deterioro ocasionado por el tiempo y por el arrastre de arenas que, tal como explica el abogado Carlos Bernabé, había llevado año tras año el viento al interior de la dársena mermando el calado de sus aguas, el puerto ya había contratado al ingeniero Antonio Sevilla Recio para el apuntalamiento de pantalanes. Y luego, al ingeniero José Ramón Díez de Revenga para su renovación. Que el "acondicionamiento y mejora" de la instalación deportiva constituía la meta lo demuestran documentos oficiales como una informe técnico de la Dirección General de Medio Ambiente en cuyo encabezamiento aparece como "interesado" el "Club Náutico de los Nietos". En la casilla reservada a "Asunto" figuran estas palabras: "Acondicionamiento y mejora en el puerto deportivo de Los Nietos". 

A una primera pregunta de infoLibre sobre por qué el puerto deportivo de Los Nietos continúa 11 años después en precario sin que la concesión se haya legalizado o, en su defecto, retirado, Fomento respondió de forma escueta: "La tramitación de la concesión se está desarrollando con normalidad cumpliendo escrupulosamente todos los trámites y plazos legales establecidos".

Dos anuncios de prensa de contenido inequívoco

Que el club Los Nietos ya estaba lanzado, con sus propios proyectos y no con uno del Gobierno regional, al acondicionamiento y mejora del puerto mediante la renovación de pantalanes y un dragado a gran escala lo constatan no solo documentos públicos e internos. También, dos anuncios publicados por los diarios La Verdad y La Opinión el 24 de febrero de 2012La Verdad La Opinión. Firmados por la junta directiva y titulados como Nota informativa urgente, sendos anuncios comunican el cambio de fecha de la asamblea de socios inicialmente prevista para dos días después. Ese cambio lo motiva, se lee en el texto difundido por los dos medios locales, la reunión celebrada un día antes [en el anuncio figura por error "23 de marzo"] con distintos altos cargos de la Consejería de Obras Públicas cuyos nombres se enumeran. A renglón seguido llega la almendra: "En esta reunión se nos ha informado de la necesidad de terminar la obra lo antes posible, con la recuperación del calado del puerto en toda la dársena, y de solucionar con la Dirección General de Costas el problema de las arenas del Puerto".

Para entonces, hacía ya un mes que la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente había notificado al club su negativa tajante a que las arenas del dragado tuviesen como destino la playa anexa dada la peligrosa presencia de tres metales pesados: cadmio, zinc y plomo. Pero la notificación no iba dirigida solo al puerto deportivo. El oficio de Costas terminaba con este párrafo: "De la presente resolución se da traslado al Ayuntamiento de Cartagena y a la Subdirección General de Puertos y Costas de la Dirección General de Transportes y Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia". En ese momento, la consejería de Obras Públicas –el mismo departamento que Fomento– tenía a su frente a Antonio Sevilla Recio, a quien este periódico no ha logrado localizar. 

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Tanto el abogado del puerto como otras fuentes conocedoras de lo que sucedía en el club a comienzos de la pasada décadas aseguran que ni les suena el nombre de Joaquín Catalá. Había un proyecto del puerto, coinciden los consultados. Este periódico no ha logrado localizar al ingeniero Joaquín Catalá. 

Aunque el dragado autorizado se efectuó en 2016, la carta con la que el anterior presidente del puerto deportivo había solicitado a finales de 2010 al Ministerio de Medio Ambiente permiso para hacer acopio de la arena producto del dragado y extenderla luego en la playa señala que ya se había extraído material. Y que se había enviado a "un vertedero autorizado". "El volumen de arena que resta por extraer –proseguía– se estima en unos 20.000 metros cúbicos", se lee en la solicitud dirigida por el puerto a la Demarcación de Costas el 27 de diciembre de 2011. "Las arenas que se extraen del puerto –prosigue el documento– no reúnen las condiciones mínimas exigibles para ser utilizadas en la regeneración de la playa".

En un documento interno, el entonces presidente del puerto, Miguel Crespo, elevaba la magnitud de lo que faltaba por hacer para la recuperación del calado, que debía quedar en 2,5 metros. En una carta a los socios y con visible enfadado por la negativa de Costas a que la arena dragada terminase en la playa, Crespo describía como “inasumible para este club costear llevar hasta vertedero entre puerto y playa a lo mejor entre 50.000 y 70.000 metros cúbicos”. Este periódico tampoco ha podido localizarle.