El Gobierno paraliza el ATC de Villar de Cañas tras siete años de inversión en un proyecto bloqueado

El Gobierno decidió este miércoles paralizar la construcción del almacén para residuos nucleares que proyectó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) y al que, posteriormente, el de Mariano Rajoy dio el visto bueno. Según publicó El País, la suspensión se gestó la semana pasada, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica envió un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para frenar las operaciones. ¿El motivo? El departamento dirigido por Teresa Ribera todavía está diseñando su estrategia energética para la próxima década.

La decisión no es definitiva ni la paralización irrevocable, pero supone un paso al frente en el laberinto en el que, desde hace años, se encontraba la instalación. Comenzó en diciembre de 2004, cuando el Gobierno socialista decidió construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que no es más que una de las clases disponibles de cementerios nucleares que se pueden construir para albergar los residuos de media y alta radioactividad que deja el proceso de fisión de las centrales. Tienen una vida útil de unos 100 años y, una vez expirado el plazo, se deben trasladar los residuos a un Almacén Geológico Profundo (AGP), que permite aislar la radioactividad durante miles de años y sí supone una solución definitiva.

Hasta el momento, este tipo de basura nuclear se almacenaba en otro tipo de cementerios: los ATI (Almacén Temporal Individualizado). ¿Y cuál es la diferencia? Pues que los ATI sólo pueden servir a una central, por lo que se encuentran en las inmediaciones de la infraestructura para la que trabajan. Un ATC, en cambio, puede albergar los residuos de varias centrales, por lo que concentra el riesgo y disminuye los costes. Pero también hay otra fórmula: enviar estos restos a instalaciones de Inglaterra o Francia. Sin embargo, la expiración del contrato con este último país obligó a España a pagar una multa diaria de más de 67.000 euros. Había que encontrar, por tanto, una solución.

El Ejecutivo de Zapatero se puso entonces manos a la obra y pidió a los municipios que se presentaran como voluntarios para albergar el ATC. De 14 candidatos que se postularon, tan sólo podían instalarlo ocho. Finalmente, en 2011, ya con Rajoy en la Moncloa, Villar de Cañas se convirtió en la afortunada. Ya desde ese momento, la decisión fue polémica. "Fue meramente política", denuncia Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo. Según recuerda, el municipio situado en Cuenca era el cuarto en la lista de los emplazamientos que podían construir el ATC. "Tenían que ver con el afán de María Dolores de Cospedal", la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, empeñada en que Villar de Cañas fuera el destino final de los residuos nucleares. El proyecto, por tanto, ya nació "cojo". 

 

Y continuó así. Hasta este miércoles, el centro seguía sin conseguir el permiso de construcción, el de explotación, y la autorización de impacto ambiental positiva. El CSN se encontraba de hecho inmerso en el proceso dedicado a conseguir el primero de ellos, el que permitiría obtener los demás. Esos son los trabajos que el Ejecutivo de Sánchez decidió paralizar. Pero además de los permisos, había otro problema: dos estudios técnicos diferentes habían desaconsejado construir el ATC en Villar de Cañas, recuerda Francisco Castejón, portavoz nuclear de Ecologistas en Acción. Por tanto, lo único que se había avanzado es en la construcción del centro tecnológico asociado. 

No obstante, a pesar de que la construcción del cementerio nuclear como tal no hubiera comenzado, ya se habían destinado grandes cantidades de dinero al proyecto. Sin ir más lejos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que los conservadores aprobaron poco antes de ser desalojados de la Moncloa tras la moción de censura presentada por los socialistas contenían una partida de más de 144 millones de euros dedicados al ATC de Villar de Cañas. "No sabemos exactamente en qué se iban a emplear", afirma Castejón. Esta inversión ha sido, más o menos, constante, según López de Uralde. 

A pesar de la paralización, el dinero que ya se ha destinado ya no se podrá recuperar, y si la decisión del Gobierno es firme, todo lo desembolsado habrá caído en saco roto. En los ATC, según desgrana Castejón, hay dos tipos de gastos: los locales, que tienen que ver con el propio emplazamiento; y los generales, derivados de los trabajos propios de la construcción de un cementerio nuclear de este tipo. Estos últimos son, por ejemplo, el diseño de la instalación o de los contenedores destinados a albergar la basura nuclear. "Yo creo que la partida de este año iba a estar dedicada a estos últimos", sostiene.

Ya es innecesario

En su momento, el ATC se proyectó como una necesidad que, según las fuentes consultadas, ya ni siquiera existe. Han pasado siete años de bloqueo casi absoluto, pero los residuos nucleares han seguido produciéndose, por lo que en todo este tiempo se han tenido que vislumbrar otras soluciones que pudieran albergarlos. Han sido los ATI. En este momento, todas las centrales nucleares o bien tienen uno construido o el proyecto ya está iniciado, por lo que, en principio, ya no sería necesario continuar con la construcción del ATC. "Trillo ya tiene uno, igual que Ascó y Almaraz, y Cofrentes ya ha empezado los trabajos", afirma Castejón. 

Ecologistas temen que el Gobierno recurra al interés general para aprobar el almacén nuclear de Villar de Cañas

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Ahora se genera, por tanto, una sensación de incertidumbre que, además, se multiplica con las primeras reacciones tras la decisión del Gobierno. Por un lado, la del alcalde de la localidad, el conservador José María Sáiz, que asegura que el ATC "será una realidad" porque el municipio "no renunciará a su construcción". Además, preguntó a los dirigentes socialistas quién va a asumir y reparar "todo el daño que está causando en la comarca toda esta continua incertidumbre", basada, a su juicio, "en intentar boicotear porque sí el ATC, su Parque Empresarial y Centro Tecnológico, una infraestructura segura, generadora de empleo y desarrollo que tienen ya, con todas las garantías, un gran número de países europeos". Del otro lado, la Plataforma contra el cementerio nuclear, que catalogó este miércoles de "insuficiente" el paso del Ejecutivo. Están satisfechos, pero ahora toca, a su entender, seguir peleando y exigiendo a la ministra que acabe definitivamente con este proyecto que no quieren y "que no va a ningún lado". 

Esa incertidumbre, además, también se ve alentada por el futuro incierto de las centrales nucleares. Su vida útil es de 40 años, y con la orden del pasado verano de desmantelar la de Garoña, quedan ahora cinco centrales activas en España, de las cuales las más antiguas son Almaraz –cuya actividad comenzó en julio de 1984– y Ascó –que se inició en diciembre de ese mismo año. En el caso de que cesaran su explotación en el momento recomendado, habría que esperar hasta 2024 para su desmantelamiento, y cuatro años más, hasta 2028, para que se apruebe el cierre de Trillo y Vandellós, estrenadas en el año 1988. Sin embargo, la industria nuclear pretende alargar sus años de vida. Y como todavía no hay ninguna decisión tomada, no se puede ni siquiera hacer una estimación de cuántos residuos se van a generar de aquí en adelante. En el momento actual, los ATI pueden soportar toda la basura nuclear, pero si no se cierran las centrales, no será posible, según afirma López de Uralde. 

En cualquier caso, la construcción del ATC no implica una solución a largo plazo. Entonces, ¿cuál sería? Según José Luis García, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, habría que empezar por la elaboración del Plan General de Residuos Urbanos. Según recuerda, el último que se hizo caducó hace seis años, en 2012, y todavía no se ha elaborado su sustituto. "Tanto si las centrales se renuevan como si no lo hacen, que es lo que debería pasar, hay que calcular la cantidad de residuos que se van a generar. Y ese cálculo va en ese plan", afirma.