Todo ha cambiado en 24 horas. Tras muchos meses de bloqueo institucional por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para la renovación de los grandes órganos constitucionales los dos principales partidos han sido capaces de pactar en menos de un día la composición del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos. Y las conversaciones no se paran ahí: según ha podido saber infoLibre, Félix Bolaños y Teodoro García Egea ya negocian también la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que acumula tres años de mandato caducado.
Tanto Moncloa como Génova confirmaron en la mañana de este jueves con un mensaje conjunto que se había concretado un acuerdo para los nombramientos de los órganos que tenían su mandato caducado. Todos a excepción del CGPJ. “La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará la semana del 25 de octubre. Las personas que formarán parte de estos órganos serán de reconocido prestigio y de consenso”, decía ese comunicado común.
Ahora, y tras una primera reunión este pasado miércoles, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García retomarán las conversaciones con la mirada puesta en el CGPJ, de cuya renovación ya han empezado a hablar ambas partes. “Serán conversaciones discretas, pero ya estamos en ello”, confirman fuentes conocedoras de la negociación. Un escenario de acuerdo entre Gobierno y oposición impensable hasta hace solo un par de días y que llega tras el giro estratégico de 180 grados por parte del Partido Popular, que en los últimos meses había impedido la renovación de las instituciones en varias ocasiones con argumentos de todo tipo.
La última condición puesta encima de la mesa por parte de los populares es el cambio de la ley que determina el sistema de elección de la cúpula judicial para “que sean los jueces los que elijan a los jueces” y no el Parlamento. Pero ahora, ni siquiera el PP verbaliza en público esa exigencia como requisito previo a sentarse a negociar: “La renovación del Consejo hay que hacerla con la norma vigente. Lo que queremos es reforzar la independencia judicial, eso es lo que hay que hablar para buscar la mejor fórmula para conseguirlo”, decía este jueves Teodoro García evitando marcar la línea roja de la reforma legal. “Todo es posible con voluntad de acordar y de ceder”, añadía García Egea, que no cerraba la puerta a un acuerdo en las próximas semanas sobre el CGPJ siempre y cuando “vayamos transitando hacia los estándares europeos respecto a la independencia judicial”.
Para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es el negociador designado por parte del Gobierno, esa renovación del CGPJ “no solo es factible, es deseable”, y también se mostró optimista respecto a un posible acuerdo: “Claro que es posible, el espíritu de consenso de hoy se tiene que extender al CGPJ. Es evidente y público el cambio de posición del PP”, celebraba Bolaños. En una entrevista por la noche en laSexta, el presidente del Gobierno le pedía a Casado "no hacer una lectura ventajista de la legalidad" y comprometerse también con la renovación del CGPJ.
El cambio del PP
En el Gobierno no se atreven a interpretar las razones de un cambio de estrategia tan acusado y tan repentino en las filas del PP y mantienen las cautelas sobre la negociación en marcha para el CGPJ por los precedentes de anteriores acuerdos frustrados. En el PP, esta vez, se muestran optimistas sobre la posibilidad de que el diálogo acabe llegando a buen puerto. Creen, eso sí, que Casado no puede enterrar ahora su relato de la reforma en el sistema de elección sin que hayas gestos por parte del Gobierno, ya seaen forma de compromisos para el futuro o de reformas parciales que permitan a los populares entrar en un acuerdo sin trasladar la imagen de una derrota política.
En la calle Génova y en el entorno de Casado empezaba a pesar el señalamiento de que eran ellos los responsables de un bloqueo institucional que casi nadie comprendía. Pasada la convención de los populares y cerrado el capítulo “de la interna”, el líder de la oposición ha decidido mover ficha esta semana y tomar la iniciativa del desbloqueo precisamente en la previa de la gran cita orgánica de los socialistas, su congreso federal de este fin de semana en Valencia.
Seis magistradas en 40 años: Gobierno y PP tienen la oportunidad de demostrar que el TC no es sólo cosa de hombres
Nombres y cuotas
Ninguna de las dos partes ha querido ponerle nombre a los nuevos integrantes de las instituciones que serán renovadas. Fuentes de la negociación de ambos partidos explican que, si ha sido posible cerrar el acuerdo en tiempo récord es, en gran parte, porque mucho de lo ahora pactado ya estaba avanzado desde el mes de febrero. En todo caso, y a falta de confirmación oficial de los nombramientos, lo que trasladan esas mismas fuentes es que lo concretado en las últimas horas “ha tenido más que ver con las cuotas que con los nombres”.
En el caso de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que tienen que ser renovados, el pacto contempla que dos de ellos correspondan al PP y los otros dos al Gobierno. Unidas Podemos ha aclarado este jueves que, como integrantes de ese Gobierno, ellos también han formado parte de la negociación y del acuerdo. Se espera, por tanto, que el PSOE pueda reservar alguno de los nuevos nombramientos de las instituciones a sus socios morados. Desde el PP niegan esta vez que vayan a producirse vetos, aunque aclaran que todos esos nombramientos deberían tener su visto bueno y llevarse a cabo por consenso.
Todo ha cambiado en 24 horas. Tras muchos meses de bloqueo institucional por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para la renovación de los grandes órganos constitucionales los dos principales partidos han sido capaces de pactar en menos de un día la composición del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos. Y las conversaciones no se paran ahí: según ha podido saber infoLibre, Félix Bolaños y Teodoro García Egea ya negocian también la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que acumula tres años de mandato caducado.