El Gobierno se queda solo en su apuesta más arriesgada para desbloquear los órganos constitucionales

“La paciencia tiene un límite”. Esta reflexión la hace un miembro del Gobierno. Y ya no podían esperar más ante la situación de bloqueo en la Justicia española. Por eso, este martes el Consejo de Ministros lanzó su intento para reactivar la situación, con el mandato de cumplir la ley y proponiendo, vía acuerdo del Consejo de Ministros, a sus dos nombres para el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo quería llegar antes de los actos del Día de la Constitución, el próximo día 6, con los deberes hechos después de llevar esperando meses al Consejo General del Poder Judicial. Pero al ver que este sigue sin mover ficha definitiva, ha puesto sobre la mesa a los dos miembros que le corresponden. Con la idea de meter presión tanto al Alto Tribunal como al órgano de gobierno de los jueces en este proceso.

La sorpresa llegó con los propios nombres del Gobierno. La Moncloa ha decidido impulsar a dos personas clave en la construcción de la arquitectura legal durante la administración de Pedro Sánchez: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales hasta el pasado mes de abril.

Por lo tanto, lanza en esta carrera a dos juristas que cumplen las condiciones, pero que están vinculados directamente con el mundo de la política. Esto supone un mensaje diferente al que se había trabajado durante las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, en las que se habló con el PP de despolitizar la Justicia y de incluso endurecer las puertas giratorios para los magistrados que hubieran estado en política.

La defensa de Moncloa de sus aspirantes

El Gobierno defendió este martes férreamente su elección: son perfiles “absolutamente idóneos”, a juicio del titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Para el Ejecutivo cumplen con las tres condiciones que se necesitan para entrar en el Constitucional: ser españoles, ser juristas de reconocido prestigio y capacidad y llevar quince años de profesión. 

La idea de La Moncloa es que estos nombres pasarán la revisión del Constitucional sin ningún tipo de problema. En estos momentos toca renovar un tercio de los doce miembros del Alto Tribunal, según exige el Título IX de la Carta Magna. Es el turno de los dos que corresponde al Ejecutivo y los otros dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Y ahí radica una de las posibles grietas a las que se tiene que enfrentar el Gobierno. La selección por parte del Consejo General del Poder Judicial sigue varada, por la oposición a pactar por parte del sector conservador. El órgano de gobierno de los jueces lleva casi tres meses incumpliendo la reforma de la ley que determinó que su elección de los miembros del Alto Tribunal se debía realizar antes del 13 de septiembre.

El Gobierno busca acelerar el proceso pero no se mueven ni el CGPJ ni el TC

El Gobierno, tras meses esperando, ha decidido mover ficha en solitario. Y está convencido, según ha confesado el propio Bolaños, en que se puede hacer porque ya en una sentencia de 2016 el propio tribunal perfiló que un órgano no podía retrasarse cuando le tocaba elegir a los miembros de su competencia. Además, La Moncloa hace este movimiento esperando que surta efecto la presión en el Poder Judicial, en funciones, para nominar “inmediatamente” a sus candidatos.

Esto abre la incógnita de si se acelerará el proceso. Pero, por el momento, la hoja de ruta del CGPJ sigue siendo la misma, impulsada por la mayoría conservadora. Aunque hay una reunión prevista para este miércoles entre los portavoces de las dos partes, sigue vigente que la primera votación se celebre el día 22 de este mes (la misma fecha que el sorteo de la lotería de Navidad). Y ni siquiera hay visos de que se puede llegar a un acuerdo en ese momento, ya que el desembarco de estos dos perfiles ligados con la política puede volver a hacer girar las posturas de los conservadores. El TC tampoco ha acelerado el examen sólo a los miembros del Gobierno y aduce que ni siquiera ha recibido el acuerdo, por lo que puede esperar hasta que lleguen a la vez los aspirantes del CGPJ a finales de año,

El Gobierno tiene claro que había que dar ese paso, que no se podía demorar más y que hay que desatascar la situación. Otro de los problemas que surgen con Juan Carlos Campo es que ha sido pieza clave en la arquitectura legal durante esta legislatura (además fue secretario de Estado en la época de Zapatero). Esto puede hacer que en varias de las sentencias claves sobre leyes tenga que apartarse. Esto podría pasar con la ley del 'sólo sí es sí' o si llegan finalmente al Constitucional los indultos, que él mismo aprobó como titular de Justicia, y que están ahora en revisión en el Supremo.

Según fuentes del Ejecutivo, esto no es ningún problema y se apartará de las resoluciones en las que no pueda participar. En La Moncloa subrayan que hay doctrina sobre eso y una regulación interna desarrollada por el Constitucional sobre las abstenciones y las recusaciones. No obstante, esto podría llevar a perder, de esta manera, a un miembro progresista en esas votaciones y debilitar la supuesta mayoría de ese lado que debe surgir con esta futura renovación.

Las críticas al salto de Campo

El Gobierno elige al exministro Campo para el Tribunal Constitucional

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La designación de Juan Carlos Campo ha sido criticada a derecha y a izquierda. El PP sigue aferrado a la teoría de que esto es un paso más de Sánchez de la “colonización” de las principales instituciones del Estado (es el primer ministro de Justicia que ocupará un puesto en este tribunal). Desde Moncloa se insiste en que no se trata de un órgano judicial, sino de interpretar la Carta Magna, por lo que es legítimamente aceptable el acuerdo del Consejo.

Pero dentro del bloque político progresista tampoco convenció la elección de Campo. El propio socio de Unidos Podemos afeó a la parte socialsita este movimiento, a través del portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que dijo que habían sido informados, pero no consultados. Para los ‘morados’, este nombramientos desmonta los argumentos “falsos” con los que se querían apartar a Victoria Rosell de la terna para el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del grupo en el Congreso, Jaume Asens, también lamentó que esta “puerta giratoria” es un acto de “cinismo” del PSOE después del mensaje de despolitizar la justicia durante la negociación con el PP.

La falta de sintonía con el Gobierno en este tema llegó también a través de Íñigo Errejón, de Más País. Su opinión es que “el Gobierno ha perdido una buena oportunidad para interrumpir la costumbre del bipartidismo de nombrar altos cargos casi en ejercicio", algo que respaldó Joan Baldoví, desde Compromís. ERC respetó la decisión, pero admitió que “chirrían” los nombres acordados por el Consejo de Ministros.