El Gobierno elige al exministro Campo para el Tribunal Constitucional
Se acabó esperar. El Consejo de Ministros de este martes aprueba los dos nombres del Tribunal Constitucional que le corresponden al Gobierno en su designación. Son los del exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez, que hasta abril fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, según fuentes de La Moncloa.
De esta manera, el Gobierno quiere, como prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumplir la ley en un momento de bloqueo de la Justicia tras el rechazo del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial y con el propio órgano de gobierno de los jueces retrasando sus nombramientos del Constitucional, a pesar de que la ley puso como tope el 13 de septiembre.
Toca ahora renovar un tercio del Tribunal Constitucional y, según mandata la Carta Magna, dos deben ser designados por el Ejecutivo y otros tantos por el Consejo General del Poder Judicial. Pero esto se ha ido retrasando por la falta de acuerdo entre los partidos, lo que hizo que el Gobierno cambiara la ley para que el CGPJ tuviera que nombrar a los suyos antes del 13 de septiembre, algo que no ha ocurrido por falta de diligencia entre el sector conservador. De hecho, este órgano no tiene previsto reunirse hasta el 22 de diciembre, y ni siquiera hay garantía de pacto.
El acuerdo del Consejo de Ministros es una propuesta de nombramiento y remisión al Tribunal Constitucional para que haga el juicio de idoneidad (verificación de requisitos). Cuando se emita ese juicio, se nombran ya a travñes de un real decreto refrendado por el rey.
El Poder Judicial sigue incumpliendo la ley
Esta renovación del tercio que comprende al Gobierno y el CGPJ siempre se ha hecho de forma conjunta, por lo que algunos juristas llevan advirtiendo tiempo de que si el Gobierno lo hace de manera separada puede provocar un choque institucional y conllevar problemas en la operación.
Pero el Ejecutivo no aguanta más, tras esperar casi tres meses desde que acabó el plazo por ley. Además, el Gobierno insiste en que quiere que se cumpla la ley y que se renueve ya un Tribunal Constitucional en el que domina la mayoría conservadora. En cambio, ahora con los cambios se vislumbra una progresista. Todo ello en un momento en el que Alto Tribunal tiene sobre la mesa asuntos tan delicados como la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley Celaá o el caso de los juramentos de los líderes independentistas.
También el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido en varias ocasiones de lo que puede suponer esa mayoría conservadora en el Constitucional, poniendo como ejemplo la decisión en Estados Unidos sobre la ley del aborto.
Los nombramientos llegarán con polémica, ya que los dos cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución en el Título IX (magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, se exige), pero los dos han estado vinculados directamente con la Administración de Sánchez.
El perfil de Campo
Juan Carlos Campo fue el primer ministro de Justicia de la coalición, designado en enero de 2020 en el puesto que antes ocupaba Dolores Delgado, que pasó a la Fiscalía General. El ministro estuvo al frente del Palacio de Parcent hasta julio de 2021, cuando el presidente hizo una gran reforma y colocó en ese puesto a Pilar Llop.
El sevillano estuvo marcado principalmente por la elaboración de los indultos a los líderes independentistas. Un paso que provocó un enorme enfado en la oposición, pero con el tiempo se demostró efectivo en su función para calmar la situación en Cataluña. La salida de Lledoners de los condenados por el 1-O fue defendida por el Ejecutivo y, a pesar de los titulares de entonces, en La Moncloa creen que sirvió para desmontar al independentismo en su faceta de víctima y que la sociedad española en su conjunto entendió el movimiento.
Después de su paso por el Ejecutivo y tras ser años diputado, Campo regresó en septiembre del año pasado a su puesto como magistrado de la sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Estos días se recuerda también su paso por el Consejo de Ministros, ya que protagonizó el primer choque de la coalición por la ley trans, al entender que el Ministerio de Igualdad debía afinar más el texto. El entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo llegó a acusar de machismo encubierto.
Campo es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1986), además de doctor por el mismo centro. Fue diputado por Cádiz entre 2015 y 2020, previamente vocal del CGPJ (2001-2008) y secretario de Estado de Justicia (2009-2011). También pasó por la Junta de Andalucía secretario general de Relaciones con el Parlamento, entre 2014 y 2015.
Laura Diez es catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona. Ella ha estado ligada también a los gobiernos de Pedro Sánchez, ya que fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2020-2022) y directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2020).
