Era mayo de 2018, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género llevaba más de medio año aprobado, pero los fondos comprometidos no llegaban. El movimiento feminista se manifestaba en las calles para reclamar el cumplimiento estricto de lo pactado: 80 millones anuales para las medidas de ámbito estatal, 100 millones para las comunidades y 20 millones para los ayuntamientos. El Gobierno de Mariano Rajoy había decidido que fueran las administraciones autonómicas y locales quienes pusieran de su bolsillo los 120 millones que les correspondían, en lugar de sufragarlos vía Presupuestos Generales. Poco después de las protestas, el Gobierno se vio obligado a rectificar. El Ejecutivo quiere ahora que aquella situación no vuelva a producirse y ha mantenido durante la tarde de este miércoles una reunión con los grupos parlamentarios para renovar el dictamen del pacto y blindar su financiación.
La pretensión no es nueva y ha sido expresada de manera reiterada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero es ahora, a una semana del 25N, cuando se dan los primeros pasos para materializarla. Fuentes de Unidas Podemos y del Partido Socialista explican que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, junto con Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, han venido trabajando durante las últimas semanas para "impulsar la renovación" del pacto estatal. Las mismas fuentes resaltan que la propuesta incluye el blindaje de su financiación y el refuerzo de las entidades feministas que trabajan directamente con víctimas. En esta última línea, voces del Ministerio de Igualdad concretan que el 1% de los fondos irán dirigidos específicamente a las organizaciones de mujeres.
El trabajo del Gobierno con el arco parlamentario consiste no en una renovación estricta del pacto, sino del dictamen sobre el que se sostiene: es decir, el acuerdo político trazado por las Cortes Generales que da sentido a las 290 medidas.
El pacto salió adelante en 2017 gracias al apoyo prácticamente unánime de la Cámara Baja: sólo Unidas Podemos se abstuvo, al considerar que no era lo suficientemente ambicioso. Si los grupos conservan la postura defendida entonces, esta actualización saldría adelante pero esta vez con el voto en contra de la ultraderecha.
Irene Montero ya manifestó su voluntad de hacer permanente el Pacto de Estado. El pasado mes de octubre, concretó su pretensión de modificar la Ley 1/2004 contra la violencia de género, con el objetivo de "institucionalizar el Pacto de Estado haciéndolo permanente" y que el espíritu de aquel acuerdo "vertebre de un modo atemporal" la respuesta contra la violencia machista. El pacto fue concebido inicialmente con una duración de un lustro, por lo que llegaría a su fin el próximo año.
Muchas trabas y algunos avances
Aquel septiembre de 2017 quedó necesariamente marcado en el calendario. El Congreso aprobaba su primer pacto contra el problema estructural de la violencia machista. Pero su puesta en marcha no fue todo lo sencilla que cabría esperar. Dos meses después, los socialistas daban el primer toque: exigían, a través de una resolución política, el desarrollo de los compromisos, especialmente los de índole económica. El partido advertía entonces de la necesidad de una apuesta sin matices por brindar los fondos necesarios al pacto. Una prórroga de los Presupuestos Generales, temía la formación, acabaría afectando sobremanera al impulso de lo acordado.
Igualdad convertirá en permanente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Y así fue. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió que los 120 millones concebidos para el desarrollo de medidas en el plano autonómico y municipal fueran asumidos por las comunidades y los ayuntamientos. Se encontró de frente con la oposición del movimiento feminista y de la izquierda. Pero no fue hasta mayo de 2018 que cedió: las cuentas estatales dotarían al pacto de los 200 millones consensuados. Después de la moción de censura al líder conservador, los socialistas dieron los primeros pasos para nutrir al pacto de los fondos necesarios. En agosto de 2018 se procedió al reparto de los 100 primeros millones para las comunidades. Casi un año después de su aprobación, el pacto comenzaba a tomar forma.
Su primer aniversario dejó un sabor agridulce. Si bien algunas medidas de calado habían comenzado a implementarse, el 80% de las estrategias contempladas estaban todavía a la espera. Y un año después, el porcentaje apenas se movió. Con su llegada al Ministerio de Igualdad, Irene Montero comenzó a hablar de "institucionalizar" el acuerdo estatal para convertir sus ejes en políticas públicas estables. En el diario de sesiones de la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, celebrada el pasado mes de junio, queda reflejado que en cuatro años se han ejecutado 75 medidas de las 290 que vertebran el pacto, apenas el 26%.
En el lado positivo de la balanza, medidas de vital importancia para las mujeres. Entre ellas, la posibilidad de acceder a ayudas sociolaborales sin necesidad de haber interpuesto una denuncia previa, la inclusión de los hijos e hijas de las víctimas en la valoración de riesgo y la confección de una ley contra la violencia sexual.
Era mayo de 2018, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género llevaba más de medio año aprobado, pero los fondos comprometidos no llegaban. El movimiento feminista se manifestaba en las calles para reclamar el cumplimiento estricto de lo pactado: 80 millones anuales para las medidas de ámbito estatal, 100 millones para las comunidades y 20 millones para los ayuntamientos. El Gobierno de Mariano Rajoy había decidido que fueran las administraciones autonómicas y locales quienes pusieran de su bolsillo los 120 millones que les correspondían, en lugar de sufragarlos vía Presupuestos Generales. Poco después de las protestas, el Gobierno se vio obligado a rectificar. El Ejecutivo quiere ahora que aquella situación no vuelva a producirse y ha mantenido durante la tarde de este miércoles una reunión con los grupos parlamentarios para renovar el dictamen del pacto y blindar su financiación.