El precio de la luz se ha convertido en la prioridad para un Gobierno que ve eclipsado su discurso de la recuperación económica. Las desorbitadas subidas del pool eléctrico, que este lunes ha marcado un nuevo récord absoluto al alcanzar los 154,16 euros por megavatio hora (MWh), han obligado al Ejecutivo a moverse. Se trata de un precio que repercute directamente en la factura de 10 millones de hogares sujetos a la tarifa regulada (PVPC).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en una entrevista en TVE que el Ejecutivo detraerá los "beneficios extraordinarios" de las empresas energéticas que "se lo pueden permitir" para redirigirlos a los consumidores y así "topar ante el alza del precio del gas y reducir el recibo de la luz". El Gobierno aprobará esta medida en el Consejo de Ministros de este martes, si bien Sánchez no ha ofrecido muchos más detalles. "Se lo pueden permitir –ha dicho de las eléctricas– porque no es razonable que estas empresas tengan esos beneficios extraordinarios en estos momentos. Tenemos todos que ser solidarios y todos tenemos que hacer un esfuerzo".
Desde Unidas Podemos celebraron la noticia y consideran que Sánchez ha cedido ante su petición de diseñar un mecanismo que permita retirar sobrerretribución de las cuentas de resultado de las grandes empresas del oligopolio, y utilizar esos ingresos al sistema eléctrico para reducir la factura de los consumidores.
Los beneficios caídos del cielo o windfall profits es como se denomina al sobreprecio que reciben las grandes eléctricas al cobrar la energía producida por centrales nucleares o hidroeléctricas el precio del gas natural en el mercado mayorista. Su retribución se estima en hasta 3.000 millones de euros anuales, según la denuncia que la Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético presentó en 2015 ante la Comisión Europea.
"Esa diferencia entre la evolución de precios en el mercado internacional y el tope son los amortiguadores sociales que está impulsando el Gobierno", ha indicado el presidente. Actualmente con la tramitación del Fondo de Sostenibilidad en el Congreso se está detrayendo del CO2 no emitido 650 millones de euros a estas empresas que van a ir al beneficio de los consumidores finales. Por ello, ha instado a los grupos políticos a tramitar de urgencia la creación de este fondo.
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Además, Sánchez también ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la reducción del impuesto especial sobre la electricidad, que grava al recibo con un 5,11%, al 0,5%, tal y como adelantó infoLibre. Se trata del último recurso fiscal de un Gobierno que ya aprobó a finales de julio una rebaja del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año y la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica del 7%. Desde Unidas Podemos han planteado que la reducción del IVA sea de carácter permanente y el ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha apuntado en el mismo sentido.
Actualmente ya hay dos proyectos de ley en marcha que prometen bajar el PVPC: el que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y el que crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Ribera ha asegurado que “reducirán progresivamente el recibo final de los consumidores, hasta un 15% en el caso de los hogares cuando se apliquen en su totalidad”, pero se trata de un proceso parlamentario que puede prolongarse durante meses. Por ese motivo Sánchez ha decidido aprobar estas dos medidas con carácter de urgencia, aunque ha evitado concretar cuándo entrará en vigor y cómo repercutirá en el recibo de la luz.
El presidente del Gobierno ha reiterado su compromiso para que los españoles paguen a finales de 2021 el mismo recibo de la luz que en 2018 y que, para ello, el Gobierno lleva meses aplicando medidas que le supone dejar de ingresar 1.400 millones de euros en impuestos.
El precio de la luz se ha convertido en la prioridad para un Gobierno que ve eclipsado su discurso de la recuperación económica. Las desorbitadas subidas del pool eléctrico, que este lunes ha marcado un nuevo récord absoluto al alcanzar los 154,16 euros por megavatio hora (MWh), han obligado al Ejecutivo a moverse. Se trata de un precio que repercute directamente en la factura de 10 millones de hogares sujetos a la tarifa regulada (PVPC).