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Familias 'monomarentales': Inclusión reclama el dinero a las madres que gozaron del permiso del padre

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La rabia se apoderó de Susana (48 años) el pasado 10 de junio. Al abrir el buzón se encontró con una carta de la Seguridad Social en la que se le reclamaba que devolviera al Estado 15.000 euros del permiso de maternidad que había disfrutado por la llegada de su hija, nacida en febrero de 2021 por fecundación in vitro. Según ese organismo del Gobierno, esta madre de familia 'monomarental' los había cobrado indebidamente a pesar de que una juez le había permitido ampliar su baja de 16 semanas con las otras 16 que le hubieran correspondido al padre en caso de que hubiera tenido a su hija en pareja. La Tesorería reclamaba ese dinero pese a que su caso se encuentra todavía en los juzgados y a que ese derecho, que reclaman cientos de madres solteras de todo el país y que varios jueces y tribunales han reconocido, se encuentra en plena discusión ante el Tribunal Constiticional. La asociación Madres Solteras Por Elección (MSPE), a la que pertenece Susana, asegura que el Ejecutivo ve con buenos ojos reconocerlo en la ley, pero mientras, los letrados de la Seguridad Social, que dependen del Ministerio de Inclusión, siguen batallando en cada caso para que la Justicia falle en su contra.

La equiparación de los derechos de los hijos, con independencia del tipo de familia a la que pertenezcan no es completa en el derecho español. Los hijos de familias 'monomarentales' -el 80% de las monoparentales, lo son- carecen del derecho de disfrutar de los cuidados, la compañía y la prestación que lleva asociada el permiso por nacimiento en las biparentales. Mientras que en las familias de dos progenitores, los niños pueden aprovechar durante sus primeros meses de vida de la presencia de ambos durante 16 semanas y estos repartírselas a lo largo del primer año de vida, los nacidos en familias en los que solo está la madre, solo tienen derecho a los cuatro meses de baja laboral de esta. Se trata de un debate que afecta, no solo a los derechos de las progenitoras, también a la igualdad entre los recién nacidos y al interés superior del menor. Algunos juzgados y tribunales de escala inferior han aceptado el derecho de estas madres de disfrutar también del permiso del padre. Pero el Tribunal Supremo, el que impone el criterio a todos los demás, rechaza sistemáticamente esta posibilidad dando la razón a la Seguridad Social, es decir, al Gobierno.

Varios juzgados de lo Social y algunos Tribunales Superiores de Justicia han aceptado las peticiones de las madres. Los de Galicia y el País Vasco, por ejemplo, han considerado que la normativa sobre los permisos por cuidado de hijos "supone una discriminación en el caso de las familias monoparentales". El de Galicia habla incluso de "desprotección social" de estos menores, que, "si cuentan con dos progenitores, estos podrían dedicarse a su cuidado varias semanas más que las que le corresponden si se trata de una familia monoparental". Las sentencias que reconocen el derecho recurren a la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas, firmada por España, que establece que todos los menores deben beneficiarse de la Seguridad Social. "Las prestaciones deberían concederse teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables de su mantenimiento", dice su artículo 26. No conceder el permiso del padre o la madre al progenitor o progenitora que cría solo a su hijo supone "un menoscabo para la efectiva conciliación de la vida familiar y laboral del progenitor individual".

Ese fue el caso de Susana. "Poco tiempo después de tener a mi hija inicié los trámites y pedía a la Seguridad Social que me concediera el permiso que le habría correspondido al trámite", explica esta ingeniera industrial residente en Tenerife. "El INSS rechazó mi petición pero, con la ayuda de mi hermano, que es abogado, la recurrí al juzgado de lo Social". Una vez presentada la demanda, le dieron juicio para el mes de julio de 2022, cuando su baja de maternidad ya habría expirado. "Pero mi hermano pidió a la juez que se le reconociera el derecho de forma cautelar hasta que hubiera sentencia". La juez lo aceptó y después falló a su favor otorgándole el derecho a un permiso duplicado de 32 semanas. Hasta que el pasado febrero, el Tribunal Supremo corrigió a todos los juzgados y tribunales inferiores que habían tomado esa decisión y terminó por denegarlo. Basándose en esa sentencia, la Seguridad Social recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le quitó la razón a Susana. El 10 de junio conoció que debía 15.000 euros al INSS pese a que su caso sigue vivo en los tribunales ya que también ha recurrido esta última resolución.

Implicar al padre en los cuidados

Desde 2021, el permiso por maternidad se ha equiparado con el de paternidad hasta las 16 semanas. Ambos progenitores deben dedicar conjuntamente a los cuidados del niño las seis primeras semanas posteriores al parto, una medida adoptada para obligar a los padres a responsabilizarse de los cuidados tras el nacimiento del bebé. A partir de ese límite, la pareja puede distribuir el resto de los permisos de ambos a voluntad hasta que el niño cumpla un año, según el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. El derecho, según esa norma, no es transferible al otro progenitor. Eso es lo que hace que, con la ley en la mano, mientras los hijos de familias biparentales pueden disfrutar hasta un año de la compañía de alguno de sus padres o madres, los de familias monoparentales solo tengan derecho a las 16 semanas estrictas que recoge la normativa. Pese a ello, muchos jueces y magistrados han equiparado ambos tipos de familia basándose en el principio de igualdad y en el interés superior del menor.

Sin embargo, el Supremo, al contrario que esos tribunales, se niega a hacerlo. Considera que otorgar el permiso de un progenitor ausente al que custodia al niño "supondría crear una prestación contributiva nueva en favor de los progenitores de familias monoparentales". Duplicar la baja de una madre que cría sola afectaría también al empleador de esta "que se vería obligado a soportar una duración mayor de la suspensión contractual", sostienen los magistrados. El alto tribunal mantiene que los mandatos internacionales que "aconsejan dedicar especial atención a colectivos (...) vulnerables" van dirigidos al Legislativo "que es quien tiene la capacidad y la responsabilidad de organizar el sistema de protección social" y no al resto de poderes del Estado. "No existe un teórico derecho del menor de las familias monoparentales a ser cuidado en condiciones de igualdad con respecto a las biparentales", concluye.

La cuestión ha sido llevada al Tribunal Constiticional por varias madres afectadas pertenecientes a la asociación Madres Solteras Por Elección (MSPE), a las que se han sumado otros casos de mujeres no asociadas que han presentado recursos de amparo al considerarse discriminadas respecto a las familias biparentales. También por los tribunales superiores de justicia de Cataluña y País Vasco, que han presentado sendas cuestiones de inconstitucionalidad ante el máximo intérprete de la norma fundamental.

Todo se reduce al principio de igualdad y no discriminación reconocido por el artículo 14 de la Constitución. "Las madres biológicas de familias monoparentales están discriminadas respecto a las de familias biparentales", explica la abogada Lourdes Ruiz, de la unidad especializada en derechos fundamentales del despacho EJASO, y autora de varios de estos recursos. "Hay que tener en cuenta que estas mujeres han decidido libremente el tipo de familia que querían formar, lo que es algo que tiene mucha relación con la personalidad y con la intimidad, y perjudicar a alguien por razones familiares también es discriminatorio", prosigue. "Pero además, el 80% de las familias monoparentales las forman mujeres, así que también existe una discriminación por razón de sexo". "Y la falta de igualdad no solo afecta a las madres, también a sus hijos", añade. "La decisión que se adoptó de no hacer trasferible el permiso de paternidad es loable, porque buscaba responsabilizar a los padres de la crianza, pero no puede ser que perjudique a otro tipo de familias".

Casos aislados, según el Ejecutivo

"Nuestros hijos valen lo mismo que los de cualquier familia y tienen que tener los mismos derechos", explica Alazne Páramo, portavoz de MSPE. La portavoz asegura que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige Elma Saiz (PSOE), les ha dicho que las cartas de la Tesorería de la Seguridad Social exigiendo de vuelta el dinero a las madres que lo cobraron después de que los jueces les dieran la razón "son casos aislados" y que el departamento está a favor de asumir sus reclamaciones respecto al permiso del otro progenitor. "Aunque el hecho de que el Gobierno sea de coalición nos lo pone más difícil porque ambas formaciones tienen intereses diferentes", continúa Páramo. El problema está en la división del movimiento feminista respecto a esta cuestión. "Hay algunos grupos que creen que igualar en derechos a los hijos de familias monoparentales y biparentales dificultará el acceso de las mujeres al mercado laboral". Esos grupos, según la portavoz, tienen especial peso en la parte socialista del Gobierno. "Sumar es más favorable que el PSOE. Ahora estamos recabando apoyos entre los partidos pequeños para ver si a través de ellos podemos presionar".

Fuentes de Inclusión aseguran que el Gobierno ha adoptado medidas especiales para las familias monoparentales a través de la Ley de Familias, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria. El texto prevé una acreditación oficial para los grupos familiares de este tipo y la posibilidad de que accedan a 16 semanas de educación infantil gratuita dentro de los primeros 24 meses de vida del hijo o hija, así como la equiparación a las familias numerosas a partir del segundo hijo. Sin embargo, no hay previsión de permitir a estas madres sumar los permisos del otro progenitor ni de dar instrucciones a los letrados de la Seguridad Social para que flexibilicen su posición en los tribunales. "Hasta ahora se han producido sentencias en diferentes sentidos y se está trabajando de acuerdo con la normativa vigente", afirma una portavoz.

Susana, la madre residente en Tenerife, no se resigna. Sabe que el Tribunal Supremo, que estudia su recurso, no le dará la razón, pero ya está decidida a presentar su propio recurso de amparo ante el Constiticional. "Esto es indignante, pagamos muchos impuestos y lo que reclamamos es justo. Además, aceptar ese derecho ayudará a la natalidad, tan baja en España", explica. "Todo es un error de nuestros legisladores que, cuando ampliaron el permiso de los hombres para equipararlo al de las mujeres, no pensaron en la discriminación hacia nuestros hijos que tienen menos contacto con sus progenitores. Es importante que los hombres se impliquen y también estoy a favor de que amplíen el permiso a las 20 semanas, como han propuesto. Pero no puede ser que a las familias 'monomarentales' nos obliguen a aparcar a nuestros niños en la guardería con solo cuatro meses de vida".

La rabia se apoderó de Susana (48 años) el pasado 10 de junio. Al abrir el buzón se encontró con una carta de la Seguridad Social en la que se le reclamaba que devolviera al Estado 15.000 euros del permiso de maternidad que había disfrutado por la llegada de su hija, nacida en febrero de 2021 por fecundación in vitro. Según ese organismo del Gobierno, esta madre de familia 'monomarental' los había cobrado indebidamente a pesar de que una juez le había permitido ampliar su baja de 16 semanas con las otras 16 que le hubieran correspondido al padre en caso de que hubiera tenido a su hija en pareja. La Tesorería reclamaba ese dinero pese a que su caso se encuentra todavía en los juzgados y a que ese derecho, que reclaman cientos de madres solteras de todo el país y que varios jueces y tribunales han reconocido, se encuentra en plena discusión ante el Tribunal Constiticional. La asociación Madres Solteras Por Elección (MSPE), a la que pertenece Susana, asegura que el Ejecutivo ve con buenos ojos reconocerlo en la ley, pero mientras, los letrados de la Seguridad Social, que dependen del Ministerio de Inclusión, siguen batallando en cada caso para que la Justicia falle en su contra.

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