Las informaciones que indican que Arabia Saudí asesinó al periodista Yamal Jashogi en su consulado en Estambul (Turquía) amenazan con poner de nuevo en una situación complicada al Gobierno de Pedro Sánchez menos de dos meses después de que el presidente diese por zanjada la crisis provocada por la decisión —luego revocada— de anular una venta de bombas a la monarquía absoluta islamista gobernada por el rey Salmán bin Abdulaziz, que desde hace tres años y medio interviene en la guerra civil yemení.
La Alemania de Angela Merkel, que este lunes convocó al embajador de Arabia Saudí, no sólo ha suspendido la venta de armas a los saudíes sino que ha pedido a sus socios de la Unión Europea, entre ellos España, que hagan lo mismo, a la vista de las noticias que vinculan la muerte del periodista con el príncipe heredero, Mohámed bin Salmán. “Sería muy importante que llegáramos a una postura conjunta europea”, precisó el ministro alemán de Economía, Peter Altmaier. “Porque sólo si todos los países europeos están de acuerdo se logrará causar impresión en el Gobierno de Riad. No tendrá ninguna consecuencia positiva si nosotros paramos las importaciones de armas pero otros países al mismo tiempo llenan ese vacío”, advirtió.
El Ejecutivo alemán ha aprobado sólo en lo que va de año exportaciones de armas por valor de 416,4 millones de euros destinadas a Arabia Saudí. Ante la pregunta de si Alemania dará marcha atrás en los contratos de armas ya firmados con las autoridades saudíes, el ministro aseguró que el Ejecutivo tomará una decisión al respecto "muy pronto”, informa Europa Press.
La Unión Europea recordó, por su parte, que la decisión de imponer un eventual embargo está en manos de los gobiernos de los 28 Estados miembros, que deben acordarlo por unanimidad. “Las consultas están en marcha a diferentes niveles y en diferentes contextos", explicó en rueda de prensa la portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijančič, al ser preguntada sobre este asunto.
La respuesta del Gobierno español, sin embargo, no ha podido ser más tibia. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, se limitó a decir que está “en contacto” con Alemania y se negó a responder a la petición alemana. La posición de España, anunció, se conocerá en la comparecencia sobre este asunto que tiene prevista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo miércoles en el Congreso a petición de Unidos Podemos.
La postura oficial de la Moncloa y del PSOE sigue siendo esperar a que una investigación, en los términos propuestos por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aclare lo sucedido. Esperar hasta el miércoles permitirá a Sánchez conocer la información que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, hará pública el martes sobre lo sucedido y conocer si otros países europeos se suman a la decisión de Merkel.
De momento, el Gobierno español se ha cuidado mucho de mantener un perfil bajo en este asunto. A través de un comunicado, se mostró “consternado por las informaciones preliminares de la Fiscalía saudí sobre la muerte del periodista” pero evitó cualquier referencia a un embargo de armas o posibles sanciones.
Reino Unido y Francia, a la espera
Los Gobiernos de Reino Unido y Francia reaccionaron de la misma manera, eludiendo en todo momento anunciar sanciones o al menos la suspensión de la venta de armas.
La venta de armamento a Arabia Saudí es un tema delicado para el Gobierno de Sánchez. Después de que un bombardeo saudí en Yemen asesinase a decenas de personas, incluidos varios niños, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció en agosto que revisaría las condiciones de venta de armamento a países de Oriente Próximo para garantizar que se cumplen las condiciones de la venta, especialmente el compromiso de no utilizarlas en terceros países.
El Ministerio de Defensa confirmó después la suspensión de un contrato de venta de 400 bombas láser del Ejército de Tierra, valorado en 9,2 millones de euros, a los saudíes. Pero pocos días después el Gobierno decidió dar marcha atrás por temor a que Arabia Saudí suspendiese el contrato multimillonario (1.800 millones de euros) suscrito entre ambos países para la construcción de cinco corbetas en los astilleros gaditanos de Navantia que resultan vitales para el mantenimiento del empleo en la bahía de Cádiz.
El Gobierno alegó entonces que no había encontrado ninguna irregularidad que le permitiese suspender el contrato de venta de las bombas y que tenía que cumplir el contrato firmado por un Gobierno anterior. El ministro Borrell justificó la decisión diciendo que se trataba de “armamento de precisión”, guiado por láser, que “no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria”. La ministra Portavoz, Isabel Celaá, redondeó las palabras de su colega de Exteriores: “Son láser de alta precisión y si son de alta precisión no se van a equivocar matando a yemeníes”.
Lo cierto es que, según diversos informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones yemeníes de derechos humanos, así como de la propia ONU, ese tipo de bombas de precisión se han usado en la comisión de decenas de presuntos crímenes de guerra. En su informe de enero de 2017, el Grupo de Expertos sobre Yemen del Consejo de Seguridad de la ONU verificó el uso de bombas aéreas de precisión láser en Yemen que causaron 292 víctimas civiles.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ene una entrevista emitida por el programa El Objetivo de La Sexta, se lavó las manos sobre lo que Arabia Saudí pudiese hacer con las bombas vendidas por España: “La responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras; lo que puedan hacer terceros países no es responsabilidad de este Gobierno”, declaró.
España exportó el año pasado a Arabia Saudí productos por valor de 2.267 millones. En el periodo de que va enero a julio de 2018 las exportaciones alcanzaron los 1.446 millones de euros, lo que representa un 9% más. Una parte importante son armas.
El principal cliente
El principal cliente de las empresas armamentísticas españolas es precisamente Arabia Saudí, que compró sólo en 2017 material bélico por valor de 270,1 millones de euros sin que el Gobierno pusiese ninguna pega a pesar de su participación en la guerra civil de Yemen. La compra, según el informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, incluyó ese año "un avión de transporte (55,5 millones de euros), repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para una aeronave de un programa de cooperación europeo, aviones no tripulados, plataformas porta morteros, granadas de mortero, munición de artillería" y equipos de vigilancia.
España fue el tercer país que más material de defensa vendió a Arabia Saudí en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2016, según datos recopilados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), recogidos por Europa Press.
El principal proveedor de armamento a Arabia Saudí durante ese periodo de cinco años fue Estados Unidos, que le vendió el 52,04% del total. A continuación se situó Reino Unido, con un porcentaje del 27,12% de ventas y después ya se encuentra España con un 4,19%, seguida de cerca por Francia con el 4,11%. Según los datos de SIPRI, Alemania ocupa el séptimo lugar en la lista de países exportadores a Arabia Saudí, con un porcentaje del 1,87% del total de las ventas al país.
Los máximos responsables de cuatro ONG, —Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau, Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, y José María Vera, director de Oxfam Intermón— pidieron este lunes a Pedro Sánchez que “únicamente estudie posibles transferencias de armas a Arabia Saudí si tienen la clara finalidad de ser empleadas legítimamente fuera de Yemen y sólo las autorice en caso de que no exista un riesgo sustancial de que las armas se empleen para facilitar la comisión de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario”.
Las organizaciones citadas también piden al presidente que “deniegue las solicitudes” de autorización de transferencias de armas a la dictadura saudí mientras se siga teniendo información de que pueden ser usadas “para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional” y que “ponga fin de forma inmediata a los envíos de armas desde los puertos españoles revocando las licencias de exportación autorizadas cuando haya un riesgo sustancial de que puedan ser usadas en Yemen”.
La petición se apoya en el informe de agosto de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “señala que todas las partes en el conflicto armado de Yemen han cometido con impunidad violaciones graves del derecho internacional y documenta al menos 16.706 víctimas civiles, más de 6.000 muertos y más de 10.000 heridos”, la mayor parte como consecuencia de los bombardeos ordenados por Arabia Saudí sobre “zonas residenciales, mercados, funerales, bodas, centros de detención, vehículos y barcos civiles e incluso instalaciones médicas”. En ese escenario, recuerdan, “el informe de la ONU es muy claro y recomienda a la comunidad internacional ‘abstenerse de suministrar armas que podrían ser utilizadas en el conflicto”.
Las voces de las ONGs, que recuerdan las evidencias que ya existen sobre el uso de armas españolas en Yemen, no son las únicas que piden al presidente un cambio de política. Pablo Iglesias, secretario general de Unidos Podemos, el principal socio parlamentario del PSOE, exigió este lunes a Sánchez que siga la línea de Alemania y cese la venta de armas a Araba Saudí. “Las instituciones de nuestro país no pueden ser amigas de presuntos asesinos de periodistas”, añadió su secretario de Organización, Pablo Echenique.
Una posible suspensión la venta de armas a Arabia Saudí es también una potencial fuente de problemas internos en Unidos Podemos, toda vez que esta formación gobierna el Ayuntamiento de Cádiz, cabecera de la comarca que resultaría más afectada si los saudíes responden anulando el pedido de barcos adjudicado a Navantia.
PP y Cs, en contra de la suspensión
En contra de la suspensión se sitúan, en cambio, PP y Ciudadanos. El secretario general conservador, Teodoro García Egea, aseguró que si su partido estuviese todavía en el Gobierno cumpliría los acuerdos de venta de armas con Arabia Saudí y no pondría en riesgo los contratos para la construcción de buques de guerra suscritos con las autoridades de aquel país.
La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió a su vez al Gobierno de España que denuncie la “violación de derechos humanos” en Arabia Saudí pero, al mismo tiempo, mantenga la “seguridad jurídica” y no rescinda los contratos de venta de armas a este país. “Queremos un Gobierno de España que sea responsable y serio y que cumpla los contratos, pero que también sea el primero en denunciar las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí, en Venezuela o en Cuba”, declaró.
El PSOE prometió en el programa con el que se presentó a las elecciones de 2016, todavía en vigor, “cumplir estrictamente las previsiones de la ley sobre comercio de armas, reforzando el control parlamentario y la transparencia y denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano“, así como “velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos a la hora de firmar acuerdos internacionales”.
La promesa del PSOE se entiende mejor si se tiene en cuenta que en 2017, por citar los datos más recientes, España se saltó la norma y vendió armas por valor de más de 529 millones millones a once países que pueden calificarse como dictaduras porque no celebran elecciones (como Arabia Saudí u Omán) o bien tienen procesos electorales que dan como resultado victorias mas que dudosas del candidato en el poder (Egipto o Kazajistán). Completan la lista Tailandia, Emiratos Árabes, Catar, Vietnam, República Democrática del Congo, Etiopía y Cuba. Eso sin contar países con un historial de respeto a los derechos humanos en discusión, como Turquía, Marruecos, Israel, Argelia o Venezuela.
Yamal Jashogi, un reportero entre dos mundos
La legislación española, aprobada en 2007 durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, es muy clara sobre este asunto, pero no ha impedido que la venta de armas a países dudosos haya continuado.
El articulo 8 de la ley sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso prohíbe su venta a otros países “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”.
Por si la ley impulsada por los socialistas no fuera suficiente, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió en 2013 firmar el Tratado sobre el Comercio de Armas de Naciones Unidas, cuyo artículo 6 prohíbe las “exportaciones de armas, piezas y componentes y municiones” si pueden ser “susceptibles de utilización para la comisión de actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra o crímenes de guerra”.
Las informaciones que indican que Arabia Saudí asesinó al periodista Yamal Jashogi en su consulado en Estambul (Turquía) amenazan con poner de nuevo en una situación complicada al Gobierno de Pedro Sánchez menos de dos meses después de que el presidente diese por zanjada la crisis provocada por la decisión —luego revocada— de anular una venta de bombas a la monarquía absoluta islamista gobernada por el rey Salmán bin Abdulaziz, que desde hace tres años y medio interviene en la guerra civil yemení.