El Gobierno trabaja contrarreloj para mejorar la detección del virus y apoyar a los inquilinos más vulnerables

Planes. Proyectos. Escenarios. La actividad en el núcleo del Gobierno que se ocupa de la crisis es frenética. Y la comunicación también. Este jueves dos ruedas de prensa. Por la mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente Pablo Iglesias. Por la tarde, el titular de Transportes y la también vicepresidenta Teresa Ribera.

La evolución de las cifras —la famosa curva de contagios— es mala, como estaba previsto. Y va a ir peor, mucho peor, como se encargó Illa de recordar por la mañana. Así que el Ejecutivo, presionado por los Gobierno autónomos, el personal sanitario, la comunidad científica, los empresarios más afectados, los sindicatos y los medios de comunicación se esfuerza en preparar nuevos paquetes de medidas. El miedo aumenta y todos los profesionales que prestan servicio en la calle, no sólo los sanitarios, reclaman equipos de protección, desde los transportistas a las fuerzas de seguridad.

En el terreno sanitario, al margen del refuerzo personal y material que ya está teniendo lugar y que los hospitales necesitan con urgencia, la prioridad es la puesta en marcha de pruebas diagnósticas sin esperar a a realizar a demanda para intentar establecer el alcance real del virus.

Sobre ellos se conocen pocos detalles. Estarán listos “en unos días”, según Fernando Simón, el médico epidemiólogo que dirige el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio Sanidad. Serán tests rápidos capaces de identificar infectados pero no podrán ser utilizados más que personal entrenado. Una de las posibilidades que, según algunas fuentes, se está considerando es aplicarlos siguiendo criterios de representatividad territorial y por edades —como si fuese una encuesta— para que los resultados permitan obtener conclusiones y no poner en marcha un procedimiento masivo de pruebas al conjunto de la población.

Alimentada por la expansión del virus, en los últimos días son cada vez más las voces que reclaman la necesidad de proceder a un parón total de la actividad, incluidos los sectores que siguen trabajando presencialmente y no son esenciales, como la construcción o la industria, para así reducir a cero la movilidad y con ella las posibilidades del virus de seguir prosperando. Pero el Gobierno, a la espera de que las durísimas medidas de confinamiento ya puestas en marcha den frutos —lo que debería ocurrir esta semana— no se decide todavía a decretar el cierre total de toda la actividad económica. Como tampoco a clausurar por completo el espacio aéreo. La utilización del ferrocarril y de los aeropuertos, así como el tráfico por carrtetera, han caído a cifras muy bajas, según Transportes, y eso nos acerca al confinamiento casi total, aseguran.

Donde se sigue trabajando es en medidas sociales para atajar las consecuencias de la parálisis económica provocada por el decreto de alarma del pasado sábado. Y una de ellas es una moratoria el pago de alquileres para que las personas más vulnerables no vean peligrar su derecho a la vivienda, una medida que una parte del Gobierno —formada por los ministros de Unidas Podemos pero también por varios del PSOE— ya intentó sacar adelante, sin éxito, el pasado martes.

Fuentes del Ministerio de Economía dejaron ese asunto, el pasado martes, en manos de la buena voluntad en tiempos de adversidad para justificar que no se hubiese aprobado ese día laa moratoria de alquileres. Este departamento confía en que arrendadores y arrendatarios apliquen el sentido común y sean capaces de llegar a acuerdos amistosos durante las semanas de duración de la crisis. Hay que desarrollar redes de solidaridad, remarcan las mismas fuentes, sin que tenga que intervenir el sector público. Lo que esperan es que la sociedad encuentre formas de ayudarse los unos a los otros en medio de una situación extrema que afecta a todo el mundo y de la que, subrayan, sólo saldremos actuando de manera conjunta.

Todavía sin acuerdo

La visión del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es muy disinta. Ambos confirmaron por separado que la cuestión sigue encima de la mesa, aunque todo indica que todavía no hay un acuerdo para hacerla realidad. “Se trata de garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar otra vez lo de siempre”, enfatizó Iglesias, sino “que esta vez sí van a contar con el apoyo del Estado”.

Este Gobierno “tiene que responder a la necesidad de cualquier persona que se vea en una situación de vulnerabilidad” y “es perfectamente consciente de lo que implica la situación de mucha gente que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, se puede ver en la situación de no poder pagar el alquiler”. La Constitución, remarcó, dice que la vivienda es un derecho, así que “este Gobierno va a trabajar para proteger ese derecho”.

También Ábalos se refirió a este problema en una comparecencia celebrada horas más tarde. Este Gobierno, explicó, “va a ser especialmente sensible con aquellos que más tienen que perder con la situación actual. Ya teníamos en estudio una moratoria”, reconoció. Y “evidentemente vamos a seguir estudiando cómo extender estas ventajas a aquellas personas que en la situación actual hayan agravado sus condiciones para hacer frente no sólo al pago hipotecario sino incluso al propio alquiler”.

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El paquete de medidas “que aprobamos el martes no es un punto y final”, subrayó Iglesias. “Estamos trabajando para poner en marcha nuevas medidas que refuercen el escudo social y proteger a todos los colectivos sin excepción durante esta crisis”. “Tendremos que seguir dando pasos adelante y ya les transmito el compromiso de este Gobierno y del presidente de no dejar a ningún ciudadano atrás”.

El vicepresidente quiso además situar la coyuntura en un contexto más relevante: “Esta semana”, dijo, “marca un punto de inflexión en la política económica de Europa. España, pero también otros países de Europa, han decidido dejar atrás los dogmas de la austeridad fiscal que ya fracasaron en la anterior crisis y emprender un camino diferente”. El real decreto del martes fue es “un paso histórico que nos pone a recorrer ese camino”, pero “ahora es necesario hacer más cosas. Teniendo algo muy claro: es imprescindible responder a esta situación con todos los instrumentos de los que disponemos sin escatimar esfuerzos”.

En el escenario de crisis en el que estamos el Gobierno no descarta nada. Industria, lo reveló este jueves Salvador Illa, se prepara para poner a trabajar fábricas españolas en la producción masiva de material sanitario. Y Transición Ecológica, de la que depende energía, se asegura de que no hay ningún riesgo de desabastecimiento de combustibles y que el suministro eléctrico, en especial a la industria pero también al conjunto del país, está garantizado.