El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Xunta de Galicia han trasladado al comité de empresa de Alcoa su "decepción" por la ruptura de las negociaciones para la venta de la planta de San Cibrao a Liberty y han acusado a la multinacional estadounidense de actuar de "mala fe" y de "empujar a los trabajadores a un conflicto innecesario".
La ministra Reyes Maroto y el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, se han reunido telemáticamente con representantes de UGT-FICA, CCOO Industria y CIG, a los que han trasladado su malestar por la decisión de Alcoa de romper las negociaciones para la venta a la británica Liberty House, apenas una hora antes de que finalizara el plazo establecido para llegar a un acuerdo.
"La compañía norteamericana ha rechazado sistemáticamente todas las ofertas que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas, tanto desde el comprador interesado, Liberty House, como del propio Gobierno de España, que estaba dispuesto a comprar temporalmente la planta a través de la SEPI, para venderla inmediatamente a continuación a los británicos de Liberty", subraya el Ministerio en un comunicado.
Esta última posibilidad surgió a raíz de que Alcoa rompiera las negociaciones directas con Liberty el pasado martes. "Se trataba de una operación novedosa e impecable, que cumplía todos los requisitos legales tanto españoles como a nivel comunitario", insiste el departamento de Maroto.
Tanto la ministra como el conselleiro han emplazado a Alcoa a, antes de la reunión de la mesa multilateral de este lunes, "reflexionar sobre las consecuencias que su decisión tendrá para sus trabajadores, sus familias y la comarca de A Mariña en su conjunto", y aceptar alguna de las soluciones que el Gobierno le ha ofrecido para salvar los puestos de trabajo de la factoría de Cervo.
Ambas administraciones siempre han defendido que es posible alcanzar un acuerdo que dé continuidad a la producción de aluminio primario en la planta y a los puestos de trabajo. "No existen argumentos que puedan justificar una decisión que perjudica a todas las partes, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de Alcoa San Cibrao y de la industria auxiliar", asegura Industria.
El Gobierno y la Xunta han afirmado que seguirán trabajando para llegar a un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y las capacidades productivas de la planta, con el objetivo de que no se pare la producción.
Los trabajadores no descartan la vía judicial
Los trabajadores de la planta de Alcoa en Cervo (Lugo) inician este domingo una huelga indefinida
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha insistido en que la representación de los trabajadores no negociará la aplicación de "ERTE ni ERE" con la empresa, al ver el proceso "fraudulento", y no ha descartado acudir a los juzgados si esta apuesta por los despidos.
Preguntado antes de participar en la mesa negociadora con Alcoa, que ha tenido lugar en el Pazo de Cea del municipio pontevedrés de Nigrán –a unas tres horas de San Cibrao–, Zan ha remarcado que el comité de empresa no aceptará "nada que implique parar la producción" y ha incidido en que el Gobierno y la Xunta están "de su parte".
Mientras, la empresa ha advertido de la aplicación de un despido colectivo permanente que afectaría a los 534 puestos de trabajo de la planta de aluminio de San Cibrao en caso de que no haya "acuerdo sobre un ERTE". A ese respecto, el presidente del comité de empresa ha recordado que "hay juzgados y otras formas" para poder paralizar los despidos "legalmente". "La Xunta puede recurrir, el Gobierno puede recurrir y todos podemos recurrir esa decisión", ha advertido. Así, ha esperado que el Ejecutivo central y el Gobierno gallego "mantengan su palabra" y "Alcoa y sus asesores reconsideren su posición".
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Xunta de Galicia han trasladado al comité de empresa de Alcoa su "decepción" por la ruptura de las negociaciones para la venta de la planta de San Cibrao a Liberty y han acusado a la multinacional estadounidense de actuar de "mala fe" y de "empujar a los trabajadores a un conflicto innecesario".