Los Gobiernos, el Congreso, la élite de los partidos y hasta el Ejército sirven de cantera al negocio del lobby

El revuelo por el frustrado fichaje Alberto Garzón por Acento ya está aplacado y el mundo de las consultoras de "asuntos públicos" sigue girando como siempre. He aquí dos escenas de plena normalidad deparadas por el negocio del lobby, que vive una época de fuerte expansión sin una ley específica que lo regule. 1) Political Intelligence, "agencia pionera en asuntos públicos", ha fichado a Santiago Cervera, histórico de UPN y del PP, exconsejero de Salud de Navarra (1996-2003) y exdiputado en el Congreso (2008-2012). 2) Mientras tanto, la web de Ahead sigue sin actualizarse para aclarar que esta consultora de "asuntos públicos" está inactiva porque Lander Martínez, ex secretario general de Podemos Euskadi, que la fundó en 2021, ejerce como diputado por Sumar y se ha tomado una excedencia, como aclara él mismo a infoLibre.

Los de Cervera y Martínez son casos muy distintos y al mismo tiempo descriptivos de la naturaleza del sector lobby, término que suele arrastrar connotaciones negativas –casi todo el mundo rechaza esa etiqueta– pero que no es más que la acción ante las instituciones a favor de un interés privado. El primero es un veterano de la derecha navarra fichado por una multinacional con sede en España. El segundo, un dirigente de la nueva izquierda que montó una modesta cooperativa con "valores progresistas" en el lapso entre que dejó de ser diputado en el Parlamento vasco y empezó a serlo en el Congreso. El primer caso es el de una compañía fichando un veterano político ya alejado de la cosa pública. El segundo, el de una búsqueda de reciclaje profesional. Las dos estampas van a ser habituales en el mundillo.

Los casos citados constituyen dos pequeñas muestras de un sector dinámico, difícil de dimensionar. Por un lado, hay empresas dedicadas a estas tareas para sus clientes. Se las suele conocer como consultoras, las hay españolas y multinacionales y bien pueden dedicarse en exclusiva a lobby o a lobby y otras tareas. Por otro lado, no sólo las consultoras hacen lobby. También es usual que las grandes compañías tengan departamento de esta materia. Un dato: más de 20 firmas del IBEX tienen ficha en el registro de lobbies de la UE. Y eso dejando al margen la actividad de cabildeo que hacen ONG, organismos y asociaciones de todo tipo.

Al no existir una ley, ni los conceptos están formalizados ni hay un registro estatal que permita conocer todas las entidades que hacen lobby. Un profesional del sector estima el número de profesionales entre 500 y mil y el número de consultoras que realizan esta tarea en unas 40. Es un dato orientativo y no es oficial. Lo que es seguro, a tenor de todas las voces recabadas, es que es un sector en alza. "Asuntos públicos crece por sus dos patas, lobby y comunicación", dice una lobista que ha trabajado para una multinacional. Otra, que impulsa su propio proyecto, afirma: "No es verdad que haya una burbuja, esto va en serio. Es un sector que crece y va a seguir creciendo porque se dan las condiciones para que así sea". ¿Qué condiciones? Empresas que lo demandan y políticos que, ante temas cada vez más complejos y un mundo en cambio vertigionoso, aceptan la interlocución de lobistas que los ayudan a entender... aunque no lo hagan desinteresadamente.

Una segunda certeza en el mundo lobby, además de su auge como negocio, es que las consultoras se sirven de la cantera de lo público. Aunque se trata de un campo donde abundan profesionales de alta formación en inteligencia política, government affairs, relaciones institucionales, big data o comunicación, el político tiene también mucho tirón: mucho más de lo que se observa a simple vista y más allá de los nombres que han aflorado a raíz del caso de Garzón, que ha demostrado que se trata de un terreno políticamente inflamable.

En el debate sobre la incorporación de políticos al lobismo, en el que ni hay dos casos iguales ni la brocha gruesa vale para nada, las posiciones oscilan entre las más críticas, que la ven como una forma de poner al servicio de intereses privados una agenda labrada durante la tarea pública, y las más benévolas, que subrayan el derecho del político a rehacerse profesionalmente utilizando el bagaje adquirido durante su paso por las instituciones.

A continuación un repaso por destacadas consultoras y nombres políticos en las mismas.

Más que Blanco y Alonso

En apenas cinco años, Acento, que en 2022 facturó 6,2 millones, se ha convertido en un referente del sector e incluso presume de su "posición como primera consultora de asuntos públicos de España". Es la agencia más asociada a figuras políticas de primer nivel. Fue fundada en 2019 por el exdirigente del PSOE, exparlamentario y exministro José Blanco y por el también socialista Antonio Hernando, que dejó la firma en 2021 para ir a La Moncloa como director adjunto del Gabinete de la Presidencia. El presidente de Acento es Alfonso Alonso, exministro y exparlamentario por el PP. El director general es Miquel Gamisans, que fue secretario de Comunicación del Govern de Cataluña (2016-2018) y secretario de Atención Ciudadana (2018-2021) a propuesta de ERC.

En el consejo asesor de Acento hay tres ex secretarios de Estado con el PP –Elena Pisonero, José María Lasalle y Rubén Moreno–, un exministro del PSOE –Valeriano Gómez– y una exdirigente socialista y miembro del Consejo de Estado –Elena Valenciano–. A todos ellos se sumó hace tres meses el teniente general en la reserva Ignacio Bengoechea, que en 2021 fue nombrado segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. Precisamente el sector defensa es uno de los que está reforzando Acento, tras hacerse fuerte en energía y farmacia.

Un consejo transversal

Es difícil hacer una comparación directa de Acento con Llorente y Cuenca (LLYC), que no sólo se dedica a asuntos públicos, sino a otras muchas áreas: comunicación corporativa, financiera o digital, búsqueda de talento para empresas... Su facturación en 2023 superó los 83 millones, si bien no desagrega por áreas. Nacida en 1995 y con presencia en más de una decena países, la mayor densidad política en LLYC se da en el "consejo asesor", donde figura el exministro socialista Jordi Sevilla.

A Sevilla se suman tres ex secretarios de Estado con el PP: Nemesio Fernández, de Energía (1996-1998), Ramón de Miguel, de Política Exterior (1996-2000), y Marisa Poncela, de Comercio (2016-2018). También pertenece al consejo asesor Maite Arcos, que fue alto cargo de Economía entre 2020 y 2021 con Nadia Calviño (PSOE) al frente. Otro miembro es Alberto Montero, diputado entre 2016 y 2019 por Podemos y que fue figura económica clave del espacio morado. Al igual que ocurre en Acento, LLYC también cuenta con su militar. Se trata de Pedro Méndez de Vigo y Pantojo, miembro del consejo asesor y general en la reserva

Estos nombres se añaden a otros de profesionales de prestigio en campos diversos, completando un consejo asesor cuyos miembros no cobran por pertenecer al mismo pero sí cuando además son senior advisors y asesoran a clientes de LLyC, caso de Jordi Sevilla, Alberto Montero o Méndez de Vigo, explica la compañía. El consejo sirve a LLYC, explica una fuente de la compañía, para afinar la atención a sus clientes en todas las áreas, incluida asuntos públicos.

Hay más nombres con destacada trayectoria política en LLYC, ya fuera del consejo asesor. Uno es Fernando Moraleda, diputado de 2008 a 2011 y ex secretario de Estado de Comunicación (2005-2008, con Zapatero), ahora director de la Oficina Agro de la consultora. Desde esa posición, que no está en el área de Asuntos Públicos, ayuda a los clientes con los fondos europeos y el "relacionamiento institucional". En octubre de 2023 se incorporó al servicio de Asuntos Públicos especializado en salud José Martínez Olmos, exparlamentario socialista en el Congreso (2011-2016) y el Senado (2016-2019), en ambos casos portavoz de Sanidad, que además fue alto cargo de Sanidad (2004-2011).

Un expresidente del Parlament y una ex teniente de alcalde de Barcelona

El medio especializado Dircomfidencial utiliza la expresión big three –tres grandes–de las compañías españolas del sector para hablar de LLYC, Acento y Vinces. Esta tercera, nacida en 2010 y con más de 5 millones facturados en 2022, se presenta como una "consultora estratégica especializada en asuntos públicos". Ernest Benach, su director en Cataluña, fue presidente del Parlament de 2003 a 2010, por ERC. Ricardo Riquelme, director asociado, fue alto cargo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (PP) entre 2012 y 2015. Asesora y hace lobby en Bruselas para Vinces Carlos Carnero, antiguo eurodiputado socialista (1994-2009) y miembro de la convención que elaboró la Constitución Europea.

Hay un ramillete de nombres que aparecen siempre que se consulta por marcas de referencia en este campo. Uno es la consultora española Atrevia. Al igual que ocurre con LLYC, asuntos públicos es sólo una de sus patas. Con una facturación de todas sus áreas superior a 36 millones en 2022, tiene como directora de Asuntos Públicos a Sònia Recasens, que fue teniente de alcalde de Economía en Barcelona con entre 2011 y 2015, con Xavier Trias (CiU).

Se trata de una compañía que –al margen de sus perfiles más técnicos– ha tirado también de nombres destacados del ámbito público. El mejor ejemplo es Joan Clos, exalcalde de Barcelona (1997-2006), exministro de Industria (2006-2008) y exembajador en Turquía (2008-2010), que se incorporó como asesor en 2019 y dejó de serlo en algún momento que la compañía no precisa. Clos, asesor también de Salvador Illa, es una destacada figura del lobby inmobiliario como presidente de Asval, grupo de interés entre cuyos impulsores está Blackstone. En 2021 Atrevia incorporó como asesora a Belén Romana, expresidenta de la entidad semipública Sareb, el conocido como "banco malo". Aunque Romana aún se identifica como asesora de Atrevia, la compañía dice que ya no lo es y que nunca realizó tareas de "asuntos públicos", sino asesoramiento sobre prácticas sostenibles. Fuera del ámbito político, es asesor de Atrevia para Iberoamérica Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País.

Un ministro de Rajoy, ahora asesor

Fundada en Suecia, la consultora Kreab factura en España 16,16 millones (2022). Sus tareas van más allá de los "asuntos públicos", pero son un área relevante de su actividad. El nombre vinculado a Kreab de mayor relieve político es Rafael Catalá, consultor externo, que fue ministro de Justicia entre 2014 y 2018 (PP). Antes había sido vocal de una fundación de apoyo al juego.

El responsable de Asuntos Públicos de Kreab en España es Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda de 2011 a 2016, con el PP.

El recorrido del que fue candidato a liderar el PSOE

Por Kreab pasó también el que fue aspirante al liderazgo del PSOE Eduardo Madina, que abandonó la compañía en 2021 antes de sumarse a la firma Harmon, nacida en 2021 y que cuenta con un equipo de profesionales diverso donde inevitablemente, por su relieve político, sobresale la figura del exdiputado socialista (2004-2017), que hoy es socio de Estrategia.

Ernst & Young, una de las multinacionales de servicios más importantes del mundo, también incorporó a Madina como asesor en marzo de 2023 para reforzar su área de "posicionamiento público", según publicó Dircomfidencial. Como especialista en "sector público" asesora también a E&Y Isabel García Tejerina, que fue diputada (2016-2020) y ministra de Agricultura y Medio Ambiente (2014-2018) por el PP. Entre 2020 y 2023 el director de "relaciones institucionales" de E&Y fue Borja Sémper, ahora portavoz del PP.

Nacionalistas moderados, PP y patronales

Nacida en 2020, BeBartlet es una de las compañías del sector más reconocibles, mérito de uno de su impulsores, el politólogo Nacho Corredor, popular analista político en radio y televisión. En el equipo de este "gabinete de incidencia pública", con unos 2 millones de facturación en 2023, son identificables –entre múltiples perfiles técnicos– algunos nombres con destacado currículo político. Así ocurre con Marta Pascal, que ha sido senadora (2018-2020) y diputada en el Parlament catalán (2013-2018), siempre en fuerzas del nacionalismo de centro. O con el asesor de BeBartlet Jordi Xuclá, diputado (2004-2019) bajo diversas marcas de la derecha convergente catalana. En cuanto a Diego Gago, director de "estrategia política", ha sido diputado del PP entre 2019 y 2023.

Alma mater de BeBartlet, Corredor acaba de incorporarse como asesor de la recién abierta oficina madrileña de la patronal catalana Foment del Treball, de la que es presidente Josep Sánchez Llibre, diputado con CiU de 1993 a 2006. Las organizaciones empresariales son otro foco lobista. La propia CEOE fichó hace un año como director de Asuntos Públicos a José Luis Ayllón, exdiputado del PP (2000-2019), que fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y en los últimos meses de Mariano Rajoy fue su jefe de gabinete. La exministra del PP Fátima Báñez es presidenta de la Fundación CEOE, que tiene entre sus cometidos la interlocución con las instituciones. Los lobbies de la seguridad/defensa (Tedae) y de las consultoras inmobiliarias (ACI) tienen como presidente a Ricardo Martí Fluxá, que fue Jefe de Protocolo con Juan Carlos I y secretario de Estado con Mayor Oreja. Las canteras públicas del lobby son múltiples.

De un antiguo estratega a una exministra

En cuanto a la patronal catalana Foment, además de Nacho Corredor (BeBartlet), figuran como asesores Alberto Ruiz-Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid (1995-2003), exalcalde de la capital (2003-2011) y exministro de Justicia (2011-2014), e Iván Redondo, un estratega político que llegó a ser del círculo más estrecho de Pedro Sánchez y a ocupar los cargos de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018-2021). Hoy el conocido spin doctor es director general del Grupo Redondo, que tiene una consultora de asuntos públicos, Redondo & Asociados.

El caso de Redondo es emblemático de un tipo de consultora fuertemente identificada con la figura de su promotor. No es el único. También está Palacio & Asociados, una "asesoría jurídica y consultoría estratégica pública y privada" fundada por Ana Palacio, que fue titular de Exteriores con Aznar (2002-2004) y diputada (2004-2006). La consultora se dedica a tareas de lobby tanto en España como en la UE.

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Si el asunto se enfoca desde el punto de vista ético, una de las preguntas que recorren la actividad en el negocio de los asuntos públicos de quienes han tenido peso en la esfera política sería la siguiente: cuando los incorpora una consultora, ¿cuánto pesa su conocimiento profesional y cuánto su capacidad de acceso? Si montan su propia firma, ¿está ofreciendo más sus habilidades profesionales o su agenda? Un profesional con pasado político que ha trabajado para un importante consultora afirma: "Hay un poco de todo, está claro. Pero en mi caso, cuando he colaborado, no he tenido contacto directo con las instituciones. Ahora bien, el cliente de la consultora puede percibir que sí lo tienes, y sé que eso es importante para atraerlo. Es más, desde el momento en que se anuncia tu incorporación la consultora ya está utilizando tu imagen y tu nombre para eso".

El nombre es importante. Albert Rivera, por ejemplo, tiene un nombre y lo intenta utilizar. El que fue líder de Cs y candidato a la presidencia del Gobierno ha montado con su antiguo compañero en el partido José Manuel Villegas una "consultoría estratégica", RV+. En este caso, la compañía no consta en ninguno de los registros donde suelen figurar los lobbies. Es más, Rivera y Villegas evitan usar el término "lobby" e incluso "asuntos públicos". Pero, ¿a qué se dedica RV+? A "relaciones institucionales en el ámbito público, social y corporativo". La compañía, a preguntas de infoLibre, no aclara nada más.

Hay otros antiguos referentes de Cs que, tras el desmoronamiento del partido, han sido fichados con empresas privadas para su trato con las administraciones, evidenciando el carácter del sector como reciclador de quienes pierden pie en la política. Inés Arrimadas fue incorporada en diciembre por la multinacional de las renovables Recurrent Energy, donde tendrá entre sus responsabilidades los "asuntos públicos". No mucho antes, en septiembre, la firma de ciberseguridad BeDisruptive sumó a sus filas como directora general de Relaciones Institucionales a Begoña Villacís para, entre otras tareas, ser "nexo de unión entre la compañía y las Administraciones públicas".