"El Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con doscientas mil toneladas de peso y ciento cincuenta metros de altura, el triple de lo que mide la torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos, normal, porque quién va a querer ver esa mierda de cerca". Son las palabras que la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado como constitutivas de un presunto delito de odio o contra los sentimientos religiosos, en base a la querella interpuesta por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos contra los humoristas Dani Mateo y José Miguel Monzón, conocido como El Gran Wyoming. Los denunciados, y también juristas consultados por este periódico, ven una clara "intencionalidad política" en la querella y consideran la decisión de la Audiencia contraria a la Constitución y a la libertad de expresión.
Las acciones legales fueron iniciadas a raíz del programa de El Intermedio emitido por La Sexta el 10 de mayo de 2016, en el que Dani Mateo pronunció el chiste que, según la asociación, representa "un delito contra los sentimientos religiosos". Aunque la denuncia fue inadmitida en un primer momento por el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón, la Audiencia Provincial de Madrid aceptó el pasado 9 de marzo su trámite, al considerar que los humoristas emplearon expresiones "gravemente despectivas" que podrían ser constitutivas de un delito de odio o contra los sentimientos religiosos, tipificados en los artículos 510 y 525 del Código Penal [consultar el auto en este enlace]. El dictamen de la Audiencia Provincial sostiene, además, que "este tipo de expresiones no son apropiadas para utilizarlas en un medio de comunicación".
En contra de la resolución final de la sala, el presidente de la misma, Alejandro Benito López, ha emitido un voto particular expresando que no ve razón para imputarles ninguno de los delitos señalados en virtud de la libertad de expresión de los querellados, "pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe la sociedad democrática".
"Persecución política"
Pablo Linares, presidente de la citada Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, apunta en conversación con infoLibre que es "higiénicamente recomendable que en un país como España haya libertad de expresión". Sin embargo, según él tal derecho "debe estar delimitado por unas líneas rojas", que en este caso quedan definidas por "las creencias religiosas".
Linares relata que, una vez emitido el programa de La Sexta, "mucha gente" se puso en contacto con la asociación, de modo que acudieron a los juzgados de Alcorcón y, después de que fuera desestimada la querella, recurrieron a la Audiencia Provincial. Los siguientes pasos ahora consisten en la llamada a declarar de los señalados, "ver si se retractan o no, y su señoría decidirá si lleva adelante el proceso", apunta.
El presidente de la asociación pone el acento en que su denuncia se ha visto motivada por una "ofensa a la cruz" como símbolo religioso, pero no a la del Valle de los Caídos en particular. "No es un tema político, sino meramente religioso", zanja.
Ni los humoristas acusados ni juristas consultados lo ven así. El Gran Wyoming, también columnista de infoLibre, comenta que la tramitación de la querella es "totalmente ridícula" y recalca que "no tiene ni pies ni cabeza que en nuestra legislación estas cosas puedan ocurrir". Wyoming considera evidente el trasfondo político de la denuncia, y señala que "es raro que un grupo fascista haga una denuncia sin un cariz político detrás". En este sentido, el humorista subraya que "eso de que el nacionalcatolicismo no tenga nada que ver con la política es muy discutible".
El presentador respalda sus argumentos al recordar que él no ha dicho "ni una palabra" del discurso denunciado. La querella, a su juicio, "es exclusivamente política" porque él ni siquiera se encontraba en el plano emitido, de modo que "también podrían haber señalado a Sandra Sabatés o a alguien del público" de El Intermedio. Tras insistir en que él no es ni el director del programa ni el jefe de contenido, Wyoming deja una pregunta en el aire. "Si esto no es una persecución política, ¿exactamente qué pinto yo ahí?".
En cualquier caso, insiste en que el Valle de los Caídos "no es un monumento sólo religioso", sino que allí "están enterrados los dos héroes del fascismo español, que son Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera". Asegura entender la postura de la asociación, "qué es lo que persiguen, qué es lo que quieren y por qué" lo acusan a él. Sin embargo, añade, "lo que dicen los jueces es absolutamente impresentable", y se pregunta "por qué se ponen al servicio de esa organización política".
"Ahí cada uno tiene un papel", continúa, y "lo que dicen estos señores es cierto desde el punto de vista del fascismo, es punible y en otro tiempo fusilable, pero los tiempos han cambiado, ahora no debería ser ni una cosa ni la otra".
Además, el presentador recuerda que no es la primera vez que se ha visto en situaciones similares. En el año 2010, Hermann Tertsch demandó al Gran Wyoming por la emisión en su programa de unos vídeos humorísticos, proceso que finalmente perdió el querellante. "Tuve que ir a un juicio por un caso en el que sabían perfectamente que yo no tenía nada que ver", relata el presentador, quien considera que "ellos lo que quieren es que vayas, subas la escalerilla, sufras la humillación y ponerte la cruz de este ser polémico que lleva ya dos pleitos".
En todo caso, Wyoming también percibe en la actual denuncia un toque de advertencia: "Ten cuidado con lo que dices porque te vamos a poner delante de un juez e igual hasta vas a la cárcel". Denuncia Wyoming que "en el mundo de Blesa, Rato, el presidente murciano y los sms de Rajoy", son los humoristas los que tienen que "dar la cara en un juzgado". Como conclusión, el presentador deja clara su voluntad de seguir "reivindicando que estas cosas se pueden y se deben decir".
Libertad de expresión
Por su parte, el jurista Carlos Castresana coincide en ese mismo diagnóstico de la situación. "Lo primero es que obviamente siendo un programa de humor y en un contexto de entretenimiento eso descarta completamente la intención de promover el odio", subraya el exfiscal, quien entiende que "el contexto excluye por completo el delito". Castresana sostiene que hablar de ofensa religiosa es "sacar de contexto por completo lo que dice el humorista, incluso en su literalidad, porque se refiere a esa precisa cruz", y sacarlo de contexto significa que se están "tergiversando" los hechos. A su entender, resulta "lógico que los denunciantes digan eso, pero no es de recibo que lo respalde la propia Audiencia Provincial".
Castresana también estima comprensible que la asociación "pueda vindicar de alguna manera la censura respecto al monumento y lo que representa, pero eso forma parte de la libertad de expresión, y lo que ya no se comprende es que no lo entienda la Audiencia de Madrid". A su juicio, "el derecho penal está para otra cosa, para asuntos realmente serios, que atacan y destruyen la convivencia, pero no es evidentemente el caso".
En cuanto a lo "inapropiado" de este tipo de expresiones en un medio de comunicación, Castresana señala que "es una opinión de la Audiencia que en ningún caso tiene relevancia penal, y que entra en contradicción con la propia Constitución" cuando establece que no debe existir censura previa en ningún medio de expresión.
Por ello, Castresana explica que resulta "clarísimo que no hay ninguna intención de ofender y no hay ninguna intención de incitar al odio" porque se trata de un comentario "jocoso, intrascendente e irrelevante penalmente", pero sí defiende la voluntad de manifestar que ese monumento, tal y como está, "es un accidente histórico incomprensible en la Europa democrática".
Wyoming, por su parte, denuncia que la valoración expuesta por los magistrados de la Audiencia no puede funcionar como base para "marcar la convivencia, porque para eso existe un Parlamento elegido por los ciudadanos". A su entender, los jueces "tienen que hacer su papel, y efectivamente cuanto menos se metan en política, mejor, si es que algún día pueden dejar de meterse", apostilla.
La asociación denunciante
La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos surge en 2009 como un "pequeño grupo de inquietos españoles" –tal y como se definen en su página web– con el nexo común de defensa del Valle de los Caídos, al que califican como "símbolo de reconciliación entre las dos tristemente famosas Españas que se enfrentaron en la Guerra Civil".
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Los integrantes de la asociación sostienen que el monumento se encuentra "salvajemente atacado desde las esferas del poder", de modo que trabajan por su defensa "en todos los frentes que tiene abiertos en su contra".
En su portal online, la plataforma también denuncia el supuesto "hostigamiento" que sufre la "comunidad religiosa que desde hace más de 50 años abnegadamente cumple con su obligación de rezar por todos y cada uno de los restos de los españoles que, de ambos bandos de la contienda, reposan en los osarios de la basílica".
En una reciente entrevista en la televisión pública vasca, Pablo Linares defiende que el Valle de los Caídos, "le pese a quien le pese, desde sus comienzos fue concebido como un lugar de verdadera reconciliación". El presidente denuncia el "ataque salvaje y despiadado" por parte del gobiernos como el de José Luis Rodríguez Zapatero y rechaza que "con el ánimo de exhumar a dos, tres o cuatro personas sean tocados, removidos y sometidos a prueba de identificación el resto" de cuerpos enterrados en el templo. En la misma entrevista, Linares asegura que la financiación que recibe su organización proviene de las cuotas de sus asociados, aunque el número de personas que la apoyan, dice, "queda para secreto de sumario".
"El Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con doscientas mil toneladas de peso y ciento cincuenta metros de altura, el triple de lo que mide la torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos, normal, porque quién va a querer ver esa mierda de cerca". Son las palabras que la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado como constitutivas de un presunto delito de odio o contra los sentimientos religiosos, en base a la querella interpuesta por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos contra los humoristas Dani Mateo y José Miguel Monzón, conocido como El Gran Wyoming. Los denunciados, y también juristas consultados por este periódico, ven una clara "intencionalidad política" en la querella y consideran la decisión de la Audiencia contraria a la Constitución y a la libertad de expresión.