El contrato con que la empresa pública convertida por Francisco Granados en su feudo, Arpegio, puso en 2006 la licitación del mayor plan de inversión pública de Madrid en manos de una empresa llamada Dusa que disponía de siete empleados y que terminó cobrando siete millones, se firmó dos meses antes de que fuera visado por el Gobierno autonómico. Ese plan era el Prisma, dotado entre 2006 y 2011 con 1.000 millones para obras municipales y ahora en el centro del huracán por la operación Púnica. En la ejecución del Prisma desempeñaba un papel sustancial el actual número 3 de Cristina Cifuentes y consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación Local. Taboada no figura entre los imputados del caso.
Aunque una norma del propio Ejecutivo regional –el Reglamento de Contratos– establece en su artículo 26 que consejerías y empresas públicas "darán cuenta al Gobierno" de todas las "propuestas de adjudicación de los contratos que vayan a celebrar" cuando estos sobrepasen los tres millones de euros, Arpegio decidió no esperar: el 1 de junio de 2006, Granados llevó al Consejo de Gobierno la supuesta "propuesta de adjudicación" a Dusa, y así consta en los documentos a que ha tenido acceso infoLibre. Pero en realidad, el contrato llevaba firmado y rubricado desde el 31 de marzo por 4,5 millones. Y ese mismo día entró en vigor. Distintas fuentes jurídicas consultadas coinciden en que el Reglamento no admite dudas: Arpegio aplicó una política de hechos consumados en lugar de someter a conocimiento del Ejecutivo madrileño una "propuesta de adjudicación".
Las prisas de Arpegio por suscribir ese contrato han quedado al descubierto en los propios documentos oficiales incorporados al sumario. Pero hay más agujeros negros. Y uno de ellos coloca en una posición difícil al consejero Jaime González Taboada. Como director general de Cooperación Local, Taboada era entonces pieza clave para articular el convenio por el que la Comunidad de Madrid encargó a Arpegio ejecutar el Prisma. Según la Intervención General del Estado (IGAE) y la Fiscalía Anticorrupción, el Gobierno de Aguirre cometió una "cuádruple infracción legal" al firmar ese convenio. Entre las infracciones que destaca la IGAE hay una de máxima relevancia: que Arpegio no disponía de medios materiales para acometer la ejecución del Prisma.
Y es ese convenio con Arpegio el que constata el rol esencial desempeñado por Taboada en la ejecución del Prisma. Uno de sus artículos dice esto: "La Consejería de Presidencia a través de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local realizará un seguimiento de las instrucciones y pliegos de cláusulas para la contratación de cada obra". Y el contrato suscrito por Arpegio con Dusa, aquel que se firmó dos meses antes de la comunicación preceptiva al Gobierno de Madrid, especifica que su objeto es el siguiente: "La realización de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas" del Prisma en el bienio 2006-2007.
Precisamente porque se trataba de una "gestión integral", los pliegos de cláusulas para la contratación de cada obra quedaban dentro del perímetro del contrato. No es deducción: entre las obligaciones de Dusa, y así consta en el expediente facilitado a la Asamblea de Madrid, consta de forma expresa la "adaptación de los pliegos de cláusulas administrativas y redacción de los pliegos de prescripciones técnicas particulares" para cada obra del Prisma.
Hubo más. El 23 de febrero de 2006, es decir, 20 días después de la firma del convenio entre la Comunidad de Madrid y Arpegio, Jaime González Taboada fue nombrado por el consejo de administración de Arpegio miembro de la mesa de contratación encargada de ejecutar el Plan Prisma.
Nada que ver con la "caja" del Plan Prisma
Pero, según el equipo de Taboada, el expediente que concluyó encomendando a Dusa la asistencia técnica del Plan Prisma ni fue sufragado con fondos del Plan Prisma ni su adjudicación fue propuesta por la mesa de contratación designada ex profeso para el Plan Prisma sino por otra distinta. Arpegio –sostienen sus portavoces oficiales– disponía de "dos cajas": una para las operaciones ordinarias de suelo de la empresa pública y otra para la ejecución del Plan Prisma. El equipo de Taboada asegura también esto: "El contrato inicial con Dusa, así como sus sucesivas ampliaciones y prórrogas, se pagó con cargo a la caja de las operaciones ordinarias". El hoy consejero nada tuvo que ver con esa adjudicación, remacha su entorno.
Hace un año, el Gobierno de Madrid le comunicó a la Asamblea de Madrid que en realidad el contrato a Dusa se había adjudicado sin mesa de contratación porque la de Dusa había sido la única oferta recibida pese a lo suculento de la adjudicación. Luego, y después de que la Fiscalía Anticorrupción arreciara en la petición de papeles, la directora jurídica de Nuevo Arpegio, que ya lo era en 2006 y que sí figura entre los imputados, "encontró" la fotocopia del acta de una mesa de contratación que, por lo visto, fue la que examinó la oferta de Dusa y aconsejó que se le otorgara el contrato.
Según las fuentes oficiales consultadas por este diario, la composición de esa mesa y de aquella otra de la que el hoy consejero de Medio Ambiente formaba parte aunque nunca participó en sus sesiones era idéntica salvo en lo que respecta a Taboada y al entonces jefe de gabinete y supuesto testaferro de Granados, Ignacio Palacios. Este último también está imputado. En resumen: había varias mesas de contratación, Taboada solo pertenecía a una de ellas aunque jamás acudió a sus sesiones y esa mesa a la que sí pertenecía nada tuvo que ver con la adjudicación del contrato millonario a Dusa que examina la Audiencia Nacional. El administrador único de Dusa, Adolfo Fernández, también está imputado.
Las fuentes oficiales sostienen que había mesas de contratación –en plural– para las "operaciones ordinarias" de Arpegio y que esas las montaba por su cuenta, en solitario y en función de las necesidades y sin rastro documental de esas pretendidas resoluciones, el entonces consejero delegado de Arpegio, Eduardo Larraz, que está igualmente imputado.
El lío de las mesas de contratación y la versión ante la Asamblea de Madrid
La supuesta existencia de mesas de contratación distintas aparece como el factor clave de por qué Taboada negó taxativo el 25 de junio ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid no ya su asistencia a ninguna sesión de ninguna mesa sino su propia pertenencia a ella. El equívoco comenzó cuando el diputado de Ciudadanos César Zafra preguntó a Taboada si había visto los originales del contrato de Dusa, que se cuentan entre los que misteriosamente han desaparecido de Arpegio. El Diario de Sesiones [puedes consultarlo aquí y hacer búsquedas] detalla cómo el número 3 de Cifuentes respondió con una negativa tajante y el diálogo que a renglón seguido entabló con Zafra una vez que el parlamentario de Ciudadanos le interrogó sobre si había visto los originales del contrato con Dusa:
Taboada: Nunca.
Zafra: Usted estaba en la Mesa de Contratación, aunque ya nos ha dicho varias veces que, aunque estaba en esa Mesa de Contratación, no asistió.
Taboada: Nunca estuve en esa Mesa de Contratación porque no era miembro de esa Mesa de Contratación, señor Zafra.
Zafra: ¿De esa Mesa no fue miembro?
Taboada: No, no era miembro de esa Mesa de Contratación.
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Cuando le tocó el turno al PSOE, la diputada Encarnación Moya, quien recalcó que ella sí sabía que había mesas de contratación distintas, introdujo un nuevo ángulo en el interrogatorio: alguien le diría en 2006 a Taboada –le interpeló Moya– que la gestión del Prisma se iba a llevar de otro modo. Taboada respondió así: "Bueno, el funcionamiento del Prisma era que no lo hacía una Dirección General, lo hacíamos 18 o 20 (...) no había un órgano que fuera el que dirigiera el Prisma como tal. Entonces, yo me entero, como el resto de los compañeros, cuando dicen: oye, pues a partir de ahora va a ser la empresa pública Arpegio la que va a hacer esto".
Aunque el ya citado convenio entre la Comunidad y Arpegio asignaba a la Dirección General de Cooperación Local, la de Taboada, "el seguimiento de las instrucciones y pliegos de cláusulas para la contratación de cada obra", el hoy consejero se extendió durante su comparecencia en la línea argumental expuesta en el párrafo anterior: "Pues mire, señora Moya (...), es que a mí no me tenían que contar el Consejo de Gobierno si iban a sacar o no iban a sacar un contrato con una empresa y yo me entero cuando la empresa está contratada y cuando hay gente que empieza a trabar. Es que estaba muy desligado el papel de la Dirección General y el de Arpegio, completamente desligado"
El contrato con que la empresa pública convertida por Francisco Granados en su feudo, Arpegio, puso en 2006 la licitación del mayor plan de inversión pública de Madrid en manos de una empresa llamada Dusa que disponía de siete empleados y que terminó cobrando siete millones, se firmó dos meses antes de que fuera visado por el Gobierno autonómico. Ese plan era el Prisma, dotado entre 2006 y 2011 con 1.000 millones para obras municipales y ahora en el centro del huracán por la operación Púnica. En la ejecución del Prisma desempeñaba un papel sustancial el actual número 3 de Cristina Cifuentes y consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación Local. Taboada no figura entre los imputados del caso.