El Grupo Socialista en el Congreso ha informado a los miembros de su Comité Permanente –del que forman parte la dirección y los portavoces de comisión– que el próximo lunes no tendrá lugar la reunión que suelen mantener antes de un Pleno, una decisión que los críticos creen que indica que se va a proceder a relevar de sus cargos a los diputados que rompieron la disciplina de voto y dijeron no a Mariano Rajoy.
Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, este mismo jueves se les ha enviado un correo electrónico para informar de que el próximo lunes "no tendrá lugar la reunión habitual del Comité Permanente". Esta cita, en la que participan la dirección, los presidentes de Comisión, los portavoces parlamentarios y los miembros de la Mesa, suele celebrarse la víspera de todos los Plenos para abordar su orden del día y fijar la posición del PSOE en los debates y las votaciones. Sus conclusiones se llevan después al plenario del Grupo, que habitualmente se cita los martes por la mañana, a unas horas de que comience el Pleno.
Fuentes de la dirección han confirmado a Europa Press que la próxima semana sí habrá reunión del plenario del Grupo y han restado importancia al hecho de que antes no se cite a los portavoces. Según estas fuentes, esta reunión previa no se convoca siempre –ya no se vio en el último Pleno, la semana previa a la investidura de Rajoy– y, además, para la próxima semana no tienen ningún asunto polémico encima de la mesa. Es más, se van a debatir iniciativas del PSOE, señalan. Sin embargo, y aunque según algunas fuentes la resolución del procedimiento sancionador a los diputados que rompieron la disciplina de voto todavía debe esperar, los afectados temen que se aprovechará la cita del próximo martes para anunciar cambios en las portavocías. Dado que será el primer Pleno después de la investidura de Mariano Rajoy, era la primera ocasión para reunir al Comité Permanente.
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En principio, en el próximo pleno el PSOE defenderá su proposición de ley para parar la Ley de Educación (LOMCE) cuyo portavoz, hasta ahora, es uno de los diputados del PSC que votó no, Manuel Cruz. El reglamento interno del Grupo Socialista contempla multas de entre 200 y 600 euros a los diputados que rompen la disciplina de voto, una sanción que los afectados dan por hecha en su franja máxima (600 euros) y a la que se podría añadir su relevo de los cargos que ostentan.
Entre los quince diputados del no hay una presidenta de Comisión, Margarita Robles, en Justicia; dos miembros de la dirección del Grupo Socialista, Meritxell Batet y Sofía Hernanz; y cinco portavoces de área: la aragonesa Susana Sumelzo (Cooperación Internacional para el Desarrollo), el balear Pere Joan Pons (Unión Europea) y tres diputados de PSC: Mercé Perea (Pacto de Toledo), Joan Ruiz (Políticas Integrales para la Discapacidad) y Manuel Cruz (Educación).
Además, el miércoles se constituirá la Comisión Mixta para la Unión Europea, en la que Pons es portavoz, y el Grupo Socialista tenía pensado proponer para su Presidencia al catalán José Zaragoza, un nombramiento que podría ser revisado. Más complicado lo tendrá para relevar a Robles, ya que fue elegida por los diputados de todos los colores de esa Comisión, en virtud de los acuerdos a los que se llegaron al inicio de la legislatura. La única forma sería echarla de la comisión o del grupo parlamentario. Mientras tanto, algunos críticos temen que la reestructuración en el Grupo podría ir más allá y afectar incluso a las dos diputadas que votaron abstención "por imperativo", después de defender el 'no'. Se trata de la murciana María González Veracruz (Innovación) y la asturiana Adriana Lastra (Administraciones Públicas), que formaban parte de la Ejecutiva de Pedro Sánchez. Además, en la dirección del grupo también está el valenciano José Luis Ábalos, afín al ex secretario general Pedro Sánchez.
El Grupo Socialista en el Congreso ha informado a los miembros de su Comité Permanente –del que forman parte la dirección y los portavoces de comisión– que el próximo lunes no tendrá lugar la reunión que suelen mantener antes de un Pleno, una decisión que los críticos creen que indica que se va a proceder a relevar de sus cargos a los diputados que rompieron la disciplina de voto y dijeron no a Mariano Rajoy.