El pasado 8 de octubre, Javier Luengo intervino por primera vez en la Asamblea de Madrid como consejero de Políticas Sociales. Durante su comparecencia, que se produjo pocas horas después de asumir el cargo tras la dimisión de su antecesor, Alberto Reyero, el dirigente de Ciudadanos anunció que el Ejecutivo regional iba a poner a disposición de los mayores de la región que no pudieran guardar cuarentena en su residencia habitual algo más de un centenar de plazas en el que estaba llamado a ser el primer geriátrico para cuidados covid de la región. La iniciativa fue adjudicada por la vía de emergencia. Y cayó en manos de Vitalia Home, una empresa que ya se ha embolsado por estos trabajos algo más de un millón de euros. Y eso que el historial durante la primera ola de esta firma no es nada favorable en suelo madrileño. La compañía, una de las más importantes del sector de las residencias en el país, fue entre los meses de marzo y abril una de las que tuvo los peores ratios de fallecimientos respecto al número de plazas registrado en la región. Con importantes agujeros negros, como el de su centro de Leganés, por el que hace poco más de un año fue sancionada por cinco infracciones graves.
El anuncio se convirtió en realidad a mediados de octubre. “Necesitamos cuidar a nuestros mayores, que son el colectivo más vulnerable frente al virus”, dijo entonces sobre esta cuestión el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, quien señaló entonces la importancia de la colaboración público-privada, “imprescindible” para tener “una mayor capacidad de respuesta” y lograr que los ancianos estén “protegidos, seguros y atendidos”. Un par de meses más tarde, a mediados de diciembre, se publicó en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la licitación confirmando que Vitalia Home se haría cargo del contrato, adjudicado por la vía de emergencia –es decir, sin concurso público–. Aquella resolución recogía un desembolso inicial de 552.000 euros –impuestos incluidos– por la reserva de 80 camas para este tipo de mayores en la residencia de la que dispone en el barrio madrileño de Canillejas durante un periodo de tiempo de 92 días, es decir, tres meses. El coste de cada una de ellas por cada día de servicio quedaba fijado en 75 euros, IVA incluido.
El pliego de condiciones técnicas establece las características que deben tener las plazas contratadas por la administración para mayores con coronavirus. Deben ser habitaciones individuales, con equipos de oxígeno y vacío. El centro, además, tiene que disponer de “circuitos diferenciados para profesionales”, mientras que la ratio de personal exigido de atención directa debe situarse en 0,52, sumando médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, garantizando la atención directa durante las veinticuatro horas del día. Las plazas, además, deben contar “con atención específica y exclusiva” de “usuarios covid”, que serán mayores de 60 años sin alternativa para pasar la enfermedad. Estos, recoge el contrato, podrán ser derivados desde hospitales de agudos, de media estancia o procedentes de otras residencias que “no puedan garantizar un correcto aislamiento y cuidados”. Serán excluidos, completa, los que tengan “demencia con trastornos de conducta o con delirium florido” o casos en los que se rechace “por criterio médico” su traslado a este centro.
Este miércoles, el Ejecutivo regional volvió a acordar otro desembolso más a la compañía para continuar con el mantenimiento de estas 70 plazas covid en el geriátrico de titularidad privada. La Consejería de Políticas Sociales dio cuenta en el Consejo de Gobierno de una primera prórroga por la que Vitalia Home se embolsará otros 472.500 euros, situando el coste de esta iniciativa durante medio año en poco más de un millón. “Se ha dado luz verde a la inversión para garantizar esas plazas que están vigentes a día de hoy en la residencia covid, la primera en la Comunidad de Madrid”, explicó en rueda de prensa Aguado. Desde que se puso en marcha este recurso, según los datos del departamento dirigido por Javier Luengo, han pasado por estas instalaciones del barrio de Canillejas dos centenares de personas. “El periodo de estancia depende de la evolución clínica del covid19”, señala el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en una nota de prensa. Aunque en su anuncio el consejero Javier Luengo habló de 140 plazas, por el momento las únicas que constan de estas características son las que se han reservado en este geriátrico.
Los principales colectivos de residencias no entienden que se haya recurrido a una compañía como Vitalia Home para esta iniciativa después de lo vivido durante la primera ola de la pandemia en algunas de sus residencias. “Me parece irresponsable y escandaloso, algo que confirma que esto se está tratando como un negocio en el que no importa lo que una determinada empresa haya podido hacer”, sostiene Miguel Vázquez, presidente de Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), quien insiste en que si se tuvieran de verdad en cuenta “las sanciones por faltas graves” este tipo de compañías “seguramente nunca accederían a concesiones públicas”. Tampoco desde la Marea de Residencias comprenden que se hayan adjudicado los trabajos a esta firma. “Es un descaro desproporcionado. Es indignante que se haga cargo de estos servicios uno de los grupos con más fallecidos durante la primera ola, lo que evidencia que la gestión que hicieron del covid fue nefasta. Con esto, parece que se está premiando su trabajo”, dice al otro lado del teléfono Carmen López, portavoz del colectivo.
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Durante los meses más duros de la pandemia –marzo y abril– fallecieron en las residencias madrileñas un total de 9.470 personas, de las que 1.118 tenían coronavirus, 4.677 mostraban síntomas compatibles con la enfermedad y 3.675 perdieron la vida por otras causas, según los datos revelados por infoLibre. De los doce principales grupos privados del sector, Vitalia Home fue uno de los que tuvo peor ratio de muertos respecto al número de plazas ofertadas: un 16,4% –136 decesos y 827 camas gestionadas–, solo por detrás de Mensajeros de la Paz (17,6%), Casablanca (17%) y Aralia (16,8%). De hecho, alguno de sus centros fue un auténtico agujero negro. Carmen López pone como ejemplo el caso del geriátrico de Leganés, que la Marea de Residencias incluyó en sus demandas. “De los 59 centros que llevamos ante la Fiscalía, de momento nos han archivado tres: Las Camelias de Móstoles, Amavir de Coslada y La Solana en Tielmes. Por lo tanto, el caso de Leganés sigue todavía en manos de la justicia”, explica por su parte el presidente de Pladigmare.
De hecho, las autoridades ya detectaron algunos problemas en este mismo centro, uno de los intervenidos en la región cuando las muertes de ancianos comenzaron a dispararse, antes de que estallara la pandemia. En septiembre de 2019, la Comunidad impuso una multa de 30.000 euros a la firma por cinco infracciones graves detectadas durante algunas de las inspecciones realizadas en los últimos años, castigo que finalmente quedó rebajada a 18.000 euros, un 40% menos, por asumir la “responsabilidad de los hechos”. En el expediente sancionador, revelado por elDiario.es, se recogía falta de aseo de los residentes, suciedad en las instalaciones, medicación caducada o falta de privacidad de los ancianos. En septiembre de 2017, por ejemplo, los inspectores se percataron de “tres lápices de insulina caducados en la bandeja ya preparada para su administración”, mientras que unos meses más tarde, en marzo del año siguiente, localizaron en una de las neveras de la enfermería otras tres cajas más de insulina caducadas un par de meses antes.
Vitalia Home tiene alrededor de medio centenar de residencias para mayores, con presencia varias comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, Aragón, Cataluña y Madrid. ¿Y quién está detrás del tercer grupo más importante del sector? Una investigación de este diario publicada a mediados de abril puso de manifiesto que los dueños de todos estos centros se escondían tras una compleja trama societaria que se comenzó a tejer en marzo de 2017, cuando el fondo de inversión británico CVC se hizo con el 80% de la firma. En la operación se utilizaron 165 millones de euros. Un dinero que se transfirió desde seis sociedades radicadas en la isla de Jersey y que se movió a través de una estructura empresarial creada en Luxemburgo, Holanda y España. Sin embargo, el dato que permanece oculto en Jersey es el de quién puso esos 165 millones de euros para la compra. Información que en su día tampoco reveló el presidente del grupo, Chema Coscullela, quien alegó desconocer la estructura interna de CVC.