Los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado reciben cada año en concepto de subvención por parte de ambas Cámaras la suma de 17,8 millones de euros. Una cifra que ingresan en caja al margen del salario de sus diputados y senadores, de los gastos de funcionamiento de sus oficinas y del sueldo de sus numerosos asesores, que asumen directamente las Cortes.
Son 71,3 millones de euros por legislatura sobre cuyo destino apenas hay información. Los partidos no la facilitan y el detalle de los gastos no figura en ningún sitio. No consta en la página web del Congreso y las formaciones políticas tampoco explican a qué dedican el dinero cuando trasladan al Tribunal de Cuentas qué parte de ese dinero pasa a engrosar directamente las cuentas corrientes de los partidos políticos.
infoLibre solicitó estos datos a los cuatro principales, los que más cobran: Partido Popular, PSOE, Vox y Sumar. En el momento de cerrar esta información, ninguno de ellos los había facilitado (la formación ultra ni siquiera respondió a la petición de este diario).
El dinero se distribuye de acuerdo con lo que establece el “régimen económico y de ayudas de los miembros de la Cámara” que fijan los propios partidos: una cuantía fija, igual para todos los grupos, y una variable, la más importante, que guarda una proporción directa con el número de diputados.
Por partidos
Se entiende mejor con un ejemplo. El PP, el grupo más numeroso del Congreso, ingresa cada mes en concepto de subvención fija la suma de 30.346,72 euros, a lo que hay que sumar 1.746,16 euros mensuales por cada uno de sus 137 diputados, lo que da un total mensual de 269.570,64 euros. El PSOE, por los mismos ítems, ingresa cada mes 241.632,08 euros. Les siguen Vox con 87.970 euros, Sumar con 84.477,68 euros, Esquerra y Junts (cada uno con 42.569,84 euros), EH Bildu con 40.823,68 euros, el PNV con 39.077,52 euros y el Grupo Mixto con 35.585,2 euros.
En total son 884.276,5 euros al mes que la Cámara Baja entrega a los grupos y que nadie, salvo los partidos, sabe en qué se gasta. El artículo 28.2 del Reglamento del Congreso ordena a los grupos parlamentarios “llevar una contabilidad específica de la subvención”, pero no tiene acceso a ella a menos que la Mesa, su máximo órgano de gobierno, se la pida (la Cámara tampoco respondió a una petición de información de infoLibre para aclarar si alguna vez lo han hecho).
El resultado es que una suma importante, 10,6 millones de euros al año, pasa del erario público a los partidos a través del Congreso sin que exista ningún mecanismo que permita conocer en qué se lo gastan. Lo ocurrido en el Parlament de Catalunya ha puesto el foco sobre la falta de transparencia con la que se gasta este dinero. Gracias a un informe de la Cámara del 23 de mayo, hemos sabido que el portavoz de Vox, Ignacio Garriga, efectuó gastos por una cuantía de más de 39.000 euros bajo conceptos como pagos a la asociación de padres y madres de alumnos de un colegio, peluquería, tintorería y tiendas de alimentación, entre otros.
La misma situación se da en el Senado, donde tampoco es posible conocer el destino de las cuantiosas sumas de dinero que la Cámara entrega cada mes a los grupos parlamentarios. En este caso se trata, en conjunto, de 604.122,36 euros al mes (7,2 millones al año).
Fiscalización limitada
Según los últimos informes de fiscalización financiera de los partidos políticos publicados por el Tribunal de Cuentas, el detalle del dinero que llega a los grupos parlamentarios tampoco obra en poder de esta institución. Pese a que todos tienen la obligación de incluir en sus cuentas anuales la totalidad de la actividad económico-financiera desarrollada en cualquier ámbito institucional, sea local, autonómico o nacional.
“En lo relativo a la actividad del ámbito institucional, 14 de los 32 partidos políticos fiscalizados (un 44%) han integrado en 2019 las contabilidades de algunos o todos los grupos institucionales, según los casos”, lo que significa que la mayoría no lo hicieron. Y no todos los que formalmente sí atendieron sus obligaciones lo hicieron correctamente. “La información contable facilitada por los grupos es, en ocasiones, incompleta y carece de los justificantes exigidos en la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos, sin que tampoco cuente con los debidos controles internos que resultan obligatorios en el caso de las formaciones políticas”, señala el último informe publicado el pasado otoño.
Aunque las formaciones no cumplen los mínimos de transparencia en relación con el uso que dan a la subvención que reciben de las Cortes (entre el Congreso y el Senado la suma alcanza los 17,8 millones de euros), es bien conocido que la mayor parte de ese dinero acaba en las arcas de los partidos políticos para financiar su funcionamiento ordinario.
Deudas
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Según el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas, la deuda con entidades de crédito registrada por las formaciones políticas al cierre del ejercicio 2019 ascendía a 145,72 millones de euros, de los que 76,44 millones correspondían a deudas con garantía hipotecaria, 27,25 millones a deudas con garantía no hipotecaria y 42,03 millones a deudas de naturaleza electoral.
Las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos, ascendían a 14,37 millones de euros. En conjunto, la deuda total de las formaciones políticas representaba al cierre de 2019 un 31% de su balance. Las formaciones con mayores niveles de deuda eran el Partido Socialista Obrero Español (52,45 millones, un 40% de su balance), el Partido Popular (38,54 millones, un 39%) e Izquierda Unida (14,56 millones, un 77%).
La dependencia del erario público de las formaciones políticas aumentó en 2019, el último ejercicio auditado, en comparación con el año anterior. La proporción de financiación pública ha pasado del 71% al 83% y la financiación privada, del 29% al 17%, lo que, según el Tribunal, “pone de manifiesto la conveniencia de equilibrar el peso que cada una de ellas habría de representar en el total de la financiación”.
Los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado reciben cada año en concepto de subvención por parte de ambas Cámaras la suma de 17,8 millones de euros. Una cifra que ingresan en caja al margen del salario de sus diputados y senadores, de los gastos de funcionamiento de sus oficinas y del sueldo de sus numerosos asesores, que asumen directamente las Cortes.