La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, requirió entre los años 2011 y 2014 los trabajos de reputación del empresario investigado en la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para beneficiar su figura pública y añade que para ello utilizó dinero público.
Así lo dice en un informe en el que explica que la entonces consejera requirió de los servicios de De Pedro a través de la empresa Eico Online, SL para que con las redes sociales y medios digitales, vinculados en Madiva Ediorial y Publicidad, contrarrestasen las informaciones "desfavorables" a Figar y, por el contrario, dar visibilidad a las noticias que favoreciesen su imagen. La empresa realizaba informes mensuales que eran entregados directamente al jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería Pablo Balbín, tal y como constata la Guardia Civil.
El equipo de investigación del Instituto Armado afirma que Figar "no era ajena" al contenido de estos informes, ya que se encontraron correos electrónicos en los que De Pedro "ponía al corriente" de algunas de las acciones que su empresa llevaba a cabo, incluso le remitía dichos documentos. Además, dice que se puede "afirmar" que la exconsejera era consciente de la contratación de los servicios de Eico porque estaba al corriente de la implicación de altos cargos y funcionarios de la consejería madrileña y por "la prolongación en el tiempo" de este acuerdo.
"Queda patente que se estaba pagando con dinero público trabajos que benefician a la imagen personal y carrera política de la consejera, destinado a usos a la función pública caudales de su Consejería para promocionar su figura política", subraya la UCO. La facturación de dichos servicios se realizaba mediante "el recurso permanente de contratación menor", indica, además de seis empresas distintas para facturar estos trabajos.
Usuarios falsos contra la oposición política
Según precisa el informe de la UCO, los empleados de las empresas de De Pedro utilizaban usuarios falsos en las redes sociales como "arma de ataque contra la oposición política y social", lanzando mensajes contrarios a estos.
Por todo ello, la UCO propone tanto al juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como a la Fiscalía que considere a De Pedro responsable de los delitos de fraude en contratación pública, de falsedad en documento mercantil y de tráfico de influencias. Estos mismos delitos son reclamados para Figar, ya que, a su juicio, "habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada" de los servicios de De Pedro, "era sabedora del cariz" de los mismos y "habría beneficiado" al empresario con otros contratos públicos.
La Fiscalía de Madrid acusa a 137 guardias civiles por malversación y falsedad en el cobro de dietas
Asimismo, incluye a Agustín Alonso Conesa, socio y consejero de Eico, al considerar que era conocedor de estos trabajos y a dos personas en las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg, y solicita que se les investigue por los delitos de fraude en contratación pública y falsedad en documento mercantil.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco conformó el pasado lunes la pieza de la trama Púnica, denominada Pieza 2 León, relacionada con la Diputación de León en la que acusa a De Pedro y a Alonso Conesa de un delito de fraude por hacer una "concertación privilegiada" en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí de San Isidro (León).
También les investiga por los delitos de cohecho y de aprovechamiento de información reservada por realizar trabajos de reputación y asesoramiento al expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos, y por el delito de malversación de caudales públicos por ser cooperadores necesarios en la distracción de dinero de la institución para realizar las labores encomendadas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, requirió entre los años 2011 y 2014 los trabajos de reputación del empresario investigado en la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para beneficiar su figura pública y añade que para ello utilizó dinero público.