La Guardia Civil pide investigar a Cifuentes por cohecho y prevaricación en adjudicaciones a Arturo Fernández

La Unidad Central Operativa (UCO) vincula a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al expresidente del Gobierno regional Ignacio González, entre otros, con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid, en el marco de la trama Púnica.

Así consta en uno de los informes de la UCO incorporados al sumario de esta trama liderada supuestamente por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, donde se recoge que a través de la cuenta corriente de Fundescam, "determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales".

La UCO pide investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por los delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. El sumario sobre la pieza de la presunta financiación irregular del PP incluye un informe en el que la Guardia Civil señala a Cifuentes como presidenta de las mesas de contratación de las licitaciones de los contratos públicos en la Asamblea de Madrid.

El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO considera que las conductas apreciadas pueden responder a un delito electoral continuado en concurso con los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

La UCO ha detectado, en relación a estos hechos, "sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de estos empresarios, como Arturo Fernández, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cifuentes".

Estos hechos, según recoge este informe, han dado lugar a la elaboración de un informe policial complementario. Asimismo, añade que se "han mostrado evidencias de que se realizaron pagos de actos electorales desde la cuenta de funcionamiento del partido, que recibió sustanciales fondos procedentes del Grupo Parlamentario".

Sería destinatario de "buena parte de los fondos" el empresario Óscar Sánchez Moyano, vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas (EUDE), entre otras, "quien habría suscrito un contrato de servicios con el partido, con el objeto de encubrir la condición de intermediario en la organización y producción de los gastos electorales.

El pasado 23 de marzo, infoLibre publicó que la UCO interrogaba a funcionarios que junto con Cifuentes dieron un contrato al exjefe de la patronal madrileña. La Guardia Civil investigaba la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2011 tras la valoración efectuada por un comité al que pertenecía la hoy presidenta de Madrid. Arturo Fernández, beneficiario de aquella concesión y donante de la fundación utilizada por el PP en la etapa de Aguirre para abonar gastos electorales, ya había declarado como investigado ante el juez de Púnica.

Información de cuentas bancarias depósitos, valores y acciones del PP

El magistrado instructor solicitó a la entidad Bankia en octubre de 2006 que le remitiese información relacionada con las cuentas bancarias depósitos, valores y acciones del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Requirió además que se facilitase extractos de los movimientos bancarios desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad. El pasado mes de septiembre dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en la Asamblea de  Madrid y durante cuatro horas y media recabaron información sobre contratos realizados por la Asamblea en el marco de la investigación de esta pieza número 14 de la trama Púnica que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño y cuyo secreto de sumario levantó el magistrado el pasado 5 de mayo.

El análisis del informe policial procede de las entradas y registros vinculados con el exgerente del PP regional, Beltrán Gutiérrez, y ha revelado la existencia de una "contabilidad soterrada de gastos de campaña electoral que pone al descubierto la realización de gastos muy por encima de los declarados a la Cámara de Cuentas". Hablan de una "superación sistemática de los límites de gasto electoral durante al menos los comicios electorales celebrados en los años 2007 y 2011" y de "numerosas irregularidades" que suponen una "profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar, como el necesario equilibrio en la concurrencia electoral".

En este punto, subrayan que no sólo participó Beltrán Gutiérrez, sino que también "fue necesaria la participación de otros miembros del PP regional", cuyas responsabilidades "suponían que debían estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a qué destinos se aplicaban". En este ámbito, como ya se conocía, sitúan a Fundescam como "elemento nuclear" de toda esta trama para vehicular los fondos destinados a gastos electorales y para actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña.

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Además, habla de una red de empresas para la materialización y ocultación de los gastos electorales no declarados, unos empresarios que "no sólo se beneficiaban del volumen de negocio generado por la campaña sino que también han sido beneficiarios de contratos y fondos públicos en administraciones controladas por el PP". En el marco de su colaboración con el PP de Madrid, "habrían sido receptores de dinero en efectivo de procedencia opaca, habrían falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campaña y habrían actuado de intermediarios para eludir que el PP figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados por terceras personas".

Entre ellos, se ha identificado la participación del empresario Daniel Horacio Mercado, vinculado con las empresas Over Marketing, Abanico de Comunicación y Marketing SL, Traci Comunicación y Link America SLA, encausado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, por hechos similares en relación a un Plan de Comunicación de los Hospitales en las Islas Baleares, donde se hacía publicidad para la campaña electoral del PP. En este entramado empresarial estaban Óscar Sánchez, anteriormente mencionado, y vinculado a Sintra Consultores SL, Formaselect Consultin SL y Troyano Marketing SL; Ricardo Vázquez Segura, vinculado a Back RVS Producciones Culturales y Comunicación SL, Área de Recursos, Pirámide Producciones y KREA Producciones.

También lo integrarían Marcelino Luis Elosua de Juan, vinculado a Laboratorio de Almagro 36, Lid Editorial y Consejeros Empresariales Españoles; y Maria Luisa Madariaga Sánchez, vinculada con Laboratorio de Almagro 36 y First Tuesday.