La extrema derecha ha conseguido situarse en el órgano rector de la Cámara Baja. Vox se hizo el martes pasado en la sesión constitutiva de las Cortes con la vicepresidencia cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados, un sitio que ocupará el exdiputado del PP por Valencia –ahora en las filas ultras– Ignacio Gil Lázaro. Y lo ha logrado sólo con los 52 votos a favor de su grupo parlamentario. Finalmente, no hubo ningún tipo de cordón sanitario alrededor de la formación liderada por Santiago Abascal. Pero tampoco ningún acuerdo dentro del denominado trío de Colón. Una división del voto de los tres partidos de la derecha que ha propiciado que el bloque de izquierdas les arrebate un asiento en el órgano de dirección del Congreso. Y esto ha terminado derivando en reproches cruzados. Abascal ha acusado al PP de ser “el único responsable de que el comunismo y el separatismo tengan un sitio más”. Pablo Casado, por su parte, ha reprochado a la ultraderecha que rechazase su “generosa” oferta para que el PP, Ciudadanos y Vox se repartieran cuatro puestos en la Mesa: “El partido que se quejaba de tener un cordón sanitario por la izquierda, tejió un cordón sanitario a Cs”.
En poco más de un año, los ultras han pasado de tener algún concejal desperdigado por España a sentar a uno de sus miembros en lo más alto de la Cámara Baja. El ascenso arrancó en las elecciones andaluzas y continuó en las primeras generales y en las autonómicas y municipales. Pero el gran estallido se produjo en la cita con las urnas del pasado 10N, cuando subió de 24 a 52 asientos en el Congreso de los Diputados. En total, los de Abascal se hicieron con 3,6 millones de papeletas por toda España. Y lo lograron a pesar de tener media estructura provincial en manos de direcciones provisionales. A día de hoy, la formación política cuenta con gestoras en casi una treintena de provincias diferentes: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Álava, Navarra, La Rioja, Huesca, Teruel, Barcelona, Lleida, Alicante, Valencia, Murcia, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Cáceres, Almería, Granada, Huelva, Jaén, Ávila, León, Palencia, Soria, Valladolid, Zamora o Las Palmas. Y en algunas de ellas los cambios de líderes han sido continuos.
El partido pretende resolver esta situación de interinidad durante el primer semestre del próximo año, cuando se espera que la formación liderada por Santiago Abascal convoque primarias en todo el territorio nacional. Dicha convocatoria, no obstante, tendrá que recibir luz verde de la Asamblea General que el partido de extrema derecha celebrará el próximo mes de febrero. Mientras tanto, las riendas provinciales de Vox estarán en manos de unas gestoras que no solo se instauran cuando caen las direcciones. Los estatutos de Vox también recogen en su artículo 21 que cuando el partido no cuenta con al menos 500 afiliados en una determinada provincia, el Comité Ejecutivo Nacional puede “nombrar a propuesta de la Secretaría General una Comisión Gestora”.
Las cuatro provincias gallegas
La formación de extrema derecha cuenta con gestoras en las cuatro provincias de Galicia, una de las pocas comunidades autónomas donde Vox no ha logrado pescar ni un solo diputado –en las últimas elecciones generales se quedó en un 7,8% de las papeletas–. Y, de todas ellas, la única que ha pervivido sin turbulencias más o menos reseñables ha sido la de Lugo. En junio, el partido liderado por Santiago Abascal se quedó sin dirigentes en las provincias de A Coruña y Pontevedra tras la dimisión de sus cúpulas. En la primera, se apartaron el presidente de la gestora y excandidato del partido a la Alcaldía de Santiago, Pablo Cancio, que fue seguido por el vicepresidente, el secretario, el coordinador del partido en la ciudad de A Coruña y el coordinador en el área metropolitana. Algo similar ocurrió en suelo pontevedrés, donde presentó su dimisión el entonces presidente de la gestora, Andrés Álvarez, aunque en este caso la cascada de renuncias no fue tan generalizada como en el anterior. En la caída de las dos cúpulas se adujeron motivos personales.
No fue tan pacífica, sin embargo, la reorganización estructural en Ourense. Cuando quedaban pocos días para las elecciones generales del 28A, el partido decidió expulsar fulminantemente al que hasta ese momento había sido el presidente de la gestora provincial, Julio Vázquez. El que fuera expresidente del Club Ourense de Baloncesto, sin embargo, no tardó en hacer público un comunicado en el que aseguraba que había sido él quien había dimitido y había pedido su baja como afiliado. “El motivo no es otro que la traición sufrida a manos de la vicepresidenta de la comisión gestora (…) que desde la llegada de la candidata al Congreso (…) se ha dedicado a crear insidias sobre mi persona con el único afán de desprestigiarme”, expuso Vázquez en el comunicado, en el que señalaba que ese supuesto acoso y derribo no tenía otro objetivo que el de “hacerse con el control del partido en Ourense así como garantizarse el puesto número uno de las municipales de Ourense”. Miembros del partido en la ciudad, sin embargo, acusaban a Vázquez de gestionar la formación como un “cacique”.
De Álava a Barcelona
En situación de interinidad se encuentran también las direcciones provinciales en Álava, la tierra natal del líder de Vox, así como en La Rioja y Navarra, otras dos circunscripciones por las que la extrema derecha no ha conseguido ningún escaño en el Congreso de los Diputados. Y también hay gestoras dirigiendo la formación de extrema derecha en dos de las tres provincias aragonesas: Huesca y Teruel. En la primera, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox decidió a comienzos de octubre designar una nueva Comisión Gestora con el objetivo de “revitalizar la estructura orgánica” de cara a los comicios del 10N, una dirección interina encabezada por el empresario hotelero Roberto Pac que en la cita con las urnas logró arañar el 12,65% de las papeletas. En el caso de Teruel, la formación ya vivió a cuatro días de las elecciones autonómicas y locales del 26M tensiones internas por las declaraciones de algunos miembros del partido criticando el carácter “dictatorial” de la entonces presidenta de la comisión gestora, Soledad Feases.
Las gestoras también están instaladas en Lleida, cuyo exlíder José Antonio Ortiz fue detenido en marzo por un supuesto delito de abusos sexuales a un discapacitado, y en Barcelona. En esta segunda provincia, la ejecutiva nacional decidió el pasado mes de octubre cesar al denominado comité ejecutivo provincial, elegido por las bases en julio de 2018, e instaurar una dirección provisional con Joan Garriga como presidente y Mónica Lora como tesorera, dos exmiembros de Plataforma per Catalunya que tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de discriminación y provocación al odio. El movimiento llevó a un grupo de afiliados a presentar una demanda en los tribunales pidiendo que se declarase nulo el acuerdo por el que se designaba la gestora y se restituyese a la dirección fulminada. El motivo, que la decisión tomada no se ajustaba a lo que establecen los estatutos para su disolución directa desde Madrid: ni se incumplieron las órdenes de la dirección ni había dimitido más de la mitad de los miembros del comité ejecutivo provincial.
Valencia y Alicante
La formación de extrema derecha también ha tenido que hacer frente a las grietas que se le han abierto en los últimos meses en la Comunitat Valenciana. A comienzos de septiembre, el presidente provincial del partido, José María Llanos, decidió presentar su dimisión y abrió una profunda crisis orgánica. El paso atrás fue interpretado como un movimiento estratégico para la conformación de una gestora provincial liderada por el propio Llanos en la que no tuvieran cabida los críticos, amotinados por la forma en la que se configuraron las listas electorales. Con esta posibilidad sobre la mesa, estos sectores enviaron una carta al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en la que le proponían cinco personas “bien conocidas por la afiliación” para la configuración de una gestora en la que, en su opinión, no podía “haber nadie del antiguo comité”. No sirvió de nada. A mediados de septiembre, el Comité Ejecutivo Nacional del partido de Abascal nombró como presidente de la gestora a Llanos, quien durante ocho años cobró de una fundación ligada al caso Blasco.
El partido también cuenta con una dirección provisional en Alicante. A finales de marzo, cuando quedaba solo un mes para los comicios autonómicos valencianos, la entonces presidenta provincial de la formación de extrema derecha, Ana María Cerdán, presentó su dimisión alegando motivos “personales y profesionales”. Con ella, desapareció toda su ejecutiva. Vox nombró entonces una gestora liderada por Ana Vega. Pero las tensiones dentro del partido siguen provocando sonadas polémicas. La última se produjo tras las elecciones generales del pasado mes de noviembre, cuando la gestora del partido decidió celebrar una comida en Elche para festejar los resultados obtenidos por el partido ultra en suelo alicantino, donde logró arañar tres escaños. El enfrentamiento surgió porque se excluyó del acto al que había sido cabeza de lista, Manuel Meste, y al número dos, José María Sánchez, según informó el diario Información, lo que se entendió como un intento de la gestora de apropiarse del “éxito de la campaña de su número uno”.
Las dos Castillas
En Castilla-La Mancha, la formación liderada por Santiago Abascal también tiene direcciones provisionales en Albacete, Ciudad Real y Toledo. En la primera provincia, la gestora fue conformada tras la dimisión en plena elaboración de las listas electorales de la que entonces era presidenta del partido en Albacete, Rosario Velasco, un problema más para el partido ultra que se sumaba entonces a la renuncia del que había sido su candidato por esta circunscripción el 28A por sus polémicas declaraciones sobre las terapias de reconversión para niños gays o a la filtración de un informe enviado a la dirección nacional del partido denunciando irregularidades en el funcionamiento de la formación. En Ciudad Real, por su parte, la dirección provisional se implantó en febrero tras apartarse el que hasta ese momento era su coordinador provincial, Casimiro Molina. Unos días después, se constituyó la comisión gestora, con José Antonio Ruiz-Valdepeñas como presidente.
Pero las tensiones internas más importantes fueron las que se registraron en Toledo. El pasado mes de mayo, el entonces presidente provincial del partido ultra, Luis Miguel Núñez, decidió dimitir de su cargo, lo que derivó en la implantación de una gestora dirigida por Daniel Arias. Desde Vox se lanzó el mensaje de que había decidido “pasar a un lado” para centrarse en la campaña electoral. Sin embargo, a finales de septiembre afloraron las enormes discrepancias. Núñez, entonces concejal en el Ayuntamiento de Toledo, decidió solicitar su baja de la formación ultra y del grupo municipal para pasar a ser edil no adscrito. Vox le reprochó que se quedara con el escaño y le acusó de tener un comportamiento “que muestra una ambición política que antepone personales al servicio que debe a los ciudadanos”, además de acusarle de haber “manipulado” a la militancia para ascender internamente “falseando y filtrando información”. Núñez, por su parte, señaló “diferencias irreconciliables” con la dirección provincial y miembros de la nacional de un partido al que definió como “una seudosecta”.
Direcciones provisionales tiene también el partido ultra en al menos seis provincias de Castilla y León: Ávila, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, donde el que fuera presidente provincial decidió dimitir de todos sus cargos y abandonar totalmente el partido señalando únicamente que era “lo que la situación” exigía en ese “momento”. Sin embargo, las crisis más recurrentes han sido las que se han producido en suelo leonés. Durante los últimos nueve meses el partido ha estado en manos de una gestora que hasta el pasado mes de octubre presidía Elena Merino, quien había sido colocada en el cargo después de que Carlos Portomeñe dejase el cargo tras hacerse públicos unos audios en los que explicaba la influencia que tenía un patrono de la Fundación Nacional Francisco Franco en Vox León, al que supuestamente nutría de fondos. Merino ha sido sustituida ahora por Carlos Pollán, expresidente del club de balonmano Ademar León.
Los incendios andaluces
Tras la dimisión de José María Llanos en Valencia, los críticos alertaban de un movimiento estratégico como el que se había producido en Jaén durante el verano. Allí, el mes de julio se cerró con la disolución del comité ejecutivo provincial de Vox tras dimitir más de la mitad de sus miembros por diferencias con la entonces presidenta del partido ultraderechista en Jaén, Salud Anguita. El descontento existente no era nuevo. De hecho, varios afiliados ya habían pedido la salida de la máxima responsable provincial por, entre otras cosas, su pasado en Ciudadanos. Tampoco había gustado la elaboración de la lista electoral para las elecciones municipales. Tras la disolución del comité ejecutivo, Anguita envió a los militantes un vídeo junto con Ortega Smith a fin de simbolizar el respaldo que tenía de la dirección nacional. En él, la máxima responsable a nivel provincial achacaba las dimisiones que habían provocado la implosión a “deslealtades”. A comienzos de agosto, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox aprobó la composición de la gestora en Jaén, con Anguita a la cabeza.
El PP se enfrenta a su primera gran crisis con Vox tras la constitución de la Mesa del Congreso
El partido ultraderechista también ha tenido problemas en Almería, donde el pasado mes de junio el partido decidió disolver el comité ejecutivo provincial e instaurar una gestora para intentar resolver la crisis abierta en El Ejido y las “tensiones internas”. La formación de extrema derecha también cuenta con gestoras en Huelva y Granada. En esta última provincia, la situación de interinidad comenzó a finales de marzo, cuando el entonces presidente de Vox en suelo granadino se apartó tras desvelarse que había sido condenado en los años 1990 por una estafa. Tras cuatro meses con una dirección provisional, Vox Granada intentó que la formación entrase en fase de primarias. Incluso llegó a plantear que fueran a finales de septiembre. Sin embargo, desde Madrid se terminó denegando la petición y se pospusieron para la primavera de 2020, cuando está previsto que toda la formación lleve a cabo este proceso a nivel nacional.
Interinidad en el feudo del partido
La formación liderada por Santiago Abascal también está dirigida por gestoras en Las Palmas y Cáceres. Y lo estará durante unos meses en Murcia. Hace solo una semana se conoció el cese del comité ejecutivo provincial (CEP) del partido a pesar de los buenos resultados logrados en la comunidad autónoma en las generales del 10N –fueron primera fuerza política–. Los miembros del CEP enviaron un mensaje a los “coordinadores y concejales” explicando que tras el “éxito” electoral el partido tenía que “cambiar su organización”, para lo que se necesitaban la incorporación de personas nuevas. Sin embargo, ni una sola palabra sobre la decisión “personal” del hasta ese momento presidente provincial del partido, Pascual Salvador, de dejar el cargo. El nombre de Salvador saltó a la palestra el pasado mes de abril, cuando La Marea desveló que un afiliado de Vox había presentado una denuncia contra el líder provincial por posibles delitos económicos e infracciones de la ley de financiación de partidos.
La extrema derecha ha conseguido situarse en el órgano rector de la Cámara Baja. Vox se hizo el martes pasado en la sesión constitutiva de las Cortes con la vicepresidencia cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados, un sitio que ocupará el exdiputado del PP por Valencia –ahora en las filas ultras– Ignacio Gil Lázaro. Y lo ha logrado sólo con los 52 votos a favor de su grupo parlamentario. Finalmente, no hubo ningún tipo de cordón sanitario alrededor de la formación liderada por Santiago Abascal. Pero tampoco ningún acuerdo dentro del denominado trío de Colón. Una división del voto de los tres partidos de la derecha que ha propiciado que el bloque de izquierdas les arrebate un asiento en el órgano de dirección del Congreso. Y esto ha terminado derivando en reproches cruzados. Abascal ha acusado al PP de ser “el único responsable de que el comunismo y el separatismo tengan un sitio más”. Pablo Casado, por su parte, ha reprochado a la ultraderecha que rechazase su “generosa” oferta para que el PP, Ciudadanos y Vox se repartieran cuatro puestos en la Mesa: “El partido que se quejaba de tener un cordón sanitario por la izquierda, tejió un cordón sanitario a Cs”.