Es un debate que hace unos años era implanteable: sonaba ingenuo. Pero en 2021, la avalancha de nuevas solicitudes para instalar nueva capacidad renovable, principalmente eólica y fotovoltaica, está generando fricciones. Principalmente en la España rural, que en muchos lugares es equivalente a la España vaciada. Los habitantes de estas zonas no quieren que se comprometa la biodiversidad de los espacios naturales que admiran, disfrutan o explotan; también velan por otros valores menos intangibles, como el paisajístico o el emocional. Todas las partes llaman al "equilibrio", pero discrepan en cómo alcanzarlo. Lo puesto sobre la mesa por el Ministerio para la Transición Ecológica no es suficiente para las plataformas en defensa de la tierra, los partidos que llevan la reivindicación al Congreso y los expertos consultados.
Gracias a la iniciativa de Teruel Existe, el artículo 22 de la Ley de Cambio Climático aprobada por el Congreso reza así: "El despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico". ¿Pero cómo? El redactado de una norma paraguas como esta es poco concreto. El Ministerio para la Transición Ecológica cree, en palabras de su titular y vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, que el ordenamiento jurídico actual ya es suficiente para atajar un problema que debe abordarse sin caer en el "yo quiero que todo sea renovable, pero nada cerca de mí".
El Gobierno confía en los planes de ordenación del territorio, la legislación de protección de la biodiversidad –como la Red Natura 2000– o las evaluaciones de impacto ambiental, que dependen del Ejecutivo o de las comunidades autónomas según el tamaño del proyecto. Además, Transición Ecológica ha publicado un mapa de zonificación ambiental que identifica las zonas donde no está recomendado instalar centrales eólicas o fotovoltaicas, teniendo en cuenta criterios como el valor del paisaje, la vulnerabilidad de su flora, su fauna, su tierra o sus aguas o la cercanía a las poblaciones, entre otros criterios. Como se puede comprobar de un vistazo, hay amplias zonas en la Península en las que, según el criterio de los técnicos del Ejecutivo, no habría problema para este tipo de proyectos, sin que eso signifique una evaluación ambiental positiva asegurada. Pero estas indicaciones no siempre coinciden con los intereses de las empresas.
Zonas donde Transición Ecológica recomienda excluir proyectos de energía fotovoltaica (en naranja).
La directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma), Ana Barreira, cree que el primer paso debe consistir en pasar esas recomendaciones en obligaciones. "Son indicadores. Lo ideal es un real decreto donde se especificaran todos los criterios de exclusión, pero lo interesante es que se prohíba. Se debería haber hecho una planificación". La abogada y consultora ambiental se hace una pregunta: "¿Hasta cuántos MW necesitamos de grandes proyectos?", que son los que entran en conflicto con la tierra, la biodiversidad y el modo de vida de los habitantes de estas zonas. "Hay una gran parte de que se puede hacer a través de pequeños proyectos de autoconsumo. Hay núcleos industriales en los que se puede hacer autoconsumo colectivo".
El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, está de acuerdo. La evaluación ambiental, considera, es una herramienta que se queda corta ante este desafío: los megaproyectos se dividen para facilitar la tramitación, sin tener en cuenta su impacto conjunto, y suelen dejarse fuera los efectos menos evaluables desde un punto de vista productivo, como la pérdida de valor del paisaje. Pero su oposición a la instalación sin control y masiva de lo que denomina "centrales renovables" va más allá: utiliza una lógica basada en el extractivismo. Los grandes núcleos poblacionales toman de la España vaciada lo que necesitan, en esta ocasión la electricidad, a cambio de nada. "Estamos cansadso de ser el patio trasero de las grandes urbes. ¿Por qué no se instala esto cerca de donde se consume? ¿Por qué no se instalan cerca de Madrid? Porque el suelo es más caro", reflexiona.
Guitarte propone una moratoria de instalación de nuevas "centrales renovables" hasta que no se legisle al respecto: y un "canon", como el que se impuso a las hidroeléctricas entre 1983 y 1986, con el que una parte de sus beneficios repercutía directamente en las poblaciones donde se asentaban. "Si queremos que los territorios lo reciban favorablemente, tienen que ver que respetan lo que ellos consideran que tiene un valor. Tienen que ver que les beneficia. Hagámoslo bien, porque si lo hacemos mal... vamos a generar un rechazo", asegura el diputado. No se trata solo, argumenta, de oponerse a energías limpias sin ton ni son: se trata de un movimiento estratégico para avanzar en la descarbonización sin avivar la tensión social.
Los conflictos están apareciendo como setas. Teruel Existe ha convocado este domingo una manifestación en coche bajo el lema Por el futuro de Teruel. Renovables sí, pero así no. "Teruel Existe ha convocado esta movilización por la preocupación que le han transmitido muchos turolenses. Nos están diciendo que se está generando un problema muy importante; que están sufriendo las consecuencias de algo que no son responsables, con enfrentamientos que tenemos que evitar que produzcan una fractura social", declaró Manolo Gimeno, portavoz del autodenominado "movimiento ciudadano". En Granada, regantes del norte han rechazado la instalación de una planta fotovoltaica que obligaría a la expropiación forzosa de más de un centenar de propietarios de 700 hectáreas. La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica lleva desde diciembre de 2020 pidiendo que la zona se quede al margen de la transición energética, criticando los "megaproyectos que únicamente se traducen en grandilocuentes resultados económicos para los grandes complejos empresariales".
Las pequeñas luchas territoriales se están, incluso, empezando a reagrupar para funcionar con una sola única voz. Así, en febrero de este año surgió Aliente (Alianza Energía y Territorio) que une las reivindicaciones de decenas de asociaciones locales. Más allá del lamento, también hacen propuestas concretas: se unen a la petición de pasar a ley la zonificación ambiental de Transición Ecológica, y de una moratoria hasta que no se apruebe. Pero también ponen sobre la mesa no instalar hasta pasados 2030 más MW de los necesarios para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la ampliación de la Red Natura 2000 de la protección de la biodiversidad, la mejora de los estudios incluidos en la evaluación ambiental o el "establecimiento de medidas para evitar el fraccionamiento ilegal de proyectos".
Una empresa pública de energía, clave según la OCDE para subir la cuota de renovables que rebajan la factura de la luz
Mas allá de los activistas, muchos investigadores y científicos españoles apoyan las medidas para proteger la biodiversidad y el paisaje ante el desarrollo de las renovables. En diciembre, 23 de ellos publicaron una carta en la revista Science alertando del peligro. "El proceso se está desarrollando de forma no controlada, generando riesgos elevados de concentración de la generación de la energía en oligopolios, y no evaluando adecuadamente los graves impactos ambientales asociados", señala para la agencia SINC el ecólogo de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Traba, uno de los firmantes.
El impacto para la biodiversidad no se reduce a lo evidente: la posible muerte de aves atrapadas entre las aspas de los aerogeneradores, por ejemplo. La clave está en, sea la tecnología que sea, cuál es el suelo que usan. Muchas de estas centrales se ubican en zonas de cultivo extensivo de secano, pagando muchos menos euros por hectárea utilizada, y destruyendo no solo los cultivos sino los hábitats presentes. "Acogen una comunidad de aves única y muy amenazada, pero que por su bajo valor catastral están siendo masivamente elegidas para el despliegue de fotovoltaicas", explica para el mismo reportaje David Serrano, de la Estación Biológica de Doñana.
Las empresas eléctricas, coinciden los expertos, están mirando mucho más por sus cuentas que por el impacto del terreno que utilizan. La duda es si los poderes públicos harán más de lo que ya hacen para evitarlo.
Es un debate que hace unos años era implanteable: sonaba ingenuo. Pero en 2021, la avalancha de nuevas solicitudes para instalar nueva capacidad renovable, principalmente eólica y fotovoltaica, está generando fricciones. Principalmente en la España rural, que en muchos lugares es equivalente a la España vaciada. Los habitantes de estas zonas no quieren que se comprometa la biodiversidad de los espacios naturales que admiran, disfrutan o explotan; también velan por otros valores menos intangibles, como el paisajístico o el emocional. Todas las partes llaman al "equilibrio", pero discrepan en cómo alcanzarlo. Lo puesto sobre la mesa por el Ministerio para la Transición Ecológica no es suficiente para las plataformas en defensa de la tierra, los partidos que llevan la reivindicación al Congreso y los expertos consultados.