La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha cifrado en un total de 267.288.638,42 euros los importes "no justificados adecuadamente" por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entre los años 2009 y 2017, durante la última etapa al frente de la Presidencia de Ángel María Villar.
En un informe de 89 páginas remitido al juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del caso Soule, y al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos analizan el destino dado por la RFEF a los fondos percibidos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), su adecuación a los fines previstos en las leyes y convenios aplicables y su correcta contabilización.
Se trata de una pericial de la que ya dispone el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, que se encarga de indagar en las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la RFEF.
Así las cosas, la IGAE realiza en su informe un desglose pormenorizado de las cantidades invertidas y que no fueron justificadas sin que ello les permita concluir, como explican, que dichos importes se hayan destinado a otros fines distintos a los previstos en los convenios. Los técnicos también reconocen que no pueden averiguar cuál ha sido el destino que, en algunos casos, se ha dado a los mismos.
Falta de concordancia
Eso sí, los peritos dejan claro que "no hay trazabilidad entre la contabilidad y la documentación bancaria, además de no existir documentación justificativa de los gastos para una parte significativa de los mismos".
En este contexto, explican que la RFEF no ha remitido una parte significativa de la documentación acreditativa de los gastos contabilizados. Esto es, de las facturas y demás documentación que permite acreditar documentalmente la existencia de los gastos asumidos por la RFEF financiados con cargo a los fondos entregados por la LNFP.
Y es que, como recoge el informe, en una parte muy significativa de los gastos la información aportada, que consideran "insuficiente" e "incompleta", tiene dos carencias que impiden comprobar la trazabilidad de las anotaciones contables con los pagos y que, en consecuencia, no permiten acreditar los pagos.
En concreto, no hay concordancia entre el importe del pago que figura en la contabilidad para cada gasto concreto y el importe del pago que consta en el extracto bancario facilitado. Pero, además, los extractos bancarios facilitados no incluyen para un elevado número de gastos los documentos bancarios que detallen el destino de las transferencias y que, al menos, concreten los beneficiarios y el importe que se abona por cada remesa a cada beneficiario.
El desglose de los importes sin justificación
De los importes sin una justificación adecuada por parte de la RFEF, la IGAE desglosa esos 267 millones de euros en honorarios de árbitros y delegados; alojamientos, viajes, dietas y cursos; la Copa del Rey; los pagos al fútbol base y al fútbol aficionado, y el IVA.
Por los honorarios a los árbitros, asistentes y delegados-informadores, la IGAE ha cuantificado en 117.128.021 euros el dinero no justificado de una manera correcta; por los alojamientos, viajes, dietas y cursos, 12.439.255,06 euros; por la Copa del Rey, 29.186.758,40 euros; por la contribución al fútbol base, 52.018.761,86 euros; por el fútbol aficionado, 13.875.022,83 euros, y en concepto de IVA de estas operaciones, 42.640.819,27 euros.
En el informe, el órgano de control puntualiza que tanto la LNFP como la RFEF son entidades privadas y que estas cantidades de dinero proceden, por tanto, de "fondos privados" que la una aporta a la otra en función de los acuerdos establecidos entre ambas partes mediante convenios firmados en los años 2006, 2010, 2014 y 2015.
Según la IGAE, las aportaciones económicas comunicadas por la LNFP coinciden con las contabilizadas por la RFEF desde 2009 a 2017, que ascienden a 275.077.674,19 euros. No obstante, para el controlador la Liga debería haber pagado 651.205,51 euros más a la Federación según las condiciones estipuladas en los convenios.
Además, los técnicos inciden sobre la ausencia de documentos que acrediten los pagos realizados a los equipos de Tercera División por la Copa del Rey, al fútbol base en la temporada 2016/2017 o los 13.875.022,83 euros debidos a las Federaciones Territoriales. "En total, hay gastos de los ejercicios 2009 a 2017, cuyo importe asciende a 120.880.408,08 euros, para los que falta la documentación justificativa del pago de los mismos", apuntan.
El funcionamiento de la trama
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Según los investigadores, en "Soule" se habría creado un entramado societario que habría permitido la desviación de fondos (tanto públicos como privados) de varias asociaciones a sociedades vinculadas con los dirigentes de la trama.
De esta forma, se habría establecido un clientelismo tanto en la contratación del personal, que recaería fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas a la presunta trama.
Todo ello sería constitutivo de presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, corrupción entre particulares y contra la Hacienda Pública.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha cifrado en un total de 267.288.638,42 euros los importes "no justificados adecuadamente" por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entre los años 2009 y 2017, durante la última etapa al frente de la Presidencia de Ángel María Villar.