Un informe de Hacienda incorporado al sumario de la Operación Lezo ha sacado a la luz los contratos opacos de patrocinio de los que se valió el Canal de Isabel II para destinar 5,4 millonesa medios de comunicación afines: La Razón, que obtuvo por esa vía 3,5 millones; ABC, a la que la empresa de aguas que durante una década operó como feudo absoluto de Ignacio González asignó 1,5 millones; La Gaceta (375.000 euros) e Intereconomía (62.500 euros). El informe analiza contratos suscritos entre enero de 2012 y el primer semestre de 2015. Su reedición quedó interrumpida en junio de 2015 tras el ascenso a la Presidencia de Madrid de Cristina Cifuentes, quien finalmente dimitió en abril de este año tras el escándalo desatado por el caso máster.
Elaborado por inspectores de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, el informe llegó a la Audiencia Nacional a finales de junio. Sus autores destacan que fueron firmados "al margen de los procedimientos de adjudicación" pública. Y que la empresa de aguas de Madrid no alcanzó sin embargo, ningún acuerdo de la misma naturaleza "con El País y El Mundo, que son medios de información general como mucha mayor tiradaEl PaísEl Mundo que los primeros".
Todos esos contratos –relata el informe– se articularon como pactos "para la difusión de las actividades medioambientales, empresarial y culturales de Canal de Isabel II SA y para informar sobre el estado de los embalses de la Comunidad".
Con importes que oscilaban entre un millón por año para La Razón y los 62.500 euros garantizados por un único semestre a IntereconomíaLa Razón, su clausulado solo obligaba en el mejor de los casos a los patrocinados a cumplir tres requisitos: publicitar cada día el estado de los embalses, difundir una noticia trimestral de carácter ambiental, una por mes de índole empresarial y otra más sobre las actividades culturales del Canal.
El informe hace constar que en los contratos con Audiovisual Española 2000 SL, empresa editora de La Razón, no existe "un compromiso de publicación de noticias a partir de un umbral mínimo de cobertura de frecuencia diaria, mensual o trimestral".
El doble papel de Rodríguez Sobrino
"Se da la circunstancia –dice el informe– de que Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de Audiovisual Española 2000 SA, fue también presidente de Inassa y es objeto de investigación en el procedimiento judicial del caso Lezo". Las oscuras operaciones de la empresa colombiana Inassa, cabeza de puente del Canal de Isabel II en Latinoamérica, centran una de las principales líneas de investigación en Lezo.
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Hacienda, que se refiere a estos acuerdos opacos como convenios o contratos de manera indistinta, preguntó al Canal de Isabel II qué norma se había aplicado para su firma.
La respuesta aparece reflejada en el acta levantada tras una visita de los inspectores a la empresa pública, igualmente incorporada al sumario de Lezo. "En relación con la solicitud de aclaración sobre la existencia o no de algún criterio o instrucción establecido por el Grupo empresarial del Canal para la selección de las empresas a las que se patrocina y la elección de las entidades encargadas de la publicidad y propaganda, el representante de la entidad manifiesta que las empresas encargadas de las campañas de publicidad son seleccionadas mediante procedimiento de contratación pública a petición del servicio y supervisados, como en el resto de la empresa, por la Subdirección de Contratación. En relación con el patrocinio, el criterio de selección de las empresas no sigue este procedimiento".
Un informe de Hacienda incorporado al sumario de la Operación Lezo ha sacado a la luz los contratos opacos de patrocinio de los que se valió el Canal de Isabel II para destinar 5,4 millonesa medios de comunicación afines: La Razón, que obtuvo por esa vía 3,5 millones; ABC, a la que la empresa de aguas que durante una década operó como feudo absoluto de Ignacio González asignó 1,5 millones; La Gaceta (375.000 euros) e Intereconomía (62.500 euros). El informe analiza contratos suscritos entre enero de 2012 y el primer semestre de 2015. Su reedición quedó interrumpida en junio de 2015 tras el ascenso a la Presidencia de Madrid de Cristina Cifuentes, quien finalmente dimitió en abril de este año tras el escándalo desatado por el caso máster.