Hacienda le embarga al juez Serrano su bufete, bienes y cuentas para recuperar dinero de la ayuda pública dilapidada

La Agencia Tributaria ha acordado el embargo de dinero en cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y participaciones sociales a Francisco Serrano para intentar la recuperación de dinero de una ayuda pública de 2,48 millones de euros. Los fondos que persigue Hacienda salieron de un préstamo reintegrable por el que el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía está investigado por posible fraude de subvenciones.

La medida cautelar, que fue adoptada el 17 de septiembre de 2020 y a la que Serrano se opone, supone el “embargo preventivo y limitado a 1.017.748,33 euros” de saldos en cuentas, participaciones sociales, fincas urbanas y rendimientos percibidos por el exparlamentario andaluz. Esa cantidad es resultado de sumar la responsabilidad atribuida por Hacienda a Serrano, 848.123,61, más un recargo de 169.624,72. La medida no garantiza la obtención de los 1.017.748,33 euros pretendidos, ya que el actual valor de lo embargado es mucho menor. 

Serrano, por su parte, niega cualquier irregularidad y reclama el fin de la actuación dado que los hechos están bajo investigación judicial [ver aquí el dosier completo del caso, desvelado por infoLibre].

Los bienes encontrados

El embargo, sobre el que ni la Agencia Tributaria ni Serrano aclaran a este periódico si sigue vigente a día de hoy, tiene su origen en la responsabilidad atribuida por Hacienda al político por la deuda de la empresa Bio Wood Niebla con el Estado, ya que dicha empresa cobró un préstamo de 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria en 2016 que no ha devuelto ni ha servido para la construcción de la fábrica de biocombustible en Niebla (Huelva) para la que fue concedida.

Con el fin de cubrir parte de la deuda generada, la Agencia Tributaria lleva a cabo un análisis de la "situación patrimonial" de Serrano, al que en 2019 le atribuye unas retribuciones de 73.485,55 euros, provenientes casi en un 100% del Parlamento de Andalucía. El dato de 2020 no aparece.

¿Qué le ha encontrado Hacienda a Serrano? La Delegación Especial de Andalucía responsable de la investigación le detecta un 89,07% del capital de la sociedad Despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos, de la que Serrano tiene 5.344 participaciones –con un valor de 5.344 euros– y que en 2019 tuvo una cifra de negocios declarada de 186.423,14 euros. El porcentaje restante del despacho es de su hija, según recoge el acuerdo de la Agencia Tributaria.

Serrano figura igualmente como titular de dos cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2019. El saldo al cierre de aquel ejercicio era de 28.782,08 euros, según figura en el acuerdo de medidas cautelares. Tampoco aparece el dato actualizado. 

El dos veces candidato de Vox consta además como titular del 50% de dos bienes inmuebles, concretamente dos fincas urbanas, una residencial en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con un valor catastral de 55.729,12 euros y un valor de mercado de 139.378,07, y una "planta sótano" en Sevilla, cuyo valor catastral o de mercado no figuran especificados en el documento. A Serrano le corresponde la mitad del valor del bien inmueble de Sanlúcar, 27.864,56 euros, y la mitad también del situado en Sevilla. La finca urbana situada en Sanlúcar está gravada con una hipoteca en garantía de un préstamo de 65.000 euros.

Además, Serrano liquidó en marzo de 2017 el régimen económico matrimonial, con lo que pasaron a ser titularidad privativa de su esposa otros dos inmuebles, uno en Sanlúcar con un valor catastral de 42.791,13 euros y otro en Sevilla con un valor catastral de 66.810,70. Serrano dispone del 100% del usufructo de este último. 

Operaciones de transmisión

El acuerdo de medidas cautelares destaca que Serrano “ha protagonizado con anterioridad operaciones de transmisión a su cónyuge”. ¿A qué se refiere? Hacienda detalla que, antes de su desvinculación de Bio Wood Niebla, Serrano procedió, el 27 de marzo de 2017, a la liquidación de la comunidad conyugal y de cualquier régimen económico matrimonial, de forma que parte de los bienes inmuebles titularidad del matrimonio pasaron a ser propiedad de su esposa. No obstante, la Agencia Tributaria aún le atribuye al dos veces candidato de Vox el 50% de dos fincas rústicas, una en Sevilla y otra en Sanlúcar de Barrameda, de las que establece el embargo cautelar. La Agencia también recoge que el 8 de octubre de 2018 le fue transferido a su hija o al despacho que Serrano comparte con su hija –la redacción de la Agencia Tributaria no lo deja claro– un vehículo Mercedes, que hasta esa fecha estaba matriculado a nombre de Serrano. Hacienda añade que Serrano, que salió del entramado empresarial vinculado a la ayuda en octubre de 2017, participó en la "despatrimonialización" de Bio Wood Niebla, la sociedad que percibió la ayuda del Ministerio de Industria. Con todos esos antecedentes, afirma: "Es imprescindible que se adopten medidas cautelares".

El acuerdo cita el artículo 81.6 de la Ley General Tributaria, que establece que “los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción”, salvo que se den supuestos como que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción o que, a solicitud del interesado, se acuerde su sustitución por otra garantía, entre otras posibilidades.

La medida cautelar

La medida cautelar afecta en primer lugar a los saldos bancarios que suman 28.782,08 euros, entre ellos los que se encuentran en dos cuentas, especificadas "a título indicativo", una en el Santander, en Sevilla, y otra en Caixabank, en Huelva. "El embargo –señala la Agencia Tributaria–podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de bienes y derechos de los que sea titular en dichas entidades".

También afecta el embargo a su participación en su despacho, los 5.344 títulos de un euro cada uno, así como a "cualquier otra participación social que pueda haber adquirido con posterioridad".

Además,  cubre el pleno dominio de las dos fincas urbanas, en Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda, de las que Serrano es propietario del 50%.

Todo ello figura en el acuerdo de adopción de medidas cautelares de la Agencia Tributaria, de 17 de septiembre de 2020, al que este periódico ha tenido acceso a través de la documentación del caso de posible fraude de subvenciones.

El embargo preventivo, establecido para alcanzar un máximo de 1.017.748,33 euros, también abarca los ingresos abonados por el Parlamento de Andalucía, si bien el acuerdo es de 17 de septiembre y Serrano dimitió como parlamentario el 1 de septiembre, acorralado por este este caso. Un experto en fiscalidad consultado por este periódico señala que la medida se refiere a rendimientos posteriores al acuerdo, por lo que sólo afectaría a aquellos percibidos con posterioridad a la dimisión y no tendría efecto retroactivo. 

Balance final: el embargo afecta a bienes, saldos y derechos que suman los 28.782,08 euros de los saldos bancarios, los 27.864,56 de la mitad de la finca de Sanlúcar y los 5.344 euros de sus participaciones en el bufete legal, según el acuerdo de medidas cautelares. El resultado asciende a 61.990,64 euros, a los que habría que sumar el 50% de la finca de Sevilla cuyo valor catastral no se especifica, más lo que pueda aparecer en las cuentas bancarias, otras posibles participaciones sociales adquiridas y los hipotéticos ingresos del Parlamento de Andalucía, todo ello según el acuerdo de la Agencia Tributaria. 

Quebranto de fondos públicos con "plena conciencia"

Hacienda acusa a Serrano de haber provocado un quebranto de 1,37 millones de euros de dinero público a través de una empresa, Bio Wood Niebla, que en 2016 recibió una ayuda estatal para construir una fábrica que se quedó en proyecto. La Agencia Tributaria, en un expediente de derivación de responsabilidad tributaria iniciado en agosto de 2020, le reclama casi 850.000 euros, que es la cantidad en la que fija su responsabilidad solidaria, figura utilizada para trasladar a los administradores la deuda de las empresas con el Estado.

Hacienda tiene en cuenta que Serrano figuró en la empresa no durante todo el plazo concedido por Industria para ejecutar la inversión, sino algo menos del 74%: 642 de los 873 días totales. Esa es la cantidad, casi 850.000 euros, cuyo cobro ahora quiere garantizarse Hacienda mediante la medida cautelar del embargo. El importe total de la medida cautelar asciende a 1.017.748,33 euros porque es resultado de los los 848.123,61 y otros 169.624,72 en concepto de recargo de apremio.

La Agencia Tributaria señala en el inicio del expediente de derivación de responsabilidad cómo “gran parte” del dinero de la ayuda pública acabó en envíos a las sociedades de Serrano, préstamos a terceros, fondos de inversión, pagos con tarjeta de comidas en restaurante y viajes y “demás liberalidades de socios y administradores”. El expediente achaca a Serrano haber tenido “plena conciencia” del vaciamiento de la sociedad tras cobrar la ayuda de 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria. “Es indiscutible el conocimiento cabal” de los hechos por parte de Serrano, según la Agencia Tributaria, “debido a su condición de socio, administrador y autorizado en las cuentas”.

Riesgo de impago

Con posterioridad al inicio del expediente, la Agencia Tributaria acordó el 17 de septiembre de 2020 la adopción de medidas cautelares contra Serrano para “garantizar el pago" de la deuda de Bio Wood Niebla. Esta deuda supera los 3 millones, concretamente 3.010.190,2 euros, ya que incluye un recargo de más de 500.000 euros, lo que eleva la cuantía con respecto al préstamo original entregado por el ministerio (2,48 millones).

La Agencia Tributaria, en dicho acuerdo de medidas cautelares, recoge la existencia de un “riesgo de impago de la deuda”, ya que ha intentado siempre eludir la devolución, lo que se considera “ausencia de voluntad de pago”. La Agencia censura la “alevosía” de prácticas como la concesión de préstamos a terceros con el dinero de la ayuda, la realización de gastos que son “meras liberalidades", así como “el falseamiento contumaz y reiterado del capital y los bienes aportados” a la sociedad [en el dosier del caso hay informaciones en detalle sobre estas actuaciones].

Añade la Agencia: “Es razonable pensar que una vez que se le generen deudas a Francisco Serrano, por la vía de la declaración de la responsabilidad solidaria, puedan llevarse a cabo nuevas actuaciones de vaciamiento patrimonial fraudulento para situar sus bienes y facturación a nombre de otros titulares formales, de terceros adquirentes de buena fe, o en forma líquida de más fácil ocultación o movilización, frustrándose de esta manera cualquier actuación tendente al cobro”.

La posición de Serrano

El afectado solicitó el 26 de octubre de 2020 el archivo del procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria en el que se enmarca el embargo preventivo, según las alegaciones a las que ha tenido acceso este periódico a través de la documentación del caso. El afectado alega no haber obtenido lucro ni beneficio alguno a través del proyecto investigado. El juez es insistente en su desvinculación de las posibles irregularidades.

Requerido por infoLibre, no aclara si el embargo preventivo de sus bienes sigue vigente a día de hoy. No obstante, en un escrito de 8 de febrero de este año dirigido al juzgado 16 de Sevilla, que instruye el caso, el investigado sí hace referencia expresa a la existencia de un “embargo de todos los bienes, derechos y cuentas” de su propiedad. En dicho escrito, Serrano se oponía a la solicitud medidas cautelares contra él realizada por Rubén Sánchez, vicepresidente de Facua, que ejerce la acusación popular. Tal medida resulta "absolutamente innecesaria pues [...] la Agencia Tributaria, en procedimiento de derivación de responsabilidad, ha dispuesto el embargo de todos los bienes derechos y cuentas corrientes de D. Francisco Serrano”, señala el escrito de su defensa. Este escrito apunta a que al menos el 8 de febrero la medida cautelar del embargo seguía vigente.

Las alegaciones de Serrano, a las que ha tenido acceso este periódico a través del sumario, señalan que la Agencia Tributaria ha "construido" de forma "artificiosa" una responsabilidad del investigado, que se declara ajeno al quebranto de 1,37 millones que la atribuye Hacienda. No ha tenido –asegura– "ninguna intervención en la gestión, administración y disposición de los fondos percibidos por el Ministerio de Industria".

El dos veces candidato de Vox afirma que el caso por el que Hacienda le reclama el dinero coincide con el que es objeto de una instrucción penal en el juzgado 16 de Sevilla, por lo que existe una "prejudicialidad penal que determinaría la paralización del procedimiento administrativo", tesis para la que invoca la Ley de Enjuiciamiento Criminal y cita doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas.

Serrano recalca que se le están imponiendo "nuevas obligaciones" administrativas sobre la base de "un relato histórico que se encuentra sub iudice por la jurisdicción penal". Sin presuponer el resultado final, el mismo experto en fiscalidad, conocedor de múltiples expedientes similares, apunta a la posible aplicación que el artículo 308.7 del Código Penal, que establece que la existencia de un procedimiento penal no impide que Hacienda pueda exigir el reintegro de una subvención. No obstante, añade, el juez instructor podría acordar la suspensión del expediente. Serrano aún no ha tenido oportunidad de declarar ante el instructor del caso.

El investigado señala que su presencia en el proyecto fue "meramente formal" y que, "lejos de beneficiarse en modo alguno de cualquier cantidad económica" procedente del préstamo, financió con su trabajo los gastos generados por tal proyecto. Según sus alegaciones, "la mera posición como administrador en una sociedad no determina la existencia de responsabilidad". Además, afirma que "no puede considerarse que los traspasos" desde Bio Wood Niebla en favor de una segunda empresa de su titularidad, Proyectos e Inversiones Serralba, "fueran en beneficio" propio, ya que Serrano "se desvinculó de tales sociedades sin recibir compensación económica alguna". El dos veces candidato de Vox señala que, de los 2,48 millones a los que ascendía la ayuda de industria, "únicamente 61.968,40 euros se transfieren, supuestamente, al entorno" de Serrano. De esas cantidades, continúa, "únicamente" van a una segunda empresa, Proyectos e Inversiones Serralba, 34.000 euros procedentes de la ayuda pública.

Serrano señala que los gastos originados por el proyecto de Bio Wood para la sociedad Proyectos e Inversiones Serralba fueron superiores tanto estos 34.000 euros. Se trata, según Serrano, de disposiciones de dinero "ridículas" en comparación con el importe de la ayuda, de 2,48 millones, y de la responsabilidad exigida al político, que asegura que "perdió dinero".

En cuanto al préstamo pagado, supuestamente con dinero de la ayuda pública, al promotor Manuel Gavira, Serrano alega que el mismo fue realizado "a espaldas" de él, responsabilizando a su exsocio Enrique Pelegrín, que no responde a las preguntas de este periódico. Las alegaciones también se refieren al millón de euros enviado a Pellex Energía, otra empresa del grupo con sede en Extremadura. Dicha entidad, según Serrano, "había de ser instrumental respecto de la realización del proyecto objeto de la ayuda pública", por lo que el ingreso a la misma de dinero procedente de la ayuda "no sería causa de quebranto patrimonial alguno".

El que fuera juez estrella de Vox centra la responsabilidad de las posibles irregularidades a su exsocio Enrique Pelegrín y afirma que actuó siempre "bajo la confianza" de que las máquinas con las que se constituyó la sociedad Bio Wood Niebla realmente existían, cosa que no era así. 

Nota:

Un testigo implica al juez Serrano en el envío a un fondo de inversión de dinero de una ayuda pública de 2,4 millones

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El texto publicado originalmente el 3/3/2021 a las 6.00 horas decía en el décimo párrafo: "La Agencia también recoge que el 8 de octubre de 2018 le fue transferido a su hija un vehículo Mercedes, que hasta esa fecha estaba matriculado a nombre de Serrano".

Dicha frase fue modificada el 5/3/2021, a las 14.28 horas, para dejarla con su actual redacción: "La Agencia también recoge que el 8 de octubre de 2018 le fue transferido a su hija o al despacho que Serrano comparte con su hija –la redacción de la Agencia Tributaria no lo deja claro– un vehículo Mercedes, que hasta esa fecha estaba matriculado a nombre de Serrano".

El motivo de la modificación es la ambigüedad detectada en la redacción del acuerdo de adopción de medidas cautelares de la Agencia Tributaria al que se refiere la frase, que señala lo siguiente: "De igual forma con fecha 28.03.2018 [Serrano] constituyó la sociedad DESPACHO SERRANO ABOG SERV JURIDICO SLP, con NIF [...], en la que participa al 90% y es su administrador, siendo el otro 10% titularidad de su hija [...], que es la principal empleada de esta compañía. Con fecha 08.10.2018 se la transfiera vehículo turismo Mercedes E/220 hasta esa fecha matriculado a nombre de Francisco Serrano".